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Gallardón ‘chupa cámara’ con una propuesta sobre aforados imposible
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HACE UN AÑO SE MOSTRÓ EN CONTRA DE LA MISMA MEDIDA

Gallardón ‘chupa cámara’ con una propuesta sobre aforados imposible

El titular de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, el segundo ministro peor valorado por los ciudadanos en el CIS, se suma a la ola de la regeneración

Foto: El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (Efe).
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (Efe).

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el segundo ministro peor valorado por los ciudadanos en el CIS, arrancó ayer el curso político con una propuesta que se desliga de las iniciativas que más le han hundido en las encuestas, sobre todo la no nacida reforma de la ley del aborto –en el alero desde Navidad-, y con la que se suma, de forma sorprendente, a la ola regeneracionista que se impone a fuerza de necesidad entre los dos grandes partidos y que tanto reclaman los ciudadanos, hartos de la corrupción endémica del sistema. Un año después de reprobar en el Congreso la propuesta de UPyD para acabar con el privilegio del aforamiento que ostentan miles de cargos públicos, Gallardón hizo ayer suya la iniciativa para hablar por primera vez de limitar esa condición a solo 22 altos cargos: el presidente del Gobierno, de las autonomías y de las Cortes, además de los presidentes del Tribunal Supremo y Constitucional junto a los miembros de la Familia Real.

En una entrevista concedida al diario El País y al periodista José Manuel Romero, a quien le une desde hace años una estrecha relación personal, Gallardón aprovecha para adueñarse de un anuncio que, en cierto modo y sin mayor concreción, ya puso encima de la mesa el propio Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP del pasado 30 de junio. Gallardón aporta, eso sí y por primera vez, una nueva cifra pormenorizada sobre el número de personas acogidas a este estatus especial en nuestro país: 17.621 aforados sin contar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (289.159 personas). Una cifra muy por encima de los 10.000 que, hasta la fecha, había denunciado la portavoz de UPyD, Rosa Díez.

El ministro se vale del altavoz de El País para sumarse a la regeneración democrática, poniendo en circulación el debate sobre los aforados que él mismo dinamitó, hace un año, en una interpelación parlamentaria de la propia Díez. Entonces, Gallardón rechazó cualquier posibilidad de quitar el aforamiento a jueces, magistrados y fiscales (unos 7.000 casos) y aseguró que este tema no iría en la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Ya le digo de antemano que el propósito del Gobierno es mantener el mismo régimen de aforamiento para jueces y fiscales que en estos momentos tenemos vigente”, aseguró entonces, en junio de 2013.

De hecho, en aquella sesión parlamentaria, Gallardón limitó la capacidad de maniobra del Gobierno en esta materia a solo 57 casos. “Se lo voy a decir directamente –dijo-. Podemos reformar (el aforamiento de) la treintena de miembros del Consejo de Estado, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal Constitucional, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal de Cuentas y podemos suprimir el aforamiento del Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Señoría, de 10.000 a 57. Sobre 57 personas en España esta Cámara puede legislar para suprimirles su situación de aforamiento. Me pregunto y le pregunto, ¿de verdad cree que el aforamiento de esos 57 ciudadanos perturba gravemente el funcionamiento de la democracia española?”.

Gallardón vuelve a reconocer en su entrevista con el diario de PRISA que reducir los aforamientos a solo 22 casos requiere un cambio constitucional y el concurso de las comunidades autónomas, que deben reformar sus estatutos de autonomía para arrebatar ese privilegio a sus diputados autonómicos y otros cargos públicos. Y es ahí donde radica la imposibilidad de este anuncio del ministro en un momento en el que las legislaturas autonómicas están agotadas y en plena precampaña de las próximas elecciones de mayo.

En lo que refiere a la reforma de la Carta Magna, el Gobierno sí encontró ayer apoyo en el PSOE de Pedro Sánchez, que vio bien la medida –él mismo la había defendido en el debate con Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias de julio- y que incluso abogó por ir más allá y suprimir también los indultos políticos.

Rosa Díez, por su parte, se sumó con sarcasmo a la iniciativa del exalcalde madrileño. “Echaremos una mano de inmediato al Gobierno para recortar aforados, pero que no olvide que UPyD puso este debate sobre la mesa”, señaló. “Lo peor son las mentiras y ya veremos si es una mentira este anuncio y es meramente propagandístico –advirtió-. Que no se escuden en las comunidades autónomas y que empiecen dando ejemplo con todos los cargos que son de la competencia del Gobierno y de las Cortes”, ha lanzado Díez al Ejecutivo.

Si en su día, cuando UPyD puso este asunto sobre el tapete político llovieron las críticas a la formación magenta, ahora hay general consenso en torno a lo acertado de la propuesta. El Gobierno de Aragón se mostró “claramente partidario”; la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, se mostró partidaria de “tomar medidas” en la materia; Cayo Lara, por su parte, abogó por ir más allá y no dejar ni un solo aforado pese a que el año pasado, en el mismo debate con UPyD, Izquierda Unida también votó en contra de las tesis de Díez. El madrileño Ignacio González, por su parte, fue el único que se salió de la ortodoxia oficial para incidir en que lo prioritario es agilizar la justicia y no el tema de los aforados, sobre lo que dijo que existen discursos “falaces y cínicos”.

La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, no quiso entrar al detalle de la propuesta gubernamental y apeló a la “prudencia” para saber, primero, qué opinan el resto de los grupos políticos, así como las instituciones con las que también habría que discutir esta cuestión. “Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate”, explicó Sáenz de Santamaría.

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