tras ser fichado como jefe de seguridad de dico

Un comisario del 11-M retiró 2,5 millones en sobornos para la trama de Granados

El comisario Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo de la Policía el día de los atentados del 11-M, colaboró con la trama corrupta presuntamente urdida por Francisco

Foto: Un furgón de la Guardia Civil llega a la Audiencia Nacional. (EFE)
Un furgón de la Guardia Civil llega a la Audiencia Nacional. (EFE)

El comisario Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo de la Policía el día de los atentados del 11-M, colaboró con la trama corrupta presuntamente urdida por Francisco Granados, ex número dos del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre, en la que participaron políticos, empresarios y funcionarios, y que fue desmantelada el pasado lunes en el marco de la Operación Púnica dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Así consta en un acta notarial que el sindicato Manos Limpias ha entregado hoy en la Fiscalía Anticorrupción.

Tras su cese como subdirector general de la Policía, Díaz-Pintado fue fichado como jefe de Seguridad del Grupo Dico, una de las constructoras que presuntamente pagó mordidas a cambio de adjudicaciones de obras, propiedad de dos empresarios muy cercanos a Granados: Julián Jiménez de los Canales, alias el Tachuela, y Francisco Colado. Todos ellos mantenían estrechos vínculos con otro de los presuntos cerebros de la red corrupta, el empresario David Marjaliza, alias Mortimer, también detenido en la macrorredada policial del pasado lunes.

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David Merino, ex director general del Grupo Dico, ha confesado que, en 2007, él mismo acompañó a Díaz-Pintado y a otro directivo de la constructora, Jesús Reyes, a retirar 2,5 millones de euros en efectivo en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para el pago de comisiones como contraprestación por un proyecto para levantar 120 chalets en la localidad madrileña de Valdemoro, de la que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003. Esa mordida, según Merino, se la repartieron, entre otros, el sucesor de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro, José Miguel Moreno, y los "responsables técnicos municipales con facultad de visar el proyecto".

La confesión de Merino está recogida en un acta notarial firmada por él mismo, en la que detalla cómo se orquestó el pago de aquel millonario soborno. El acta se acompaña de un manuscrito redactado por el propio exdirectivo del Grupo Dico en el que relata cómo fue testigo de esos pagos y el modus operandi de la trama. Merino asegura que participó en varias cacerías, organizadas por el Tachuela y Colado, en las que se negociaron las obras y contratas a repartir y el monto de las comisiones a pagar. Toda esa documentación está ya en poder de la Fiscalía Anticorrupción.

Agentes de la Policia Local permanecen a las puertas del Ayuntamiento de Valdemoro. (Reuters)
Agentes de la Policia Local permanecen a las puertas del Ayuntamiento de Valdemoro. (Reuters)

A esas cacerías, pagadas por el Tachuela y Colado, asistían, entre otros, Granados, Marjaliza y el propio comisario Díaz-Pintado, además del constructor Ramiro Cid Sicluna, uno de los reyes del ladrillo de Valdemoro. Otro de los habituales en esas fastuosas monterías, animadas con comida gourmet, vinos gran reserva y partidas de póker hasta altas horas de la madrugada, fue el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, fallecido en 2008. García-Calvo, gran aficionado a la caza, era de ideología ultraconservadora y llegó a ser gobernador civil y jefe del Movimiento en Almería durante la dictadura franquista.

Durante el juicio por los atentados terroristas del 11-M, celebrado cuando Díaz-Pintado ya era director de Seguridad del Grupo Dico, el comisario dejó en evidencia a Ángel Acebes, ministro del Interior el día de la masacre y hoy imputado por el presunto uso de fondos de la caja B del PP para la compra de acciones de Libertad Digital. Díaz-Pintado aseguró ante el tribunal que Acebes supo a las 18.00 horas del día de la masacre que el explosivo utilizado en los atentados no era Titadine, utilizado habitualmente por ETA. Pese a ello, el entonces ministro insistió en atribuir la autoría a la banda terrorista.

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