La agenda de Granados delata al PP: anotó donaciones ilegales de OHL entre 2011 y 2014

Las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el caso Púnica han dado un salto en las últimas semanas. Los investigadores han concluido tras analizar la agenda del presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño y exsecretario general del PP regional Francisco Granados, que los populares habrían recibido supuestamente donaciones irregulares de la constructora OHL entre los años 2011 y 2014. Los pagos se concentraron en momentos previos a citas electorales, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

La agenda de Granados está siendo analizada en una pieza separada que se centra exclusivamente en la presunta financiación ilegal del PP. Se trata de la única pieza de las 14 en que se ha desgajado la causa que se mantiene bajo secreto de sumario. Además de los presuntos líderes de la red corrupta, en esa parte del procedimiento también están imputados el consejero delegado del Grupo Villar Mir y consejero de OHL, Javier López Madrid, y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Velasco logró llegar hasta ellos con la ayuda del otro gran cabecilla de Púnica, el constructor David Marjaliza, que comenzó a colaborar con la Justicia en junio de 2015 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Durante sus 13 horas y media de declaración, Marjaliza desveló que las iniciales JLM y BG, que aparecían en la agenda de Granados pero no habían podido asignarse a ninguna persona, hacían referencia en realidad a Javier López Madrid y Beltrán Gutiérrez y que las cantidades anotadas junto a esas letras eran pagos de OHL al PP de Madrid.

Financiar campañas electorales

La revelación motivó el registro de la sede de los populares madrileños el pasado 11 de febrero y la petición a la Comunidad de Madrid de los 31 contratos que había concedido a la constructora bajo sospecha entre 2003 y 2014. Sin embargo, el análisis de las 70 páginas de la agenda de Granados ha permitido acotar la fechas de la investigación al periodo 2011-2014, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la causa. Los pagos, que suman casi dos millones de euros, se habrían concentrado además justo antes de procesos electorales para financiar gastos de campaña del partido. En mayo de 2011, se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, y en diciembre de ese mismo año, las elecciones generales en que Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta. Los siguientes comicios no tuvieron lugar hasta mayo de 2014, con las elecciones al Parlamento Europeo.

La datación de las presuntas donaciones ilegales revelaría que Granados siguió vinculado a la gestión del PP de Madrid incluso después de ser destituido como secretario general de la formación en noviembre de 2011. Tras el cese, no volvió a ocupar ninguna responsabilidad en el partido, aunque se mantuvo como diputado autonómico y senador del PP hasta febrero de 2014, cuando se vio obligado a presentar su renuncia a ambos escaños al descubrirse la cuenta que ocultaba en Suiza, la misma información que sirvió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para poner en marcha el caso Púnica. Su agenda desvelaría ahora que continuó encargándose de la caja del partido incluso después de abandonar la dirección.

584 millones de euros bajo sospecha

La delimitación temporal de las donaciones debería facilitar el avance de las pesquisas sobre las licitaciones que recibió supuestamente OHL a cambio de esos pagos. Las sospechas se habían centrado en un primer momento en las adjudicaciones conseguidas por la constructora desde que Granados dio el salto a la Comunidad de Madrid en 2003 hasta que estalló el escándalo en octubre de 2014. Como reveló El Confidencial, el juez Eloy Velasco exigió a la Comunidad de Madrid un total de 31 adjudicaciones que suman 584 millones de euros y fueron concedidas por la Consejería de Transportes, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Metro de Madrid y la empresa pública ya disuelta Mintra, encargada de gestionar la construcción de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid. La datación de las supuestas donaciones ilegales permitirá restringir el ámbito de la investigación al periodo 2011-2014. Solo ocho de las 31 adjudicaciones se concedieron en esos años.

Los investigadores necesitan conectar las donaciones que recogió Granados en su agenda con adjudicaciones concretas de OHL para poder imputar a los implicados un delito de cohecho. La jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a que, para acusar por ese delito, se demuestre que el pago al responsable o partido político ha tenido un efecto directo en un acto injusto concreto, como el amaño de un contrato. La falta de esa relación es precisamente lo que evitó que los dirigentes del PP pudieran ser acusados de cohecho por las donaciones ilegales anotadas en los papeles de Luis Bárcenas, donde también aparecía OHL. Los expertos en delitos económicos de la UCO pueden encontrarse con ese mismo problema en el caso Púnica.