La Fiscalía pone en marcha la investigación sobre la trama del Gregorio Marañón

La Fiscalía Anticorrupción tomará testimonio este lunes a uno de los testigos por la querella interpuesta contra la trama de las pruebas médicasen el Hospital Gregorio Marañón, que desvelóeste diario el pasado mes de marzo. El entramado mediante el que media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital, sin coste alguno para sus arcas, podría haber defraudado hasta 300.000 eurossólo en el año 2014. Sin embargo, los hechos, que podrían ser “constitutivos de un presunto delito de utilización de medios públicos para fines privados”, se remontarían varios años atrás, según las declaraciones del propio testigo, el patólogo del hospital Juan Carlos Martínez.

Como consta en la denuncia, “durante una serie indeterminada de años –16 según el denunciante, 30 según otras fuentes–los laboratorios del Hospital Gregorio Marañón han sido utilizados indebidamente para llevar a cabo pruebas procedentes de clínicas privadas, prescritas por personal médico de éstas”.

La investigación apunta al exjefe del servicio de Anatomía Patológica,Emilio Álvarez, como principal cabecilla de la trama, mientras que los centros denunciados son elhospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el hospital Nuestra Señora del Rosario, laclínica Fuensanta, el Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, el hospital de Madrid y el hospital Montepríncipe (ambos del grupo HM Hospitales).

Desde HM Hospitales han negado tener conocimiento de los hechos denunciados porque las pruebas médicas “eran recogidas, procesadas y facturadas por la Sociedad Servicios Anatomopatológicos Reunidos S.L.”. En un comunicado oficial, el centro hospitalario asegura que mantiene “un contrato de prestación de servicios con el Dr. D. Enrique Niembro de Rasche, cuyos servicios son facturados a través de la Sociedad Servicios Anatomopatológicos Reunidos S.L., y que dicho contrato quedará rescindido en septiembre de 2015”. Por otra parte, añaden que “en función del desarrollo de la investigación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de sus resultados, HM Hospitales está estudiando la posibilidad de presentarse como acusación particular en el proceso”.

Los inspectores ya habían recabado pruebas las últimas semanas en el centro hospitalario, haciéndose con un disco duro en el que constaba la realización de biopsias sin identificar, cotejando pruebas gráficas aportadas por los facultativos e interrogando a facultativos que podrían formar parte de la trama. Además de la documentación recabada y la aportada por sindicatos, el grupo socialista también ha enviado a la Fiscalía toda la información obtenida de la investigación interna por parte de la inspección de la Consejería de Sanidad.

Ningún cese hasta la fecha

Desde el PSM ya se ha pedido, sin obtener frutos hasta el momento, el cese del gerente del Gregorio Marañón,Ricardo Herranz, “por no haber tomado medidas para investigar los hechos”. Asimismo, se ha solicitado el cese del director médico,Eduardo Junco, “por tener conocimiento de estos hechos desde el mes de octubre y no haber actuado”. Otra de sus principales demandas pasa por que la Agencia Tributaria investigue posibles fraudes fiscales cometidos por la trama.

CCOO denuncia que el consejero de Sanidad, Javier Maldonado, tenía conocimiento de la trama desde el mes de diciembre

Otra de las reclamaciones del partido es que la investigación se extienda a las clínicas privadas favorecidas por estas prácticas irregulares,“exigiendo el pago de los servicios que han obtenido fraudulentamentey restituyendo todo lo gastado”.

El sindicato CCOO, que cursó la denuncia ante la Fiscalía el pasado 25 marzo, también ha denunciado que el consejero de Sanidad,Javier Maldonado, fue informado de la trama de las pruebas médicas pocos días después de que tomase posesión de su cargo, el pasado mes de diciembre. Esta información se lahizo llegar la delegada sindical de la federación de Sanidad de CCOO,Rosa Cuadrado, en una ronda de encuentros que mantuvo con sindicatos y portavoces del área sanitaria de otras formaciones políticas. La Fiscalía tiene ahora seis meses para archivar el caso o para judicializarlo y hacer efectiva una denuncia.