El PSC tacha de "desproporcionado" el envío a prisión de Junqueras y siete 'exconsellers'

Ya ocurrió algo semejante cuando la misma jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a prisión a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El PSC, y en particular el primer secretario, Miquel Iceta, expresó su malestar por la medida cautelar, y el PSOE manifestó su respeto. Ahora el impacto es mayor, pero el fondo es el mismo. Los socialistas catalanes consideran "desproporcionada" la cárcel provisional y sin fianza decretada este jueves por la magistrada para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras y para siete de los 'exconsellers' del Govern depuesto. Santi Vila, responsable de Empresa hasta su dimisión pocas horas antes de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia, ingresa en prisión hasta que deposite una caución de 50.000 euros. El PSOE, en cambio, prefirió no decir palabra.

En este caso, el PSC subraya su disconformidad con la decisión de Lamela a través de un comunicado, y no vía tuit de Iceta. "Tal como ya hicimos con motivo de la medida cautelar de prisión dictada contra Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, también consideramos que en este caso la medida cautelar de prisión incondicional para los miembros del anterior Gobierno de la Generalitat, que se han presentado ante la justicia, instada por el fiscal y acordada por la jueza, es desproporcionada".

Iceta retuiteó el comunicado del PSC desde su cuenta personal, y la adjunta al primer secretario, Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, singularizaba su rechazo a la resolución judicial en Meritxell Borràs, extitular de Gobernación: "Pese a no coincidir en el proyecto político que defiende, no debería estar en prisión", escribió. Más tarde insistió en que "medidas tan extremas no son la solución". Después se sumaron el 'expresident' y senador José Montilla, y el segundo teniente de alcaldía de Barcelona y secretario de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, ambos en la misma línea: medidas respetables pero "totalmente desproporcionadas" que "alejan la solución" al conflicto.

La dirección del partido expresa por tanto su malestar con el auto (aquí en PDF) después de afirmar que respeta la independencia judicial y acata las resoluciones emanadas de los tribunales. Pero también inciden en que "nunca se debería haber llegado a esta situación". "Como siempre hemos dicho, los problemas políticos requieren de soluciones políticas", apunta el comunicado.

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"Un día triste"

A continuación, el PSC carga contra el ya 'expresident' de la Generalitat y con su decisión de refugiarse en Bélgica y no comparecer este jueves ante la jueza por considerar que no hay "garantías" para un juicio justo. Esa huida ha servido de argumento para la magistrada, precisamente, a la hora de justificar la prisión comunicada y sin fianza para Junqueras y siete 'exconsellers'.

El PSC subraya que el 'expresident' ha puesto "en peligro" las instituciones de Cataluña, y su huida a Bélgica "tampoco ha sido una decisión acertada"

"Aunque lo advertimos desde el inicio de la legislatura y hasta el último minuto, el señor [Carles] Puigdemont, al optar por situarse fuera de la legalidad y por seguir una vía unilateral, ha puesto en peligro nuestras instituciones de autogobierno y se ha hecho objeto de actuaciones judiciales. Su presencia en Bruselas y la negativa a comparecer hoy tampoco han sido, en este sentido, decisiones acertadas".

Los socialistas catalanes concluyen que este 2 de noviembre es "un día triste para Cataluña y para España". "Seguiremos trabajando para recuperar la cordura y la vía del diálogo, la negociación y el pacto dentro del marco del Estado de derecho".

Igual que con 'los Jordis'

Desde Ferraz, mutismo. "El PSOE no comenta las decisiones judiciales", informaban fuentes socialistas al poco de producirse la noticia. Después lo expresó Óscar Puente, portavoz de la ejecutiva federal, en RNE: "La Justicia hace un juicio desde los hechos. El PSOE respeta el Estado de derecho y jamás hará valoraciones sobre la Justicia". "La política a la política, y los jueces a la justicia", resumió. La prisión para el Govern cesado entraba "dentro de lo posible", dijo, pero su partido no quiere "poner ningún otro apellido" al respecto a la acción de la Justicia. "El barco tiene un rumbo y va a seguir con él", añadió Puente sobre la posición de su partido, convencido de que más allá de posturas y decisiones particulares de miembros de ambas formaciones, PSOE y PSC mantienen en este momento una "posición común absolutamente coincidente" para afrontar la crisis catalana, informa EFE. De hecho, en el entorno de Iceta no querían salirse ni una coma del comunicado oficial.

Puente sostuvo que es un "profundo error" hacer lecturas políticas de decisiones jurídicas, ya que los partidos deben concentrarse en su función. También el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, muy próximo a Ferraz ahora, avaló este planteamiento.

Era la reacción previsible. Cuando Lamela envió a prisión a 'los Jordis', Pedro Sánchez ya advirtió de que su partido no criticaría la medida. Es más, subrayó que España es un Estado de derecho en el que hay "separación de poderes". "Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE, ni me pronuncio sobre las decisiones judiciales que me gustan más ni sobre las que me gustan menos. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer en el día de hoy. Las decisiones judiciales corresponden al ámbito judicial, y a la política, las decisiones políticas", indicó al día siguiente del auto de la magistrada, en unas declaraciones desde Galicia. Sus colaboradores, en aquella ocasión, ya decían que había que ser "comprensivos" con el PSC porque es quien está en primera línea de frente, pero añadían que los pasos de los independentistas tendrían sus consecuencias judiciales imparables.

El PSOE, a diferencia del PSC, evita comentar nada. Sánchez ya advirtió de que su partido no hablaría de decisiones judiciales, gustasen más o menos

Esa actitud se repitió el pasado lunes. Tras la reunión de la ejecutiva, compareció su portavoz, Óscar Puente, quien tampoco quiso hacer comentario alguno sobre la petición de la Fiscalía de que se investigase al Govern cesado y a la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación. "Es una cuestión en la que la política no tiene que entrar. El Ministerio Fiscal es quien decide si se tiene que actuar o no, y su decisión será sometida al correspondiente control jurisdiccional". El también alcalde de Valladolid reiteró que el PSOE no se pronuncia sobre decisiones de la Justicia "ni cuando le gustan, ni cuando no".

Este jueves, la cúpula de Sánchez se aferraba a ese mismo criterio. El de "no comentar" nada sobre la decisión de Lamela y no ahondar en las distintas lecturas con el PSC. De hecho, las dos direcciones habían conversado tras conocerse la resolución, según aseguraron las dos partes a este diario.

No era un día fácil para los socialistas. Por la tarde, también se desencadenó la dimisión de Jordi Ballart como alcalde de Terrassa, cuarta ciudad catalana, en protesta tanto por la aplicación del 155 como por la cárcel para el depuesto Ejecutivo catalán. Una decisión, dijo Puente en RNE, "perfectamente legítima".

Los miembros del Govern afectados son, aparte de Junqueras, los 'exconsellers' Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia). Con el 'expresident' Carles Puigdemont permanecen en Bélgica los extitulares de Salud Toni Comín; de Enseñanza Clara Ponsatí; de Cultura Lluís Puig, y de Agricultura Meritxell Serret, para quienes la Fiscalía pide a la magistrada de la Audiencia Nacional que ordene su detención a las autoridades de aquel país. Lamela decidirá sobre ellos cinco previsiblemente este viernes, informa EFE.