Granados, míster 33%: del suelo rústico de Valdemoro al metro de Moscú
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fue socio del gestor de la ampliación del metro

Granados, míster 33%: del suelo rústico de Valdemoro al metro de Moscú

La confesión de Marjaliza ha revelado la participación directa de Granados en operaciones inmobiliarias que se ejecutaron cuando el político ocupaba responsabilidades de Gobierno

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Francisco Granados habría amasado una fortuna incalculable mediante el cobro de comisiones ilegales por el amaño de concesiones públicas, pero también interviniendo a través de testaferros en negocios que se desconocían hasta ahora. El presunto cerebro de Púnica, David Marjaliza, reveló durante sus 13 horas y media de confesión, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que Granados llegó a tener una participación a través de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y la mujer de este, María José Mariajuán, en la empresa Bustren PM, una firma de ingeniería que consiguió proyectos para ampliar el metro de Moscú.

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Se da la circunstancia de que el administrador y propietario de Bustren PM es Jesús Miguel Trabada Guijarro, la persona de confianza que Granados colocó en 2003 durante su etapa en la Consejería de Transportes al frente de la empresa pública Mintra, encargada de gestionar los planes de ampliación del metro de la capital, dotados entre 2003 y 2011 con un presupuesto superior a los 7.000 millones de euros. En julio de 2011, poco después de que Granados saliera del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre cesó a Trabada y, tres meses después, disolvió Mintra.

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El juez está investigando precisamente los contratos de esa empresa pública tras descubrir que Granados y el PP de Madrid pudieron recibir hasta dos millones de euros de Javier López Madrid, directivo de la constructora OHL, adjudicataria de numerosas licitaciones para la ampliación del metro de la capital. Como adelantó El Confidencial, el instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha situado el foco sobre 31 contratos públicos recibidos por OHL que suman 584 millones de euros.

Marjaliza también reveló otras participaciones empresariales de Granados que permanecían ocultas. El constructor relató que, a través de María José Marijuán, el exdirigente del PP llegó a controlar el 33% de la empresa Servicios Patrimoniales Obras y Vías. “Ese era el porcentaje que Granados ganó”, explicó Marjaliza, con las operaciones de suelo que se hicieron a través de esa sociedad. En un primer momento, el constructor cifró la presencia del político en Servicios Patrimoniales Obras y Vías en un 20%, pero a lo largo de su testimonio elevó la cifra hasta un tercio del total de las acciones. Los otros dos tercios se los repartían el propio Marjaliza y otro constructor de Valdemoro, Ramiro Cid.

El negocio de las recalificaciones

Según Marjaliza, la empresa fue creada en 1999 a petición de Granados, que en ese momento acababa de llegar a la alcaldía de Valdemoro. “Comprábamos suelo rústico en condiciones bastante más ventajosas y al recalificarlo a urbanizable había un porcentaje bastante alto de beneficio”, admitió el constructor.

El riesgo de las operaciones era nulo. “Antes de comprar un suelo rústico, ya sabíamos que iba a pasar a ser urbanizable, en su mayor parte, aunque había otras influencias [además del ayuntamiento]. Pero si comprábamos un millón de metros cuadrados, sabíamos que 800.000 metros iba a ser recalificados”. La intervención de Granados desde el consistorio garantizaba la modificación de uso de terrenos adquiridos previamente por sus socios. El 'lápiz' de los planes generales discurría por donde quería el entonces alcalde de Valdemoro, relató Marjaliza.

Aunque Granados era el propietario del 33% de Servicios Patrimoniales Obras y Vías, el dinero para la compra del suelo rústico solo lo ponían Marjaliza y Ramiro Cid. Pero eso no impidió que el exconsejero se lucrara con las recalificaciones de suelo que se producían en su municipio. El presunto cerebro de Púnica relató que pagó al político entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que se podía construir en las parcelas que pasaban de rústico a urbanizable, una cantidad similar a la que abonó a otros muchos alcaldes madrileños. “En una legislatura, podíamos construir entre 3.000 y 4.000 viviendas” en toda la comunidad, manifestó Marjaliza. Es decir, que había en juego comisiones totales por valor de hasta 24 millones de euros en un solo mandato. Parte de ese dinero, “contante y sonante”, acabó en los bolsillos de Granados. “En el sector Majuelo Norte de Valdemoro, por ejemplo, construimos miles de viviendas”, recordó el constructor.

El exconsejero del PP habría obtenido ingresos aún mayores por otra vía. Marjaliza explicó al juez que, en 2005, tras varias discrepancias con Ramiro Cid, vendió a este su 33% en Servicios Patrimoniales Obras y Vías por un importe de 33 millones de euros. Es decir, que el otro tercio que poseía Granados en la sociedad tenía un valor tasado, al menos en ese ejercicio, que rondaba esa impresionante cifra, gracias sobre todo a las recalificaciones que él mismo se había autoconcedido desde la alcaldía.

Pelotazo en Getafe

En 2004, cuando ya era consejero autonómico, Granados volvió a utilizar a María José Marijuán para entrar en un proyecto urbanístico junto a sus amigos constructores de Valdemoro. En esta ocasión, el desarrollo estaba en Getafe y se canalizó a través de la sociedad Circuito de Prácticas Pista Sur SL. El nombre del dirigente popular no aparecía en las escrituras de la firma, pero Marjaliza describió al juez un esquema similar al que habían puesto en práctica en Servicios Patrimoniales Obras y Vías. Marijuán entró en Circuito de Prácticas a través de la empresa Ayjopen Consulting. “El suelo lo compramos Ramiro Cid y yo porque Ayjopen no tenía dinero, pero el 33% de la sociedad le correspondía a Granados”, aclaró Marjaliza.

El proyecto de Getafe no llegó a salir por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero Ayjopen no perdió dinero. Granados vendió en 2007 a Marjaliza su participación en Circuito de Prácticas por 300.000 euros. El constructor reconoció que el pago de esa cantidad pudo encubrir el abono de una comisión ilegal.

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