NO INCLUYEN AL REY don juan carlos

De 10.004 a 600: UPyD quiere reducir los aforados a lo que dice la Constitución

De 10.004 a poco más de 600. Así de contundente es la receta del partido de Rosa Díez para acabar con el récord mundial en aforados que ostenta España

Foto: Felipe VI abraza a su padre, el Rey Juan Carlos, durante su aparición en el balcón del Palacio Real. (Efe)
Felipe VI abraza a su padre, el Rey Juan Carlos, durante su aparición en el balcón del Palacio Real. (Efe)

De 10.004 -con el Rey Juan Carlos como probable último miembro en entrar en esta privilegiada lista- a poco más de 600. Así de contundente es la receta de UPyD para acabar con el récord mundial en aforados que ostenta España y que pasa, simple y llanamente, por cumplir al pie de la letra lo que marca la Constitución de 1978, que solo contempla esta figura para el presidente del Gobierno, los ministros de su gabinete y para los diputados y los senadores. En sentido contrario al camino emprendido por el PP, que pretende proteger al rey saliente en un tiempo récord, la formación que dirige Rosa Díez no solo considera que no hace falta conceder este privilegio a Don Juan Carlos sino que, además, ha formulado dos enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para asestar un buen tijeretazo a la lista de los 10.000.

UPyD considera que más allá del Gobierno y los parlamentarios no se debe aforar a nadie más “en tanto no se acometa la oportuna reforma constitucional”. Y añade, en este sentido, que en un Estado “que se define como social y democrático de Derecho”, no tienen cabida “los privilegios, como ocurre con el caso de la figura del aforamiento, que además provoca importantes disfunciones en la labor de la Justicia y obstaculiza la lucha contra la corrupción política”. “No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros nuevos”, concluye el texto que han presentado en el registro de la Cámara Baja. La próxima inclusión de Don Juan Carlos, perdida ya su condición de inviolable, llega dos meses después de que, tras la imputación de la infanta Cristina por el juzgado de Palma de Mallorca, el Gobierno se apresure aforar a la Reina Sofía y a los Príncipes de Asturias.

Rosa Díez, líder de UPyD. (Efe)
Rosa Díez, líder de UPyD. (Efe)

La Ley Orgánica del Poder Judicial estipulaba el aforamiento, hasta ahora, para los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. La propia Constitución, en su artículo 71, establece también que los diputados y senadores estarán sometidos a una jurisdicción especial y que no podrán ser acusados formalmente sin el permiso (suplicatorio) de la cámara correspondiente. Asimismo, el artículo 102 de la Carta Magna extiende esta protección al presidente y al resto de miembros del Ejecutivo.

El único partido que, de momento, ha presentado batalla en este asunto es UPyD, que ya el año pasado presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se debatiese en el pleno la reducción al mínimo de los beneficiarios de esta protección, que consideraba “un privilegio arcaico”, incompatible con los principios que deben regir los “Estados contemporáneos y democráticos”.

La formación se hace eco ahora de cómo esta figura no existe o ha sido erradicada en numerosos países del entorno, mientras en España “ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado”.

Las enmiendas de UPyD aseguran que el aforamiento “carece de sentido en las democracias modernas, una vez asentado el principio de la separación de poderes y el de la independencia del poder judicial”. “La figura del aforamiento y otras prerrogativas parlamentarias tienen su origen en los albores de la democracia, en los que existía una cierta desconfianza por parte del poder legislativo respeto de la injerencia del ejecutivo o del judicial”, recuerda la formación magenta.

La Reina Sofía y la Infanta Elena, durante los actos de proclamación del nuevo Rey. (Efe)
La Reina Sofía y la Infanta Elena, durante los actos de proclamación del nuevo Rey. (Efe)

En Italia y Portugal, sólo uno

La legislación atribuye a los estatutos de autonomía la capacidad de extender esta protección a los cargos de sus instituciones, potestad que todas las normas autonómicas han aprovechado. En su mayoría, han ampliado el aforamiento a los diputados y a los miembros de los ejecutivos regionales, pero en algunos casos también se ha ampliado esta ventaja procesal a los defensores del pueblo regionales y a sus adjuntos, a los diputados provinciales e incluso a los funcionarios de las policías autonómicas. El resultado es un número estratosférico de aforados que sitúa a España a la cabeza del mundo en esta particular clasificación.

La cifra total ronda las 10.000 personas, según las estimaciones de los catedráticos de Derecho Procesal Iñaki Esparza y Juan Luis Gómez Colomer, autores de una profunda investigación sobre esta prerrogativa condensada en el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, editado por Tirant Lo Blanch. No obstante, Gómez Colomer, que ejerce en la Universidad Jaume I de Castellón, eleva el dato hasta las 250.000 personas por la consideración especial que tienen los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El número contrasta con los casos del Reino Unido y Alemania, donde no existe esta figura procesal, según afirman los autores. En Francia, señalan ambos profesores, se limita al presidente de la República y a los miembros del Gobierno. Y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías los presidentes de la República.

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