El TC multa con 12.000 euros diarios al 'dos' de Junqueras y los síndicos
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El TC multa con 12.000 euros diarios al 'dos' de Junqueras y los síndicos

Ordena por primera vez en su historia sanciones por la desobediencia a sus resoluciones

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Sede del TC en Madrid. (EFE)

El Pleno del Tribunal Constitucional ha ordenado este miércoles por primera vez en su historia la imposición de multas de 12.000 euros diarios por la desobediencia a sus resoluciones mostrada desde el Govern catalán. El número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, otra de las responsables de la administración electoral, Montserrat Vidal, y los cinco miembros de la Sindicatura Electoral, han sido sancionados por no atender las órdenes dadas por los 12 magistrados y continuar impasibles con la actividad destinada a la celebración del referéndum.

Las sanciones se mantendrán mientras "insistan" en su desobediencia a este órgano.Todos ellos tendrán la oportunidad de evitar el pago de estas sanciones si renuncian a los cargos por los que han sido multados en un plazo máximo de 24 horas desde la publicación de la decisión del TC en el Boletín Oficial del Estado. También han sido sancionados, en este caso con 6.000 euros al día, 15 síndicos provinciales.

El TC impone 12.000 € diarios de multa al número dos de Junqueras y a los juristas de la Sindicatura

El tribunal de garantías aplica -por unanimidad con tres votos concurrentes- una de las nuevas armas de las que le dotó la polémica reforma aplicada en 2015, cuando se incrementaron las cauciones ya previstas. De entre las tres nuevas respuestas ante los incumplimientos a sus resoluciones que se incluyeron en aquella norma y que jamás se han empleado, esta es la más benevolente frente a otras posibilidades más severas, como suspender preventivamente a cargos políticos —baza que el Gobierno no ha sugerido en ninguno de sus escritos— o la sustitución de funciones para obligar al cumplimiento de la ley.

En su resolución concreta que la finalidad de las multas coercitivas no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones y es por ello que sólo empezarán a imponerse a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución, que cuenta con el voto concurrente (acorde con el fallo y distinto en la argumentación) de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

La decisión se adopta de acuerdo con lo previsto en el artísulo 92.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que faculta al tribunal a imponer medidas coercitivas sin oír a las partes cuando el incumplimiento afecta a la suspensión cautelar de las normas o actos impugnados y concurren "circunstancias de especial trascendencia constitucional". El precepto añade que dicha audiencia, al fiscal y a las partes, se acordará en la misma resolución en la que se deciden las medidas coercitivas. En consecuencia, el Pleno concede al fiscal y a los dos afectados un plazo común de tres días para que informen. Recibidas las alegaciones, dictará una resolución "levantando, confirmando o modificando las multas diarias previamente adoptadas".

Procede también contra el grupo de cinco personas designadas por el Parlamento al que considera una de las piedras angulares del desarrollo del referéndum. Los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, ni siquiera han atendido en el plazo establecido de 48 horas la orden de que informaran sobre sus actos de los últimos días.

Los síndicos no sólo afrotan las multas impuestas por el TC. También la Fiscalía se ha querellado en su contra y les acusa de delitos de desobediencia, malversación y usurpación de funciones. El procedimiento penal está pendiente de admitirse a trámite por la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón. Los fiscales consideran que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, "careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen".

Con funciones análogas a las de una junta electoral de cara al referéndum anunciado para el 1 de octubre, los cinco síndicos fueron elegidos de madrugada tras 16 horas de un pleno parlamentario absolutamente irregular, en una votación en la que no participaron los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC. Con los votos de JxS y la CUP y la abstención de Catalunya Sí que es Pot, el trámite salió adelante.

La Cámara catalana les convirtió de un plumazo en un "órgano independiente, imparcial y permanente", encargado de validar el censo, las papeletas y las urnas, supervisar la campaña institucional, velar por el pluralismo en los medios de comunicación y realizar el escrutinio general, reza la ley del referéndum. Otras dos personas, Josep Costa y Eva Labarta, fueron elegidos como suplentes en esta sindicatura electoral.

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