El pederasta de Ciudad Lineal pide la nulidad porque se registró su casa sin estar el juez

El presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, acusado de abusar de cuatro niñas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, ha pedido la nulidad del proceso judicial en su último escrito de conclusiones provisionales de defensa. El procesado argumenta que la Policía no esperó a la autoridad judicial cuando entró a registrar su vivienda el 25 de septiembre de 2014, como exige el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también obliga a que se encuentre el detenido y el fiscal. Sostiene sin embargo que, tras el auto judicial del 23 de septiembre que ordenaba la diligencia, se constituyó la comisión judicial a las 9:30 del día 25, pero "ni la secretaria judicial ni el detenido ni el representante del Ministerio Fiscal" pudieron acceder hasta las 19:40. Entre las 9:30 y las 19:40 sí entró en el domicilio la Policía, asegura el escrito de defensa.

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También reclama Ortiz la nulidad del procedimiento por entender que las ruedas de reconocimiento estaban viciadas, dado que su imagen ya había aparecido en todos los medios de comunicación. En concreto, la defensa del procesado insinúa que fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el responsable último de este conocimiento público. Apunta que, después de la rueda de prensa que hizo Fernández Díaz junto a la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, "se difundió la identidad completa del detenido y las fotografías que aparecían en el procedimiento", que aparecieron en todos los medios.

Según la defensa, las imágenes difundidas era las mismas que constaban en la causa, aunque también había fotografías de Ortiz que se encontraban incluidas en reseñas policiales y los retratos robot elaborados por la Policía, lo que a juicio del abogado de Ortiz "acredita" el "hecho incuestionable" de que fue la Policía la que difundió el material.

Estas dos reclamaciones de nulidad solicitadas por la defensa de Ortiz, sin embargo, no serán resueltas hasta que el tribunal emita la sentencia definitiva, por lo que en absoluto influirán en el transcurso del procedimiento judicial, que se encuentra en la fase previa a la fijación de la fecha del juicio oral. Junto al acusado, ya han presentado también sus escritos de conclusiones tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones, conformadas por las asociaciones Clara Campoamor y Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención, además de los representantes legales de dos de las niñas que sufrieron los abusos.

En los mencionados escritos, es precisamente la acusación que ejerce la familia de una de las víctimas la que solicita más años de prisión para el presunto pederasta. En concreto, 126 años de cárcel reclama una de ellas por los apenas 26 que pide otra, que únicamente acusa por uno de los cuatro casos. Laxshmi, por su parte, pide 120 años de cárcel; Clara Campoamor, 79 años, y la Fiscalía, 77.

La defensa, sin embargo, no solo pide la absolución de su representado, sino que incluso solicita la condena expresa en costas a las acusaciones particulares y populares personadas, al entender que Ortiz "no ha cometido ninguno de los delitos imputados". Asegura que el acusado carece de antecedentes policiales por delitos de agresión sexual y el único antecedente penal que consta es por un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. No se encuentran en la causa, por lo tanto, según la defensa, los antecedentes penales que el propio ministro del Interior mencionó en la citada rueda de prensa, cuando dijo que había una sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a Ortiz en el año 2000 por agresión sexual.

Ortiz entiende que las ruedas de reconocimiento estaban viciadas, dado que su imagen ya había aparecido en todos los medios de comunicación

Esta última resolución judicial, que efectivamente no consta en el sumario, fue aportada a El Confidencial por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre, cuando este periódico desveló precisamente que los antecedentes penales no constaban en la causa, como defiende ahora el abogado de Ortiz. En concreto, Interior aportó la citada sentencia de la Audiencia Provincial del año 2000 que condenaba a Ortiz por agresión sexual y otra del Juzgado de lo Penal número 3 de Móstoles que le declaraba culpable de un robo con violencia.

