Conde vuelve a ingresar en prisión por el blanqueo de 13 millones estafados a Banesto

El dinero presuntamente estafado a Banesto y ocultado en el extranjero volvió, poco a poco, a España. El presunto estafador, el expresidente de ese banco, Mario Conde, retornó ocho años después a la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional para el exbanquero, al que imputa los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos contra la Hacienda Pública. Conde fue detenido el pasado lunes junto a su hijo, su hija, el esposo de esta y su abogado, además de tres supuestos testaferros. Todos ellos participaron presuntamente en la trama societaria a través de la cual el exbanquero logró blanquear más de 13 millones de euros desde 1999 desviados de la entidad financiera que dirigió entre 1987 y 1993.

El instructor también ha encarcelado al presunto muñidor de todas esas sociedades pantalla, el abogado Francisco Javier de la Vega, quien, presuntamente, auxilió a Conde a montar el entramado empresarial con el que consiguió repatriar a España esos fondos. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado también esa misma medida cautelar para la hija del exbanquero, Alejandra, pero el juez ha decidido imponerle el arresto domiciliario, debido a un problema de salud de su hijo. El hijo mayor del exbanquero, Mario, ha salido en libertad al igual que el presunto testaferro Francisco de Asís Cuesta, Cristina Fernández Álvarez y Roland Stanek. Estos últimos tendrán que comparecer semanalmente en el juzgado, no podrán salir de España y deberán entregar su pasaporte.

La cantidad exacta que Conde y su entorno familiar recibieron entre 1999 y 2014 fue de 13.062.322,40 euros. Esa suma apareció en cuentas españolas ligadas al exbanquero mediante ingresos en efectivo (2,2 millones) y transferencias bancarias desde el extranjero (10,7 millones). La procedencia de esos fondos era Suiza, Reino Unido, Holanda, Luxembugo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, países desde los que ocho sociedades -de las que Conde sería "administrador de hecho"- enviaban el dinero a tres empresas con sede en España regidas por sus dos hijos, Alejandra y Mario, su yerno, Fernando Guasch y otras personas de su máxima confianza. En todo el entramado tenía un papel principal el abogado De la Vega, que actuaba como representante de las firmas extranjeras que inyectaban el capital ya blanqueado.

El auto de Pedraz relata cómo Conde y su entorno actuaban como una organización criminal en cuya cúpula se encontraba el expresidente de Banesto. En un segundo escalón estaba su hija Alejandra, quien, según el juez, "coordinaría con este la operativa desarrollada". Alejandra y el otro hijo, Mario, son titulares al 50% de Black Royal Oak SL, una de las tres empresas españolas que recibían fondos evadidos. Los dos constan como consejeros, administradores y apoderados en otras sociedades controladas por Conde. Las otras dos mercantiles con domicilio en nuestro país usadas para recibir esas transferencias eran Barnacla SL y, a través de esta última, Oleificio Español SA.

Black Royal Oak, la empresa propiedad de los hijos de Conde y cuyo administrador único era su yerno, Fernando Guasch, obtuvo varios traspasos de divisas entre el 15 de abril de 2003 y el 7 de noviembre de 2014, según la resolución. Procedían de las sociedades Higher Productions (Reino Unido), Matoral BV (Holanda), Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes Unidos) y Mayfield Business (Reino Unido), todas ellas presuntamente controladas por Conde. Una vez recibidos los fondos, Guasch se encargaba de firmar las órdenes de transferencia a cuentas de los dos hijos del jefe de la trama, Alejandra y Mario.

Esas órdenes de transferencias, sin embargo, partían del despacho jurídico De la Vega Asociados, cuyo propietario, el abogado Francisco Javier de la Vega, actuaba "como pieza fundamental en todo el entramado empresarial", según el juez. De la Vega, ahora en prisión incondicional, participaba directa o indirectamente en los negocios jurídicos y económicos de la familia Conde y ejercía "de representante de las empresas extranjeras que inyectan capitales a las mercantiles [españolas]", según relata el auto.

Pedraz sitúa también como "persona de máxima confianza" de la trama a Francisco de Asís Cuesta Moreno. Su papel aparece ligado a Barnacla SL, de la que era presidente de la junta general de accionistas. Esa sociedad es fundamental para entender cómo llegaban los fondos a España ya blanqueados. Esa firma española amplió su capital en cinco ocasiones y en todas ellas fue la mercantil suiza Galloix Holding la que adquirió las acciones. Al final, esa sociedad helvética llegó a obtener 99,8% del capital de Barnacla. En total, esta última recibió en divisas 5,6 millones de euros.

Es a partir de Barnacla que Conde empieza a repartir dinero a otras sociedades controladas por él y su círculo. La principal es Hogar y Cosmética Española SA, por la que Barnacla pagó 7,8 millones de euros en 2008. Un informe de la UDEF relató en 2012 cómo esa operación fue inexplicablemente onerosa para Conde, ya que Barnacla abonó por cada acción 205 euros, cuando su precio de mercado era de 30 euros solo 12 días antes de la venta. La sospecha es que la compra de la empresa, con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), solo sirvió para blanquear esos fondos. Otras sociedades de la familia que recibieron dinero de Barnacla fueron Oleum Flumine SL, Los Carrizos de Castilblanco y Las Salcedas SA.

Una de las empresas de la que procedían los fondos era la luxemburguesa GI Beteiligung. Se trata de la sociedad a la que Conde vendió en 2002 Can Poletà, el conjunto de tres fincas en Pollença (Mallorca) de las que era propietario y que fueron decomisadas por la Audiencia Nacional en la sentencia del caso Banesto al considerar que las adquiró con dinero distraído del banco. La venta a la firma de Luxemburgo, según Pedraz, tuvo por objeto eludir el embargo judicial. Los Conde siguieron disfrutándolas hasta 2012, cuando el tribunal, finalmente, les privó de ellas. Al hacerlo, la sección primera aseguró que el exbanquero había cometido un presunto alzamiento de bienes con la venta para evitar el pago de indemnizaciones. Sin embargo, los magistrados rehusaron perseguirlo al considerar que había prescrito. Ahora, Pedraz vuelve a imputarle ese delito.

La querella contra Mario Conde y otras 14 personas, presentada por Anticorrupción, tuvo su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales que reveló una operación sospechosa de blanqueo de dinero procedente de Suiza en septiembre de 2014. La fiscalía abrió entonces unas diligencias de investigación. La denuncia se presentó en la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo. Las indemnizaciones a pagar por Conde tras los casos Banesto y Argentia Trust ascendieron a 26 millones de euros de los que ha abonado 11,9 millones. La vuelta del exbanquero a prisión se produce ocho años después de que la abandonara tras cumplir sus condenas, por las que pasó algo más de 10 años entre rejas.