La jueza Lamela, que decidirá sobre la sedición, acaba de ser condecorada por Zoido

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tenido 'buen' ojo. Pocos días antes de que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se hiciera cargo de la investigación por el delito de sedición de los promotores del referéndum independentista de Cataluña, el ministro ordenó entregar la medalla al mérito policial a la magistrada, que se encargará de dirimir el conflicto político y social más espinoso de los últimos años. La condecoración de Lamela aparece en la lista de premiados publicada por Interior que recibirán el galardón con motivo del día de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, y que no forman parte de la institución.

El caso de la sedición fue asignado a Lamela después de que le fuera entregado inicialmente por error a su compañero Ismael Moreno, dado que el objeto de la investigación se refiere a hechos ocurridos durante los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando estaba de guardia la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. En concreto, la Fiscalía presentó una denuncia para indagar la presunta comisión del delito de sedición durante los incidentes que tuvieron lugar los citados días en las manifestaciones callejeras que se produjeron después de los registros y detenciones del pasado 20 de septiembre.

En su escrito, el ministerio público apuntó directamente a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Ònmium Cultural como promotores de las acciones violentas. En concreto, atribuyó la conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones", aunque también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas", que con sus actos impulsaron movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum por la fuerza de la intimidación".

El pasado miércoles, relata la denuncia de la Fiscalía, "una muchedumbre se concentró ante los edificios registrados" para impedir que los agentes de la autoridad desempeñaran su trabajo, individuos que no pudieron ser identificados "pincharon las ruedas" de coches de la Guardia Civil, cortaron calles, colocaron cordones humanos para impedir que los agentes se llevaran a los detenidos y desencadenaron "situaciones de gran tensión". "La turba destrozó tres vehículos oficiales", añade el escrito del ministerio público, que concluye que el magistrado del Juzgado 13 de Barcelona, encargado de la operación contra la consulta ilegal, observó que la situación eran tan grave que tuvo que llamar al 'major' de los Mossos d'Esquadra para ordenarle expresamente que activara un dispositivo de seguridad adecuado. Hasta la secretaria judicial tuvo que salir de madrugada por la azotea del edificio.

Lamela, que enfrenta un enorme reto en la presente instrucción, ya tiene experiencia en llevar casos polémicos, como fue el de la agresión a los guardias civiles de Alsasua que tuvo lugar en el bar Koxka de la localidad. En este último asunto, la jueza acusó a los asaltantes de delitos de terrorismo por apalear a los funcionarios y a sus parejas, un procedimiento en el que la Fiscalía solicita penas de hasta 50 años de cárcel para cada uno de los asaltantes.

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B. Parera

No es sin embargo Lamela la única condecoración que llega en momento delicado. Entre los galardonados, además de la magistrada, se encuentran también siete miembros de los Mossos d'Esquadra. Se trata del comisario Francisco Javier Gámez Martín, adscrito a la Prefectura y recién ascendido el pasado febrero entre los 35 aspirantes que se presentaron, de los que solo pasaron ocho. Gámez ocupó puestos de responsabilidad antes del nombramiento de Josep Lluís Trapero como 'major' de la institución. Nada más aterrizar, Trapero remodeló la estructura de la corporación y dejó a Gámez en la jefatura aunque sin cargo relevante.

Junto a este comisario de la policía autonómica, el ministro Zoido también ha decidido entregar la medalla al mérito policial a otra media docena de miembros de los Mossos. Son los inspectores Ricardo F. T., Josep M. M. y Antonio R. H., los sargentos Marco Antonio J. B. y Rubén C. G. y el 'caporal' Diego G. P. A todos estos se suman los componentes de la Guardia Urbana de Barcelona Teresa P. M., intendente, y Moisés L. S., agente del cuerpo; además del subinspector jefe de la Guardia Urbana de Reus (Tarragona), Ricardo P. C., y el cabo de la Guardia Urbana de Lleida C. Q. G.