Los independentistas lanzan una estrategia internacional para doblegar España

El independentismo catalán retoma sus viejas estrategias y comienza una etapa que quiere ser definitiva para internacionalizar el conflicto. De hecho, esta estrategia es la que se había implementado ya en la última fase del ‘procés’ antes del polémico referéndum del 1 de octubre: armar revuelo internacional para implicar a más actores y que el Gobierno español fuese reprendido por algún país o algún organismo internacional. Ahora, esa estrategia se ha reactivado no solo con la presentación de una denuncia ante la ONU, sino con la presentación, por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, de una denuncia contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pueda investir a distancia a Carles Puigdemont.

No hay que olvidar que en el segundo punto de los acuerdos suscritos (casi en secreto) entre Junts per Catalunya (JxCAT), ERC y la CUP figura la “internacionalización de la república”, lo que da una idea de la importancia que tiene la cuestión internacional en la ruptura con España. Todos los agentes soberanistas intervinientes en la política catalana están de acuerdo. La propia Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuya actividad se revitalizará en las próximas semanas, mantiene en la hoja de ruta que aprobará próximamente la movilización con equipos o entidades de trabajo jurídico para “recuperar las instituciones catalanas con el fin de contrarrestar los daños causados por la aplicación del artículo 155”, para la liberación de los presos y para “internacionalizar la anormalidad democrática que supone que el voto de unos ciudadanos europeos no se pueda materializar en un Govern legítimo por impedimentos políticos absolutamente ilegales que atentan contra la normalidad judicial y los derechos fundamentales más básicos”.

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En esa misma hoja de ruta se especifica que se ha de trabajar para conseguir “el máximo apoyo internacional para que se reconozca el derecho a la autodeterminación ejercido por el pueblo catalán el 1 de octubre y la república catalana proclamada el 27 de octubre”. Una de las vertientes de esta estrategia es “iniciar contactos con otras entidades y actores para interponer denuncias en los tribunales nacionales e internacionales para cada una de las injerencias o ataques recibidos por el Estado y acompañarlos de campañas mediáticas que los difundan”.

En esa estrategia se incardina la presentación de una demanda ante la ONU por parte del abogado británico Ben Emmerson contra la prisión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los independentistas sabían lo que hacían: fueron a contratar al abogado que es relator especial de la ONU para los derechos humanos. Por tanto, presentó la denuncia ante sus propios compañeros. El grupo de trabajo que recibió la denuncia tiene como misión investigar casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o de forma incompatible con las normas internacionales, así como “buscar y recibir información de gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y recibir información de las personas interesadas, sus familias o sus representantes”.

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También es su misión adoptar medidas sobre la información que se le haya presentado respecto de presuntos casos de detención arbitraria “mediante el envío de llamamientos urgentes y comunicaciones a los gobiernos interesados para aclarar estos casos”. Por otra parte, puede “realizar misiones sobre el terreno”, pero con invitación “del Gobierno” para cerciorarse de las denuncias. Por último, puede “formular deliberaciones sobre cuestiones de carácter general a fin de ayudar a los stados a prevenir y proteger contra la práctica de la privación arbitraria de la libertad y facilitar el examen de casos futuros”.

Fuera de ello, no tiene ningún carácter ejecutivo ni vinculante. Por tanto, lo que diga el grupo de trabajo es casi irrelevante. La nueva acción internacional promovida por Roger Torrent no deja de ser otro brindis al sol y más una acción de imagen que una efectiva iniciativa jurídica: apelar al Tribunal de Derechos Humanos por la investidura de Puigdemont (jurídicamente, un huido de la Justicia española) no parece muy sólido. Para más inri, los socios de JxCAT acusaron a Torrent de no haber consultado con Puigdemont esta iniciativa. “Hemos recibido con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal de Estrasburgo de manera unilateral y arbitraria la defensa de los derechos de investidura del presidente Puigdemont. Es una decisión que no debería haberse hecho de manera unilateral, porque choca frontalmente con la estrategia de legítima defensa”, criticó Eduard Pujol, portavoz adjunto de JxCAT, en una diatriba que evidencia la insana guerra fratricida entre los partidos independentistas. Torrent terminó detallando que había comunicado su intención a Josep Costa, diputado de JxCAT y vicepresidente del propio Parlament.

¡Faltan informes!

Pero estas maniobras son un síntoma de la proyección internacional que se le quiere dar al conflicto catalán, que apenas tiene eco en la alta política mundial. Un documento de Endavant, la facción dura de la CUP, revisado y fechado el pasado mes de diciembre, que lleva por título ‘El minotauro del 78’, advierte que “quiere ser también herramienta para la internacionalización del conflicto que se vive en Cataluña”. Y señalaba después que “tiene por objetivo construir un material para internacionalizar el conflicto político en el Principado de Cataluña desde una perspectiva amplia de la represión del Estado español”. Más claro, agua.