Ambas sentencias constan, por lo tanto, en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, pero no en la causa, debido a que no fueron remitidas por el mencionado organismo cuando el Juzgado número 10, que instruye el procedimiento, solicitó al departamento que dirige Rafael Catalá los antecedentes penales del acusado.

El escrito de Ortiz defiende también que el acusado dispuso de su Toyota Celica gris de tres puertas -que es el que describen las niñas cuando hablan de que el coche tenía el símbolo del toro- hasta finales de julio de 2014 y la última agresion se produjo el 22 de agosto. Defiende también que el procesado se encontraba en la calle Ascao de Madrid a las 21:04 del 24 de septiembre de 2013, como consta en un informe pericial, que indica que él envió en ese momento un SMS que lo sitúa en ese lugar, con lo que -según la defensa- no podía estar a esa misma hora en la Avenida Arcentales, donde fue abandonada la primera niña tras ser agredida, ya que además la antena que da cobertura a una zona no cubre la otra.

Ortiz apela al mismo informe para argumentar que la madrugada del 10 al 11 de abril, cuando fue liberada la segunda víctima a la altura del metro Canillejas, en la calle Alcalá de Madrid, el acusado se encontraba a 10 kilómetros en la zona del aeropuerto de Barajas, como asegura que consta en el sumario. Añade además que el autor de la agresión realizó una llamada mientras trasladaba a la niña y que no consta en los informes de la Unidad de Informática de la Policía que Ortiz realizara llamada alguna en ese periodo.

Agrega que la vivienda de Ortiz fue limpiada por una profesional en julio de 2014, tras las obras que se hicieron en la casa porque había calado agua al piso de abajo, tres meses después de la agresión del 10 de abril, con lo que, según la defensa, no podrían encontrarse allí las pisadas de la pequeña ni los restos de vómito que encontró la Policía.

El escrito de defensa, que siembra dudas sobre gran parte de los hechos considerados probados por la Fiscalía, estima que las descripciones físicas que realizan los testigos no coinciden tampoco con las características del acusado y explica también que una mujer que vio al autor de la agresión a la niña del 22 de agosto de 2014 aseguró que el mismo no era quien había aparecido en los medios de comunicación.

El Ministerio Público considera que el acusado es culpable de cuatro delitos de detención ilegal, tres de agresión sexual, uno de violación y otro de lesiones

Asimismo, defiende que las declaraciones de las niñas, a las que ha tenido acceso el letrado de Ortiz, no son coincidentes, ya que describen, a su juicio, cuatro coches diferentes. En concreto, un vehículo gris de cuatro puertas, un Toyota pequeño de tres puertas con matrícula terminada en 0049, un coche blanco de cuatro puertas y otro Toyota gris de cinco puertas. Recuerda además que el Toyota que tenía el acusado lo vendió en julio de 2014, un mes antes de la última agresión que se investiga. Respecto al Citroën, admite que lo tuvo pero únicamente porque se lo prestaron para la mudanza.

Hace hincapié también el escrito de defensa en las distintas declaraciones de víctimas y testigos sobre el aspecto físico que tenía el agresor de las cuatro niñas. En relación con este punto, según el abogado de Ortiz, los declarantes describieron a tres personas diferentes con características muy alejadas entre ellas.

Antonio Ortiz fue detenido el 24 de septiembre de 2014 después de varias semanas de psicosis social en el norte de Madrid. Dos días después, ingresó en prisión provisional, situación en la que permanecerá previsiblemente hasta el día del juicio. La Fiscalía le considera culpable de cuatro agresiones sexuales a otras tantas niñas cometidas los mencionados 24 de septiembre de 2013, 10 de abril, 17 de junio y 22 de agosto de 2014 en la zona del madrileño barrio de Ciudad Lineal.

El Ministerio Público considera que el acusado es culpable de cuatro delitos de detención ilegal, tres de agresión sexual, uno de violación y otro de lesiones, por los que solicita 77 años de prisión y 10 más de libertad vigilada, además de una indemnización de 425.000 euros para las familias de las víctimas.