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El consejero recibió la denuncia sobre la trama de las pruebas médicas, pero no actuó
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todo apunta a un exjefe del marañón

El consejero recibió la denuncia sobre la trama de las pruebas médicas, pero no actuó

Media docena de hospitales privados realizaban pruebas médicas en los laboratorios del Gregorio Marañón sin coste alguno para sus arcas. Una trama que 'supervisaba' Emilio Álvarez

Foto: El consejero de Sanidad, Javier Maldonado, durante la toma de posesión de su cargo, el pasado mes de diciembre. (EFE)
El consejero de Sanidad, Javier Maldonado, durante la toma de posesión de su cargo, el pasado mes de diciembre. (EFE)

El entramado por el que media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital Gregorio Marañón, sin coste alguno para sus arcas, apunta al exjefe del servicio de Anatomía Patológica, Emilio Álvarez, como principal responsable. Jubilado desde el pasado mes de octubre, aunque sigue disfrutando de un despacho propio al que acude casi a diario, Álvarez figura como administrador único del Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, una de las principales empresas beneficiarias de la trama de las pruebas médicas. Pero no la única.

El hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es otra de las clínicas privadas que llevaban años sirviéndose de los recursos públicos, según coinciden en señalar los facultativos a los que se está interrogando en el marco de la investigación abierta en el Gregorio Marañón. El San Rafael es un centro privado en el que Álvarez también ejerció como responsable del área de anatomía patológica, estando así al cargo de los cientos de biopsias, citologías y demás pruebas de inmunohistoquímica que se derivaban irregularmente al Gregorio Marañón, donde era jefe de servicio. Sólo en 2014, se calcula que la cantidad defraudada podría ascender a los 300.000 euros.

La investigación abierta en el Gregorio Marañón a raíz de las informaciones publicadas porEl Confidencialcuenta como instructores conel director médico Eduardo Junco, que ejerce las funciones de la jefatura del servicio de Anatomía Patológica desde la jubilación de Álvarez, y con un subdirector del equipo de investigación. Precisamente, el diputado del PSM, José Manuel Freire, solicitó ayer la destitución de Junco, por su corresponsabilidad en los hechos, durante el pleno de la Asamblea de Madrid.

La mayoría de los facultativos que fueron requeridos por el director médico para realizar una declaración formalse han negado por no permitírseles la presencia de delegados sindicales durante su comparecencia. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por su parte, se mostró confiado con la diligencia dela investigación y con que se tomen las medidas oportunas.

El hospital Nuestra Señora del Rosario también se habría servido de los recursos públicos de forma indebida, en este caso a través del doctor Miguel López de la Riva, que estaba bajo las órdenes de Álvarez, quien según fuentes del propio centroactuaba como “supervisor” de la trama. Un caso similar al de la clínica Fuensanta, aunque en este caso el intermediario era el doctor Emilio Salinero Paniagua.

La impunidad con la que operaba la trama se evidencia en el hecho de que los implicados ni siquiera escondían las pruebas, como ha denunciado Juan Carlos Martínez, uno de los patólogos del Gregorio Marañón que decidió dar un paso al frente para denunciar públicamente la situación. Pero no sólo eso, puesto que incluso médicos ya jubilados acudían al laboratorio para realizar ilegalmente pruebas del hospital de Madrid y del hospital Montepríncipe (ambos del grupo HM Hospitales), como era el caso de Enrique Niembro de Rasche y de Manuel Lecona Echevarría, respectivamente.

El consejero fue informado en repetidas ocasiones

El consejero de Sanidad, Javier Maldonado, fue informado de la trama de las pruebas médicas pocos días después de que tomase posesión de su cargo, el pasado mes de diciembre. Esta información se lahizo llegar la delegada sindical de la federación de Sanidad de CCOO, Rosa Cuadrado, en una ronda de encuentros que mantuvo con sindicatos y portavoces del área sanitaria de otras formaciones políticas. Pero no fue la única vez.

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Maldonado prometió en un primer momento abrir una investigación, por lo que se remitieron pruebas de lo que por aquel entonces todavía era una sospecha. El consejero nunca llegó a contestar los correos, por lo que un mes después se le volvió a enviar la documentación que él mismo había solicitado al director de Recursos Humanos de la consejería, de quien tampoco se obtuvo ninguna respuesta. Los contactos con su jefe de prensa también fueron infructuosos.

Desde la gerencia del hospital Gregorio Marañón niegan que tuviesen conocimiento de los hechos, además de que estos nunca fueron denunciados. Un extremo que también niegan los facultativos, quienes aseguran haber informado al director médico, Eduardo Junco, el pasado mes de octubre. Entonces, según recuerda el patólogo Juan Carlos Martínez, intentó sin éxito reunirse con él, mientras que en otra ocasión le enseñó la documentación obteniendo como única respuesta que lo llamaría en breve. Nunca más volvió a ponerse en contacto con el facultativo.

El entramado por el que media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital Gregorio Marañón, sin coste alguno para sus arcas, apunta al exjefe del servicio de Anatomía Patológica, Emilio Álvarez, como principal responsable. Jubilado desde el pasado mes de octubre, aunque sigue disfrutando de un despacho propio al que acude casi a diario, Álvarez figura como administrador único del Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, una de las principales empresas beneficiarias de la trama de las pruebas médicas. Pero no la única.

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