Mas exige al Gobierno dejar a Cataluña fuera de cualquier reforma del Estado

Los nacionalistas catalanes llevan el desafío independentista a todos los trámites parlamentarios y legislativos que se desarrollan en las Cortes. En el Senado han planteado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, su rechazo a participar en los planes de reforma de la Administración, han exigido la supresión en Cataluña de los “órganos periféricos del Estado” y han sostenido la teoría de que la ley orgánica para la sostenibilidad de la Administración local en trámite no se puede aplicar en esa comunidad.

Mientras Artur Mas estira el debate sobre la consulta para la secesión, los portavoces secundarios de CiU en el Parlamento repiten el discurso del choque institucional, aunque Josep Antoni Duran procure mantener las formas en el Congreso. “La reforma local no se puede aplicar en Cataluña porque es una competencia exclusiva fijada en el Estatuto y la recurriremos si el Gobierno pretende hacerlo”, advirtió en el Senado la portavoz de los nacionalistas catalanes en la Comisión Constitucional y dirigente de Convergència Maria Rieradevall.

La senadora defendió la teoría de que el Estatuto catalán prevalece ya sobre la legislación básica que la Constitución reserva para las Cortes, como es el caso de la vigente ley de bases de régimen local y la correspondiente reforma en trámite que vendrá a enmendarla a partir del 1 de enero de 2014. Los nacionalistas pretenden que los municipios, las diputaciones y las mancomunidades catalanas se queden al margen de la reforma y que sea la Generalitat la institución que se ocupe de los cambios que estime convenientes, entre ellos el de pasar de las cuatro diputaciones actuales a siete veguerías.

La vicepresidenta del Gobierno acudió al Senado a presentar el informe sobre la reforma general del Estado aprobado como tal, y no como proyecto de ley, en Consejo de Ministros porque es un guion para racionalizar la estructura del Estado, además de ahorrar y simplificar su funcionamiento con el fin de duplicidades, supresión de organismos y eliminación de trámites burocráticos. Como afecta a las competencias de las comunidades autónomas y sus estatutos blindados de la etapa de Zapatero en el poder, el Gobierno tiene que apelar al diálogo y la cooperación con todas las instituciones afectadas para acometer la tarea.

De las intervenciones de todos los grupos en la Cámara, se deduce ya que la misión se presenta complicada. La izquierda se resiste a la reducción del aparato político del Estado en cualquier ámbito y los nacionalistas se amparan en los estatutos de autonomía para seguir con sus proyectos de aumentar o levantar sus “estructuras de Estado”. La más clara fue la representante de CiU. Además de insistir en que las Cortes ya no pueden legislar sobre las instituciones locales en Cataluña, pidió al Gobierno que se empiece a retirar de la comunidad lo que queda de la Administración general, “la supresión de los órganos periféricos” y propuso que, para ahorrar, se empiece por suprimir el 20 por ciento del personal de la misma.

En el debate, Sáenz de Santamaría reconoció que ya había hablado con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, sobre la aplicación de la reforma local en Cataluña para recordarle que es una ley de bases y, como tal, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones. “Una cosa es el rango de las leyes y otra la competencia”, dijo la vicepresidenta del Ejecutivo, dado que la senadora de CiU repetía que el Estatuto catalán está por encima de una ley orgánica. “La normativa básica tiene que ser respetada”, sentenció, además de explicar que la Generalitat podrá legislar en la materia, pero de forma complementaria.

A Soraya Sáenz de Santamaría no le gustó la acogida de los grupos de la oposición al informe del Gobierno. Sus portavoces, de izquierdas y nacionalistas, se quedan en la denuncia de que es un intento de “recentralizar el Estado” y proponen grandes debates sobre cambios en la Constitución o de marco legislativo. Pero no les interesa el detalle del nuevo reparto de competencias y servicios, el fin de las duplicidades y la modernización de los trámites burocráticos.

La vicepresidenta llegó a pedir a los intervinientes que se ocuparan más de los problemas de la gestión del Estado y de cómo dar un mejor servicio a los ciudadanos que de los grandes discursos teóricos. “Si gastamos menos en estructuras, igual podemos invertir más en infraestructuras y servicios”, remachó.