CONSIDERAN LOS HECHOS DELITO DE CORRUPCIÓN

La trama de las pruebas médicas acabará en la Fiscalía Anticorrupción

Oposición y sindicatos entienden que los hechos desvelados por el 'El Confidencial' son “constitutivos de un presunto delito de utilización de medios públicos para fines privados"

Foto: Media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital Gregorio Marañón. (EFE)
Media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital Gregorio Marañón. (EFE)

Mientras el PSOE exigía ayer a la Comunidad de Madrid que llevase la trama de las pruebas médicas a la Fiscalía Anticorrupción, al entender que los hechos desvelados por el El Confidencial son “constitutivos de un presunto delito de utilización de medios públicos para fines privados”, CCOO no esperará para mover ficha. Según ha podido saber este diario, la secretaría general del sindicato, con Jaime Cedrún al frente, está recopilando pruebas e informes para personarse como acusación en el caso.

El entramado por el que media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del hospital Gregorio Marañón, sin coste alguno para sus arcas, apunta al exjefe del servicio de Anatomía Patológica, Emilio Álvarez, como principal responsable. Entre las clínicas implicadas, según coinciden en señalar los facultativos a los que se está interrogando en el marco de la investigación abierta en el Gregorio Marañón, se encuentran el Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, el hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el hospital Nuestra Señora del Rosario, la clínica Fuensanta, el hospital de Madrid y del hospital Montepríncipe (los dos últimos integrados en el grupo HM Hospitales).

El diputado y portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, entiende que “las pruebas del delito requieren la participación de la policía judicial”, por lo que han dado dos semanas de plazo al consejero de Sanidad, Javier Maldonado, para que tome medidas. En caso de no hacerlo amenaza también con llevar el caso a los juzgados. Otra de las reivindicaciones del PSM pasa por pedir el cese del gerente del Gregorio Marañón, Ricardo Herranz, “por no haber tomado medidas para investigar los hechos”, así como del director médico Eduardo Junco, “por tener conocimiento de estos hechos desde el mes de octubre y no haber actuado”. Otra de sus principales demandas pasa porque la Agencia Tributaria investigue posibles fraudes fiscales cometidos por la trama.

Javier Maldonado, consejero de Sanidad, junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (Efe)
Javier Maldonado, consejero de Sanidad, junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (Efe)

El consejero de Sanidad ha negado tener conocimiento de los hechos, aunque según la versión de la delegada sindical de la federación de Sanidad de CCOO, Rosa Cuadrado, denunció directamente los hechos a Maldonado en diciembre, tras tomar posesión de su cargo. En un primer momento, el consejero habría prometido abrir una investigación, por lo que se remitieron pruebas de lo que por aquel entonces todavía era una sospecha. El consejero nunca llegó a contestar los correos, por lo que un mes después se le volvió a enviar la documentación que él mismo había solicitado al director de Recursos Humanos de la consejería, de quien tampoco se obtuvo ninguna respuesta. Los contactos con su jefe de prensa también fueron infructuosos.

La oposición ha llamado la atención por el hecho de que Emilio Álvarez, presunto cabecilla de la trama, siga disfrutando de un despacho propio en el hospital, al que acude casi a diario, a pesar de estar jubilado desde el pasado mes de octubre. Por ello, piden que se acaben de inmediato con estos privilegios y con los de otros dos patólogos, implicados en la trama, que también acuden a diario a realizar las pruebas de las clínicas privadas estando también jubilados.

Por último, otra de las reclamaciones es que se investiguen las clínicas privadas favorecidas por estas prácticas irregulares, “exigiendo el pago de los servicios que han obtenido fraudulentamente y restituyendo todo lo gastado”. Sólo en 2014, se calcula que la cantidad defraudada podría ascender a los 300.000 euros.

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