La Audiencia Nacional descubrió el presunto alzamiento de bienes de Mario Conde en 2012

Fue 10 años después de que el Tribunal Supremo lo condenara a 20 años de cárcel por el caso Banesto. Cuando en septiembre de 2012 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional trataba de embargar las fincas de Mario Conde que, según la condena firme del alto tribunal, había adquirido con el dinero del que se había apropiado indebidamente, el tribunal descubrió que el exbanquero había cometido otro delito más: alzamiento de bienes. El presidente de esa sala, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Ramón Sáez y Nicolás Poveda así lo reflejaron en una de las resoluciones con que ejecutaron la condena a Conde. Sin embargo, declinaron perseguir el delito al considerar que por entonces ya había prescrito. Ahora, sin embargo, el juez Santiago Pedraz y Anticorrupción vuelven a imputárselo.

El descubrimiento se produjo tras intentar embargar sin éxito tres fincas situadas en el municipio de Pollença (Mallorca) sobre las que las sentencias de la Audiencia y el Supremo habían declarado el comiso, al considerar que habían sido adquiridas con los fondos presuntamente estafados a Banesto. El registrador de la propiedad de esa zona se había negado a inscribir el embargo judicial de esos terrenos, conocidos como Can Poletà, al asegurar que no tenían nada que ver con Mario Conde, sino que pertenecían a una sociedad luxemburguesa denominada GI Beteiligung, por lo que entendía que no podían ser decomisados. Hasta su venta, el conjunto de esos tres inmuebles era propiedad de Apolo Inversiones y Servicios SL, una sociedad controlada por Conde y Arturo Romaní, exconsejero delegado de Banesto condenado junto a él.

Los magistrados constataron que esa venta se había producido el 9 de abril de 2002, es decir, una vez que Conde ya había sido condenado por la Audiencia y solo tres meses antes de que el Supremo confirmara esa condena incrementándola en 10 años de cárcel más. Esa venta se consumó a pesar de que las fincas las gestionaba entonces el administrador judicial y no se comunicó ni a este ni al tribunal. "Los anteriores hechos", escribieron entonces los magistrados, "serían constitutivos de un delito de alzamiento de bienes", es decir, la ocultación de bienes para evitar que fueran utilizados para pagar las indemnizaciones derivadas de los delitos por los que fue condenado.

Pero, además, los magistraros descubrieron que esa venta, en realidad, era ficticia, tras pedir a la UDEF que la investigara. El informe policial, del 3 de septiembre de 2012, venía a asegurar que la finalidad de Apolo Inversiones y Servicios y la luxemburguesa Beteiligung era la misma. También reflejaba que las fincas de Can Poletà seguian siendo disfrutadas por el entorno familiar de Mario Conde y que, además, era ese entorno el que se encargaba del pago de los recibos, según los agentes. Uno de los empleados de la finca antes de la supuesta venta aparecía en 2012 como autorizado en las cuentas de la sociedad de Luxemburgo. "Curiosamente, asimismo aparece como autorizado en cuentas bancarias de la hija de Mario Conde", señalaba el documento. La hija de Conde, Alejandra, fue detenida junto a su padre y su hermano el pasado lunes.

Otras dos fincas en Sevilla

A pesar de las sentencias de la Audiencia y del Supremo que condenaron al expresidente de Banesto, él y su familia siguieron disfrutando durante 10 años (hasta 2012) de otras dos fincas decomisadas por esas resoluciones en Sevilla. Se trata de la Dehesa del Cuarto del Rincón y la Hacienda de los Melonares Bajos que, como las de Pollença, habían sido adquiridas con el dinero ilegalmente sustraído de Banesto por el exbanquero, según la sentencia condenatoria.

Cuando hace cuatro años la Audiencia ordenó su embargo, la sociedad Los Carrizos de Castilblanco SA trató de evitarlo a la desesperada, presentando una demanda en la que aseguraba que ella era la propietaria de esos inmuebles y no Conde. Además argumentaba que, al no haber sido parte en el caso Banesto, no podía ser desprovista de esas propiedades. La sección primera rechazó esa petición al asegurar que ocultaba "un abuso de derecho y un fraude de ley". El administrador único de Los Carrizos de Castilblanco es Francisco Cuesta Moreno, y en el Registro Mercantil constan como apoderados Alejandra y Mario, los hijos del exbanquero. Los tres fueron detenidos junto a Conde el pasado lunes.