La denuncia por sedición en los disturbios de Barcelona cambia de juez

La denuncia presentada por la Fiscalía en la que se le insta a investigar la presunta comisión de delitos de sedición durante los incidentes que tuvieron lugar en las manifestaciones celebradas tras los registros y detenciones del 20 de septiembre en Barcelona ha cambiado de juez. Si bien el pasado viernes la petición del Ministerio Público correspondió, por reparto, al magistrado Ismael Moreno, este lunes ha quedado determinado que será otra magistrada, la titular del Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la que se ocupee de decidir si corresponde o no admitirla a trámite.

Lamela, que fue la instructora de la causa por la agresión de los guardia civiles de Alsasua, se encontraba de guardia los pasados días 20 y 21, cuando se produjeron los hechos. En el procedimiento por los acontecimientos del bar Koxka la jueza atribuyó a los identificados por agredir a los agentes y sus parejas delitos de terrorismo. El fiscal pide para ellos, tras finalizar la instrucción, penas de hasta 50 años de cárcel por delitos de lesiones terroristas.

El Ministerio Público presentó su denuncia el pasado viernes al ver indicios de la comisión de este delito, penado con hasta 15 años, en el comportamiento de algunos concentrados durante los últimos días. En su escrito apunta directamente a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ònmium Cultural, que promovieron, en su opinión, acciones violentas. Atribuía, en concreto, esta conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

El Ministerio Fiscal describía lo sucedido en Barcelona desde el pasado miércoles cuando "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados" para impedir a los agentes de la autoridad que desarrollaran su trabajo. Con el transcurso de las horas, individuos que no han podido ser identificados "pincharon las ruedas" de coches de la Guardia Civil, cortaron calles, colocaron cordones humanos para impedir que los agentes se llevaran a los detenidos y desencaderon, en resumen, "situaciones de gran tensión". "La turba destrozó tres vehículos oficiales", destaca.

La Fiscalía indica que este panorama provocó que el juez encargado de la operación contra el referéndum, el 13 de Barcolena, llamara por teléfono al Mayor de los Mossos para ordenarle expresamente que activara dispositivos de seguridad. La comisión judicial desplegada en distintos edificios oficiales no podía abandonarlos. El panorama en la calle era tan grave que la secretaria judicial tuvo que salir de madrugada y por una azotea, del edificio de Economía.

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo dedicaba un capítulo a los acontecimientos de la sede de la CUP y resaltaba que, en este punto, los agentes tuvieron que realizan disparos al aire para evitar el ataque a un furgón policial. También pone de manifiesto la resistencia al registro que debía practicarse y destaca que se repartieron pasquines a favor de la consulta. Reproducía, además, episodios de ataques y agresiones en la sede del PSC.