los detalles de las sanciones del tc

Así se cobrará Hacienda 192.000 euros al día en multas a los 'desobedientes'

Las cauciones se irán engrosando cada 24 horas, de lunes a domingo, salvo que 24 cargos renuncien y revoquen sus decisiones

Foto: Puigdemont y su Govern. (EFE)
Puigdemont y su Govern. (EFE)

El Estado se cobrará, a través de Hacienda, las multas diarias impuestas por el Tribunal Constitucional a 24 cargos designados por el Gobierno de Carles Puigdemont para promover el referéndum del 1 de octubre y que suman 192.000 euros al día. La cuenta atrás para que se ejecuten las sanciones comenzará horas después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la decisión, y se mantendrá mientras los multados persistan en su desobediencia a las órdenes de los magistrados.

En su parte dispositiva, el auto del tribunal de garantías explica cómo proceder, tanto para cobrar las sanciones como para dejarlas sin efecto. Fija como momento inicial de imposición de la primera multa diaria las 10:00 de la mañana del día siguiente del aviso en el BOE, y dice que estas seguirán cayendo día tras día y de forma sucesiva, a esa misma hora, de lunes a domingo.

Para hacer efectivo el cobro de la caución, los magistrados notifican su decisión al presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al que piden recurrir "incluso a la vía de apremio, si fuere necesario" para recaudar las cantidades señaladas. Es decir, o pagan o se embargarán sus cuentas o bienes. Como puntilla, la Fiscalía examinará también posibles responsabilidades penales por los actos desarrollados.

Salir de esta situación será especialmente complicado para Josep Maria Jové i Lladó y Montserrat Vidal i Roca —secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y jefa del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, respectivamente—, a los que se ha multado con 12.000 euros al día. El auto del tribunal explica que no basta con que renuncien a sus cargos electorales para detener las sanciones periódicas, sino que deben probar que han revocado cualquier resolución que hayan dictado para la preparación, ejecución y promoción del referéndum ilegal.

Esto supone clausurar el contenido de la página web ref1oct.eu., y cualquier otra de difusión del referéndum en las redes sociales, acordar el cese de toda colaboración en la campaña institucional de la consulta ilegal y, encima, dar cuenta de ello a todas las personas afectadas. Una vez revocadas todas las órdenes que hayan dado para promover el referéndum, el BOE tendrá que publicar su anulación, "tan pronto como se produzcan".

Los miembros de la Sindicatura Electoral tampoco lo tendrán fácil. Los que integran el organismo central, siete personas, deben pagar 12.000 euros, mientras que a los delegados provinciales, otros 15, se les ha impuesto 6.000 euros cada 24 horas. En su caso, basta con que justifiquen ante el tribunal las renuncias a sus cargos en las sindicaturas respectivas y deshagan todo lo hecho hasta el momento.

Aunque la decisión del TC se ha alcanzado por unanimidad, tres de los 12 magistrados han redactado votos concurrentes. Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer entienden que las multas "son de dudosa efectividad" y recuerdan que este tipo de decisiones pueden situar al Constitucional, en el marco de esta "compleja situación política", en un papel que desdibuja su naturaleza.

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