POR presunta ESTAFA, FALSEDAD Y PREVARICACIÓN

La Fiscalía pide imputar a altos cargos de la Junta andaluza por el fraude de la formación

La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado la declaración en calidad de imputados de "aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones"

Foto: Imagen de archivo de Susana Díaz con Chaves y Griñán (Efe)
Imagen de archivo de Susana Díaz con Chaves y Griñán (Efe)

El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha pedido imputar a altos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude en los cursos de formación tras haber detectado “irregularidades en la obtención de las subvenciones y en la aplicación de los fondos recibidos”. La solicitud de imputación también se eleva los funcionarios que otorgaron estas ayudas.

Los hechos, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Confidencial, pueden constituir delitos en el fraude de subvenciones del artículo 308, estafa del artículo 248, falsedad documental de los artículos 390 y siguientes, prevaricación del artículo 404 o de tráfico de influencias del artículo 428, todos ellos del Código Penal.

El Ministerio Fiscal hace referencia al informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) en el que se observa en la mayor parte de los beneficiarios de las subvenciones “graves incumplimientos” en los que requisitos que la legislación sobre este tipo de ayudas públicas establece.

La Policía constata supuestos incumplimientos generalizados del compromiso de contratación y la llamada práctica de “caza de subvenciones” por parte de algunas de las empresas beneficiarias, además de “la falta de solvencia y experiencia en la formación en algunas de esas personas físicas y jurídicas que reciben la ayuda pública”.

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Fue la UDEF quien remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, con fecha 6 de mayo de 2013, en el que se daba cuenta de presuntas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones por parte de determinadas personas físicas y empresas en los planes de promoción de empleo ejecutados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía.

En este informe se aludía a la Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del SAE de 15 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 3 de enero de 2011) en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a un total de 20 personas físicas y jurídicas por un importe de 1,7 millones de euros. Esta resolución se inscribe, según la Fiscalía, “en el marco de las subvenciones del Programa 32D sobre Formación Profesional Ocupacional como acciones de formación profesional con compromiso de contratación”.

“Si te falsifican, te falsifican”

Esta orden de la Junta de Andalucía la firma Juan Carlos Lomeña, entonces director provincial de SAE en Málaga y delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en esta provincia entre 2004 y 2011. Lomeña es hombre de confianza del PSOE de Málaga de Marisa Bustinduy, exportavoz en el ayuntamiento de la capital malagueña y actual responsable de Turismo en la Ejecutiva Regional socialista que preside Susana Díaz. Previsiblemente, una de las imputaciones pedidas por la Fiscalía será la de Lomeña.

Lomeña, en declaraciones a El Confidencial, argumentó que las solicitudes de los cursos de formación se daban “por concurrencia competitiva además de acreditar la documentación”. El exdelegado de Empleo en Málaga también admitió que se podrían haber dado algunas irregularidades. “La falsificación puede aparecer en cualquier momento. Si te falsifican, te falsifican. A ti y al sursum corda”, señaló a este diario.

14,6 millones en Almería

El escrito de la Fiscalía también resalta que según la UDEF se han producido irregularidades similares en otras provincias andaluzas, aparte de Málaga, como Almería dentro del programa presupuestario 32D que han beneficiado “a determinadas personas, destacándose el caso de un mismo beneficiario que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades y entidades a él vinculadas por un importe de 14,6 millones de euros”. La investigación de estas ayudas se ha remitido a la Fiscalía de Sevilla al ser la Dirección General de Empleo de la consejería la que concedió estas ayudas.

La Fiscalía de Málaga también ha recibido un informe de la UDEF con el número 36.227/14, de fecha 6 de abril de 2014 en el que se analizan los expedientes de subvención nacidos de la Resolución de diciembre de 2010 “distinguiendo presuntos hechos ilícitos cometidos por los beneficiarios de las subvenciones –falsedad en la presentación de los documentos–, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de la personalidad de determinados tutores, gastos supuestamente producidos e irregularidades en el otorgamiento y control de las subvenciones”.

Informe de la Cámara de Cuentas

El informe de la Policía que incluye el Ministerio Fiscal señala a su vez la “falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación o absoluta falta de control de la ejecución de los cursos”. 

El fiscal López Caballero ha tenido asimismo en cuenta el informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía investigado por la Fiscalía Superior de Andalucía relativo a la Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la Formación Profesional para el Empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. Ejercicios 2009-2010. La Policía está recogiendo una ola de denuncias sobre este fraude masivo.

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