un único expediente acorrala al psoe

La UDEF y la Fiscalía implican a la Junta en el fraude de los cursos antes de lo previsto

La operación Edu sobre el presunto fraude masivo de las ayudas para la formación de trabajadores cometido en Andalucía durante los últimos años avanza a velocidad de crucero.

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (Efe)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (Efe)

La operación Edu sobre el presunto fraude masivo de las ayudas para la formación de trabajadores cometido en Andalucía durante los últimos años avanza a velocidad de crucero. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga de tomar declaración en los próximos días en calidad de imputados a altos cargos de la Junta por su supuesta relación con la estafa ha situado el caso en un punto que ni siquiera preveían los cálculos más optimistas a estas alturas del procedimiento.

La investigación dio sus primeros pasos hace dos años, pero la falta de medios materiales y humanos y la escasa determinación que mostraba la Fiscalía habían impedido a los funcionarios del Servicio de Inspección de la Seguridad Social y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía recopilar los indicios necesarios para esclarecer una presunta malversación de fondos públicos que, según las primeras estimaciones de los investigadores, podría alcanzar los 2.000 millones de euros.

Los investigadores decidieron iniciar las actuaciones centrándose en un único expediente de concesión de ayudas de la provincia de Málaga que apenas sumaba 1,7 millones de euros y sólo tenía una veintena de beneficiarios, una gota entre los más de 8.000 expedientes de formación aprobados por la Junta entre 2007 y 2013 –la duración del último programa para el empleo del Fondo Social Europeo– y una pequeña parte de los 2.875 millones que Bruselas entregó en total a Andalucía durante ese periodo para sufragar la formación para el empleo.

Comenzar por los empresarios

El objetivo de los investigadores era que los hallazgos de ese primer expediente de Málaga les permitieran extender progresivamente al ámbito de las pesquisas a otros puntos de Andalucía sobre los que también manejaban pruebas y testimonios de posibles fraudes con las ayudas para la formación. Sus planes pasaban por centrar las pesquisas en los administradores de las empresas privadas que habían recibido financiación para cursos que no cumplieron los requisitos para ser subvencionados o que directamente nunca llegaron a celebrarse. En ningún caso se barajó la posibilidad de que la operación Edu apuntara en una fase tan embrionaria a los altos cargos de la Junta encargados de gestionar esos fondos, a pesar de que los agentes disponían de pruebas que indicaban que su participaron fue necesaria para que la estafa pudiera cometerse.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. (Efe)
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. (Efe)

Pero las conclusiones a las que han llegado los policías de la UDEF tras el análisis de esa única convocatoria de Málaga han sido tan contundentes que los acontecimientos han acabado precipitándose. El Ministerio Público no sólo considera que existen indicios sólidos de que funcionarios y dirigentes de la Administración andaluza pudieron participar en el reparto fraudulento de las subvenciones públicas para la formación de trabajadores. También ha encontrado argumentos suficientes para sostener que la malversación de los fondos pudo cometerse en otras provincias de Andalucía, y no sólo en Málaga.

Prevaricación y tráfico de influencias

Partiendo de las pruebas aportadas por la UDEF, el Ministerio Público sostiene que existen serios indicios de que los perceptores de las subvenciones pudieron cometer delitos “de falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de la personalidad de determinados tutores o de gastos supuestamente producidos”; y que los responsables de otorgar las subvenciones incurrieron supuestamente en delitos de “prevaricación” o “tráfico de influencias” por concedérselas a entidades que no estaban “capacitadas para formación profesional, incumplieron de forma generalizada el compromiso de contratación [que estipulaban algunos expedientes] o por absoluta falta de control de la ejecución” de los cursos financiados.

El informe de la UDEF sobre ese primer expediente ha arrojado más consecuencias. La Fiscalía de Málaga ha remitido a sus colegas de Almería y Sevilla los datos que apuntan a que el fraude también habría afectado a estas demarcaciones con la implicación igualmente de altos cargos de la Junta. Los nombres de esos dirigentes de la Administración andaluza no han trascendido, pero los informes elaborados por la UDEF apuntan a los delegados de la Consejería de Empleo en cada una de las provincias afectadas y a los máximos responsables de la Dirección General de Empleo durante los años en los que se centra la investigación en esta primera fase, de 2009 a 2011.

Según las fuentes consultadas por este diario, las diligencias de investigación fueron remitidas el pasado martes por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al Juzgado de Instrucción número 14 de la propia ciudad de Málaga al creer por error que era el que estaba en ese momento de guardia. Finalmente, el Decanato de los Juzgados se lo ha asignado por sorteo al Juzgado de Instrucción número 8, que tendrá que decidir en los próximos días si la denuncia presentada por el Ministerio Público debe dar lugar a la apertura de un procedimiento judicial y deben ser llamados a declarar en calidad de imputados los cargos señalados en las diligencias previas.  

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