La nueva jueza del caso Nicolás frustra otro frente contra Villarejo

La nueva jueza del caso Nicolás, Pilar Martínez Gamo, ha decidido rechazar todas las diligencias de investigación que había reclamado el equipo policial de Asuntos Internos que ejerce de comisión judicial en el procedimiento. La decisión la tomó la magistrada el pasado 14 de julio, el mismo día que decidió apartar a este grupo de agentes de la instrucción. Días antes, la jueza había denegado también al comisario Marcelino Martín Blas, antiguo jefe de Asuntos Internos —ahora jubilado— y de este grupo de agentes, la personación en la causa como acusación.

Los miembros de la comisión judicial habían solicitado rastrear en profundidad lo que avanzaban en un informe previo presentado por ellos mismos el pasado 1 de junio, en el que denunciaban que, tras rastrear la supuesta estafa cometida por el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias contra el exdirectivo del Santander Javier Martínez de la Hidalga, habían vislumbrado una posible operación de blanqueo de capitales protagonizada por el exbanquero Mario Conde y por quien fuera su vicepresidente en Banesto, Arturo Romaní, que no había sido aún investigada por la Audiencia Nacional, ni durante las pesquisas que llevó a cabo el Juzgado Central número 3 en el marco del caso Banesto —que derivó en la sentencia del Tribunal Supremo de 2002— ni en las actuales diligencias emprendidas por el juez Santiago Pedraz, que indagan la repatriación de fondos procedentes de paraísos fiscales por parte del exbanquero.

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En ese mismo informe, los policías de la comisión judicial apuntaban en concreto diferentes maniobras de compraventa y cambio en la propiedad de la finca toledana La Alamedilla, vinculada al propio Conde y al imputado en el caso Lezo y empresario Adrián de la Joya, que habrían servido para blanquear dinero. Según 'El País', que avanzó por dónde pretendían ir los investigadores, De la Joya mantuvo conexiones con el comisario José Villarejo, enfrentado a Martín Blas, para averiguar qué se estaba indagando en relación con el lujoso inmueble y evitar que se actuara contra él y, por lo tanto, contra el empresario.

En concreto, la jueza Martínez Gamo ha rechazado solicitar un mandamiento a la Tesorería General de la Social para que informe sobre las personas relacionadas con la finca; pedir un informe a la Agencia Tributaria sobre las empresas vinculadas; reclamar los movimientos bancarios de las cuentas que facilitaron las diferentes operaciones de compraventa ubicadas en el Barclays, en el Santander y en cualquier caja de ahorros; interpelar a la Dirección General de la Policía y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para que indique todas las consultas que han hecho sus miembros sobre el caso Nicolás y especifique qué funcionario en concreto las ha realizado; reclamar a Telefónica las llamadas realizadas por De la Joya entre octubre de 2014, cuando es detenido el joven Gómez Iglesias, y febrero de 2015, así como las que lleva a cabo el director del CITCO, el comisario José Luis Olivera.

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La investigación que aventuran los agentes relativa a los informes bancarios y de la Agencia Tributaria, argumenta la magistrada, "se proyecta sobre unos hechos que no son objeto de este procedimiento". De hecho, añade la instructora, ya lo dijo así el juzgado el pasado día 8 en un auto que rechazaba rastrear el asunto y que fue enviado a decanato para que lo remitiera a reparto e investigara el juzgado que correspondiera si así lo consideraba conveniente. "Es en dichas causas donde se deberán acordar los medios de prueba que el instructor considere necesarios", apunta Martínez Gamo.

En relación a la interpelación a la Dirección General de la Policía y al CITCO, la jueza justifica que esto "no es objeto de la instrucción" y además resulta "inútil". "La conexión entre la filtración que se pretende investigar y los hechos objeto de la instrucción judicial en la pieza dos no se presenta con la debida nitidez", arguye la instructora, que añade que "en todo caso no sería relevante", dado que "la averiguación de la identidad de la persona que hubiera accedido a dichas bases de datos no lleva a la determinación de la identidad de quien hubiera cometido el ilícito". Sobre los datos telefónicos que reclaman los policías, la magistrada defiende que se trata de una "investigación con carácter netamente prospectivo" la que piden los agentes, "que se pretende iniciar más de dos años y medio después de la presunta comisión de los hechos investigados" y sin "base objetiva suficiente".