pedirán que declaren dos mandos policiales

Ofensiva de los Pujol para anular sus causas por las supuestas presiones policiales a BPA

El clan Pujol intentará que se condene a los directivos de BPA por revelación de secretos para invalidar toda la información bancaria de la familia enviada por Andorra a la Audiencia Nacional

Foto: Fotografía de archivo de la familia Pujol.
Fotografía de archivo de la familia Pujol.

La familia Pujol está preparando una ofensiva jurídica para tratar de anular las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional contra sus nueve integrantes por presuntos delitos de corrupción. Apoyándose en un reciente testimonio de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), el clan pretende demostrar que la Policía Nacional obtuvo de forma ilegal el pantallazo que reveló la existencia en julio de 2014 de una fortuna familiar oculta en esa entidad de 3,4 millones de euros. Sus abogados sostienen que la información, que sirvió para relanzar las pesquisas contra ellos en la Audiencia Nacional, se obtuvo mediante un delito de revelación de secretos y, por tanto, todas las pruebas acumuladas a partir de esos datos deben invalidarse.

La estrategia que está ultimando el equipo de abogados de los Pujol tiene su origen en la declaración del copropietario de BPA Higini Cierco, que hace unos días aseguró ante la jueza que instruye el caso sobre el presunto blanqueo masivo de capitales a través del banco que en mayo de 2014 le contactó un policía nacional destinado en la embajada de España en Andorra para solicitarle una reunión. Según relató Cierco, en el encuentro, el policía, al que identificó como Celestino Barroso, le conminó a reunirse con otro mando policial en Madrid. “De lo contrato, el banco morirá”, dijo Barroso, según el banquero. A esa segunda cita en la capital habría acudido el entonces consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, y la persona con la que este se encontró fue el comisario responsable en ese momento de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Cierco aseguró que este comisario pidió a Miquel datos sobre las cuentas de los Pujol, algo a lo que, tras varias reuniones, BPA finalmente accedió por temor a sufrir represalias.

La jueza del caso BPA ha remitido esas declaraciones de Higini Cierco a la causa que abrieron los Pujol en Andorra en agosto de 2014 -un mes después de que aparecieran sus cuentas publicadas en 'El Mundo'- para tratar de demostrar que los datos se habían filtrado infringiendo las leyes del Principado, que persiguen la revelación de secretos bancarios. El procedimiento no había experimentado avances significativos desde entonces, pero fuentes del entorno del clan Pujol aseguran a El Confidencial que la declaración de los accionistas de BPA confirma lo que siempre habían sospechado: que la aparición de esa fortuna tuvo su origen en un delito.

De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel.
De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel.

Además de incorporar el testimonio de Higini Cierco a ese procedimiento, la instructora del caso BPA también ha remitido las declaraciones a los juzgados ordinarios para que se abra otra causa contra los dos mandos de la Policía Nacional por presuntos delitos de amenazas y coacciones.

Los Pujol también tienen previsto personarse en este otro caso cuando se inicien las actuaciones, y solicitarán que se envíe una comisión rogatoria a España para que el juez instructor interrogue a ambos mandos de la Policía Nacional. Pero, en realidad, el clan del fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) solo necesita que los directivos de BPA sean condenados por revelación de secretos para que funcione su nueva estrategia de defensa.

Su objetivo es que una hipótetica resolución contra los Cierco por revelación de secretos invalide automáticamente las diligencias que ordenó la Audiencia Nacional para profundizar en los datos de las cuentas de BPA. Los Pujol sostienen que, sin la publicación del pantallazo, nunca se habría ordenado la comisión rogatoria a Andorra que terminó de descubrir todos los movimientos de dinero que había hecho en el Principado desde 1991 el mayor de los siete hijos del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, supuesto cerebro de las operativas corruptas del clan. Se da la circunstancia de que la justicia andorrana está a punto de remitir ahora a la Audiencia Nacional otra nueva comisión rogatoria que incluye datos de cuentas del resto de miembros de la familia y de terceras personas que aparecían en el primer envío. Si la maniobra del clan tiene éxito, esta nueva comisión sería igualmente anulada.

Hay otros elementos acusatorios contra los Pujol en los dos procedimientos que tienen abiertos en estos momentos en la Audiencia Nacional, pero sus letrados están convencido de que su situación procesal mejoraría sustancialmente si los datos facilitados por Andorra son invalidados por una condena de revelación de secretos contra BPA.

Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

El motivo por el que Higini Cierco ha contado el episodio de las presiones policiales dos años después de que ocurriera es todavía una incógnita, como también si dispone de otros elementos para demostrar que los hechos se desarrollaron exactamente de esa forma. Fuentes de su entorno aseguran que aportará las pruebas de las que dispone cuando sea citado por los juzgados que asuman la investigación. En el comunicado que emitió tras su explosiva comparecencia ante la jueza del caso BPA, Cierco ofreció detalles sobre los lugares concretos en los que se produjeron esos supuestos contactos con los mandos de la Policía Nacional, indicó que la mayoría se celebró en espacios públicos y aseguró que una directiva del banco estuvo al corriente de las conversaciones, además del propio Joan Pau Miquel.

Este lunes, la jueza del caso BPA decidió finalizar la fase de instrucción acordando el procesamiento de hasta 24 directivos y gestores de la entidad por su presunta implicación en el blanqueo masivo de fondos de la organización criminal china de Gao Ping, la mafia rusa desmantelada en la operación Clotilde y altos cargos de la Administración venezolana. Por ahora, la familia Cierco se ha quedado al margen de esta causa, pero hay otras 11 piezas abiertas en estos momentos en Andorra sobre la gestión del banco, intervenido por el Gobierno del Principado desde marzo de 2015.

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