El Estado teme no poder evitar la investidura de Puigdemont (y el embrollo posterior)

Carles Puigdemont se niega a dar un paso a un lado como pretenden destacados sectores de su propio partido y de ERC y, al tiempo, intenta eludir y dificultar el interés y el objetivo del Estado por evitar su investidura como 'president' de la Generalitat. Entendiendo como Estado el Gobierno central, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y otras instituciones.

Ese objetivo del Estado pasaba por lograr que el Gobierno recurriera ante el Tribunal Constitucional el formato del debate de investidura y, especialmente, el acuerdo de la Mesa del Parlament por el que se permitiría una investidura no presencial y el voto delegado de los cinco diputados fugados. Esa estrategia era complementaria del interés de un sector del independentismo que creía que la suspensión del debate por el Constitucional, como respuesta automática al recurso del Gobierno, debía significar una sustitución de Puigdemont para empezar una nueva etapa del soberanismo.

Pero Puigdemont se ha rebelado contra esa opción y, por eso, ha retirado su petición de voto delegado. De esa forma, el Constitucional no puede suspender ningún acuerdo concreto de la Mesa hasta llegar al debate de investidura, que debe celebrarse el 31 de enero como muy tarde. Por eso, el diputado de Ciudadanos en el Parlament Carlos Carrizosa ha alertado este martes de que los grupos independentistas pretenden "dejar sin margen de maniobra" a los partidos de la oposición para evitar que puedan recurrir la delegación del voto de los diputados en Bélgica ante el Tribunal Constitucional.

Lo previsible es que en las próximas horas algunos de los diputados fugados renuncien a sus escaños, hasta asegurar la investidura con los votos de los independentistas presentes, de los tres presos —dos, después de que Joaquim Forn siguiera ayer el camino de Carles Mundó y renunciara a su acta para poder defenderse mejor e intentar salir de la cárcel— y de los nuevos parlamentarios que tomarían posesión de sus actas en los próximos días. Pueden permitirse mantener en Bruselas a dos diputados para preservar los 68 escaños de la mayoría absoluta.

Fuentes del Gobierno y del Constitucional admiten las dificultades para actuar una vez que se ponga en marcha el pleno de investidura y sobre la marcha se acepte una investidura no presencial, con un portavoz o de forma telemática, y se acepte su voto delegado. Ese recurso deberá ser inmediato, con dificultades según el Constitucional. Y puede llegarse al embrollo legal de que haya recurso y suspensión, una vez que se haya votado la investidura, suspendiendo la toma de posesión. En esa situación, el independentismo podrá esgrimir el victimismo del ataque a su legitimidad. El 155 solo deja de estar en vigor cuando tome posesión todo el nuevo Govern.

Esas fuentes lamentan que el Estado tenga que ir a remolque de los movimientos de Puigdemont, y siempre que se va a remolque se actúa una jugada después. Ya ocurrió algo parecido el lunes cuando la Fiscalía pidió que se activara la euroorden para evitar la investidura y el juez del Tribunal Supremo la rechazó e hizo lo contrario pese a tener el mismo objetivo. El juez Pablo Llarena lo hizo con argumentos insólitos en un auto judicial para intentar desmontar la treta de Puigdemont y buscando evitar "lo que no conviene". Y el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, hasta hace bien poco compañero en la sala segunda del Supremo de Llarena, mantuvo antes lo contrario en su petición al juez.

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A. Fernández. Barcelona

Fuentes del Gobierno admiten que los movimientos de Puigdemont les provocan literalmente insomnio, entre otras cosas por falta de información previa sobre sus intenciones. Ya ocurrió antes del 1 de octubre, cuando el Gobierno aseguraba que no habría urnas y las hubo por toda Cataluña; cuando dijo que no habría mayoría absoluta independentista y, mas recientemente, cuando desde La Moncloa se felicitó del tono y el discurso de Roger Torrent, nuevo presidente del Parlament. Y cuando en los últimos días ha apoyado por igual la petición del fiscal y la decisión del juez sobre la euroorden, aunque sean contradictorias.

Esa situación la describió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en Antena 3, al confirmar que han diseñado "un dispositivo" para que Puigdemont no pueda presentarse en el Parlament y asegurar: "Vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche". Zoido llegó a mencionar la posibilidad de que se presente montado en un ultraligero.