El CEO se reunió con el comisario martín blas

BPA denuncia presiones de la 'policía patriótica' de Interior en el caso Pujol

El exjefe de Asunto Internos exigió al consejero delegado del banco información sobre Jordi Pujol, Oriol Junqueras, Artur Mas y sus familias, o la entidad "moriría", según revela BPA

Foto: Oficinas de BPA en Andorra. (Reuters)
Oficinas de BPA en Andorra. (Reuters)

El expresidente y accionista mayoritario de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, ha denunciado este jueves ante la jueza que instruye el caso de la supuesta revelación de información sobre la familia Pujol por parte de la entidad financiera, Canòlich Mingorance, que tanto él como su consejero delegado, Joan Pau Miquel, recibieron presiones del que por aquel entonces era jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para que el banco entregara información financiera sobre Jordi Pujol, Oriol Junqueras, Artur Mas y sus familias. En caso de no entregar los datos, ha continuado Cierco ante la magistrada, Martín Blas amenazó con que la entidad "moriría".

En concreto, Cierco ha contado que primero se puso en contacto con él el agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, el funcionario de la Policía Nacional Celestino Barroso, quien en mayo de 2014 le telefoneó y le indicó que "sería conveniente" que se entrevistara con unas personas en Madrid. Ambos interlocutores quedaron luego en persona para hablar con más detalle y fue entonces cuando Barroso le insistió en que tenía que ir a la capital de España o, de lo contrario, el banco caería. Argumentó además que Estados Unidos "estaba al corriente y sabía cómo hacerlo".

La supuesta amenaza se produjo justo cuando la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una "inspección ordinaria" por parte del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) español, como recuerda la entidad andorrana en una nota de prensa en la que ha dado a conocer las mencionadas intimidaciones. En este comunicado, además, BPA asegura que estos hechos "es necesario enmarcarlos en lo que hoy se conoce como caso Pujol u operación Cataluña", que es el nombre con que el comisario José Manuel Villarejo denominó -en su declaración en el caso Nicolay- a las investigaciones emprendidas contra los partidos independentistas por orden de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, encabezada por el comisario principal jubilado el pasado junio Eugenio Pino, al comienzo de la presente legislatura.

Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel, máximos responsables de BPA.
Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel, máximos responsables de BPA.

Tras el encuentro entre Cierco y Barroso, el primero derivó al segundo hacia Miquel, quien recibió al agregado en la sede central de la entidad, donde el policía insistió en que el banco tenía que colaborar o, de lo contrario, "desaparecería". Barroso le indicó también que un tal Félix -que luego resultó ser Martín Blas- le iba a llamar por teléfono para darle nuevas instrucciones. Miquel y el entonces jefe de Asuntos Internos se entrevistaron en Madrid en un encuentro en que, según la mencionada nota remitida por BPA, el comisario "reiteró las amenazas" y exigió "información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias".

Según declara Cierco, el consejero y el comisario mantienen varias reuniones posteriores, al tiempo que la dirección del banco consulta con los servicios jurídicos. Los datos que facilita la entidad, añade su expresidente, aparecen publicados en la prensa española en un artículo que "obliga a Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero". Según la citada nota de BPA, el banco andorrano "nunca tuvo más de cinco millones, en cifras redondas, de la familia Pujol".

Cierco ha justificado también que Miquel no denunció entonces los hechos "porque Martín Blas le advirtió" de que, en caso de hacerlo, "el FinCen americano intervendría en 15 días". En definitiva, ha dicho, por "prudencia" y "temor a las hipotéticas represalias de España [que se acabarían materializando en la liquidación de Banco Madrid]".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.

Tras la entrega de los datos, ha explicado Cierco, el expresidente de BPA tuvo "la percepción de que el foco sobre Banco Madrid y BPA desaparecería". "Pero no fue así", añade la nota de prensa. "Probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente, por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra", ha interpretado Cierco ante la jueza.

El antiguo responsable de la entidad financiera -asegura la nota- ha ido contando todos estos hechos a sus familiares cercanos y a políticos andorranos, que "han sido conocedores de lo acontecido", como el jefe del Gobierno, Toni Martí, o los ministros de Finanzas, Jordi Cinca, de Administración y Transportes, Jordi Alcobé, y de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot. Según el comunicado, "Cierco y sus asesores legales han puesto los hechos en conocimiento de la jueza para que adopte las medidas legales pertinentes y han anunciado el impulso de cuantas acciones legales sean necesarias una vez ya ha quedado la situación denunciada en sede judicial".

Tanto Higini Cierco como su hermano Ramón, accionistas mayoritarios de BPA, han insistido ante la magistrada Mingorance que la entidad que dirigían "siempre actuó siguiendo el marco legal andorrano" y que "cooperó en todo momento con los organismos de control y supervisión estatales" así como con las empresas auditoras.

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