También señala el escrito que “el hecho de que no haya materiales que recojan la violencia del Estado desde una perspectiva amplia tanto en lo referente al tiempo como a los tipos de acciones complica la tarea imprescindible de internacionalización del conflicto desde una perspectiva de los derechos humanos”. Sin embargo, desde hace varios meses, se han promovido estudios sobre la “violencia del Estado español” tanto desde instituciones privadas como desde la propia Administración. En este sentido, el propio Ayuntamiento de Barcelona promovió un estudio sobre la “violencia policial” del 1 de octubre donde recoge datos e incluso rumores que en diversas reuniones oficiales ha ido trasladando a organismos internacionales, desde instituciones europeas a la ONU.

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Ese informe fue entregado por el teniente de alcaldía, Jaume Asens (que precisamente lo había alentado y encargado a un grupo de amigos suyos), al vicepresidente del Parlamento Europeo, Dimitrios Papadimoulis, y a diversos eurodiputados. Ese informe, que recogía rumores como si fuesen datos contrastados, también fue enviado a la ONU. Otro reciente informe impulsado por círculos radicales especifica 139 actos violentos de ‘españolistas’ contra pacíficos ciudadanos catalanes (independentistas) entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre. Este informe trata de demostrar “el clima de tensión y violencia contra el independentismo” y sus autores aseguran que no han incluido cientos de casos por no poder cerciorarse de su motivación política o porque estaban fuera de las fechas señaladas.

Claro que ese informe comienza con un caso peculiar: la diputada Mireia Boya “tuvo que cerrar su casa rural en la Vall d’Aran por las amenazas recibidas”. Resulta que Boya se ‘olvidó’ de que tenía un hotel rural en su declaración de bienes ante el Parlament, haciendo constar que tenía un terreno rústico de 3.000 euros de valor. Cuando se hizo pública su mentira, le llovieron críticas de todos lados. Luego, presentó denuncia ante los Mossos por amenazas graves e insultos “por su condición de mujer y de independentista”.

Desde la ANC, por otro lado, enfatizan que “es preciso denunciar internacionalmente a la Justicia española que, atizada por el PP, crea ‘casos’ y ‘causas generales’ para multar y encarcelar indiscriminadamente a los independentistas, en un ataque que lo es a todos los demócratas”. Pero también en la hoja de ruta que prepara se subraya que “la ANC ha de iniciar una campaña con el foco puesto sobre las instituciones europeas, los gobiernos de los estados miembros y su opinión pública, y el conjunto de la comunidad internacional y sus instituciones para poner en evidencia al Estado español, a su totalitarismo y sus graves carencias democráticas, y hacerlo entrar en contradicción permanente a ojos internacionales y en los parámetros económicos globales”.

Para ello, se dará prioridad a cuatro clases de iniciativas políticas: primero, establecer vínculos con los pueblos y organizaciones sociales de la UE para identificar apoyos y “ser propositivos en la oferta del papel que puede jugar Cataluña como aliada”; en segundo lugar, “seguir con la línea de difundir en los medios de comunicación internacionales la situación y las aspiraciones de Cataluña”; en tercer lugar, “constituir una red de fuerzas políticas y sociales de Europa favorables a la Europa de las naciones y los pueblos”, y en cuarto lugar, poner énfasis “en el papel de las asambleas exteriores como voz organizada en el exterior de la voluntad del pueblo de Cataluña”.

Cuestionar a la UE

Uno de los primeros contratiempos que han cosechado es la pasividad de la UE. En realidad, la fuga a Bélgica de Puigdemont era una baza importante para trasladar el conflicto catalán a Europa y hacer que las instituciones comunitarias se interesasen más por el tema. Pero no ha sido así. Por tanto, ahora se impone como prioridad “que no pueda seguir vigente la inhibición de la UE [que lo relega a un problema interno del Estado español] de todas las demandas de la sociedad catalana, entre ellas el reconocimiento internacional de la nueva república. La protección entre los estados socios de la UE ha de tener como límite la vulneración de los derechos fundamentales a los propios ciudadanos por parte de los mismos estados socios”.

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La CUP, no obstante, es partidaria de una línea más dura, ya apuntada incluso en alguna ocasión por el propio Puigdemont: quiere una “estrategia internacional alternativa que parta de la base del cuestionamiento de la UE, que padece una crisis importante de legitimidad en Cataluña a causa del apoyo incondicional que le ha prestado al Estado español en su estrategia represiva, y que busque la construcción de unas relaciones internacionales alternativas basadas en el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad y la fraternidad”.

Al margen, el independentismo va haciendo guiños internacionales para sumar apoyos. La Fundación Llibertat i Democràcia, dependiente del PDeCAT, otorgó su principal premio esta semana (el Memorial Ramon Trias Fargas) a Miodrag Vlahovic, el negociador del referéndum de independencia pactado por Montenegro, el último Estado balcánico en constituirse como república independiente. En realidad, Vlahodic era el ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro en 2006, cuando los montenegrinos decidieron en referéndum desprenderse de Serbia. El premio concedido lo es por ser “uno de los políticos liberales de referencia de los Balcanes y por su defensa de la democracia, el Estado de derecho y el europeísmo".