la reforma de la administración local

El Gobierno aplaza a 2015 el recorte de cargos en los ayuntamientos sin déficit

Los ayuntamientos han arrancado al Gobierno una prórroga en el recorte de cargos y asesores, pero sólo para los municipios en superávit y sin deudas

Foto: El presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna (i), junto al portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso. (EFE)
El presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna (i), junto al portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso. (EFE)

Los ayuntamientos han arrancado al Gobierno una prórroga (lo que queda de legislatura) para cumplir con las obligaciones de recorte de cargos públicos, personal eventual y régimen de retribuciones que incluye la reforma de la Administración local que se tramita en el Congreso. Pero para conseguir esa demora, el Ejecutivo fija a su vez unas condiciones que ahora cumplen muy pocos: cuentas sin déficit, mínima deuda pública y el abono de sus facturas en menos de un mes.

El Gobierno logró el apoyo a su proyecto de ley de la Federación Española de Municipios y Provincias como institución que representa al conjunto de los ayuntamientos, pero con el compromiso de cambiar algunos puntos en el trámite de enmiendas. La FEMP pedía más tiempo para adaptarse al nuevo modelo de reparto de competencias y servicios, más la reducción del aparato político y burocrático de los ayuntamientos, que traerá la entrada en vigor de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ahora un total de 21 enmiendas al proyecto del Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos, que incluyen una nueva disposición transitoria con el pacto de la citada prórroga. El Gobierno cede sobre el plazo de aplicación de los recortes en “retribuciones, personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva” que fija el proyecto original (el próximo año) para permitir que todo siga igual hasta junio de 2015.

Como las próximas elecciones municipales son en mayo de 2015, los actuales consistorios quedan eximidos de aplicarse las reducciones de altos cargos, asesores y demás puestos de libre designación que incluye el proyecto de ley y serán los ayuntamientos elegidos dentro año y medio los que tengan que aplicarlos.

De todas formas, los requisitos establecidos por el Gobierno limitan la prórroga a las corporaciones modélicas en su gestión, en concreto a las que “cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su periodo medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo previsto de la normativa de morosidad”.

Pp presupuestos
Pp presupuestos
Según fuentes del Grupo Popular, la medida no repercutirá apenas (alrededor de un 1%) en los cálculos de ahorro que hace el Gobierno por la entrada en vigor de la reforma local: cerca de 8.000 millones en los dos primeros ejercicios. El grueso de la reducción del gasto local está cifrado en las medidas de agrupación de servicios municipales en las diputaciones.

El Ministerio de Hacienda se reserva el control sobre las cuentas, la deuda pública acumulada y la marcha del pago de facturas para “verificar” si los ayuntamientos cumplen o no los requisitos para aplazar hasta la siguiente legislatura la reducción de su aparato político y burocrático.

Además, la disposición adicional establece que los ayuntamientos sin déficit y solventes en pagos “en ningún caso” podrán aprovechar para “incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012”.

El Gobierno espera conseguir los mayores ahorros en la reforma de la Administración local gracias al nuevo reparto de competencias y al objetivo de poner fin a las duplicidades en la prestación de servicios a los ciudadanos. Las comunidades autónomas se tendrán que hacer cargo de los apartados completos de sanidad y educación.

El pilar económico de la reforma reside en el principio de que las diputaciones provinciales coordinen y agrupen la prestación de los servicios municipales de localidades con población inferior a los 20.000 habitantes que ahora lo hacen a unos costes muy altos. En concreto, la ley cita la recogida y el tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria, el acceso a los núcleos de población, la pavimentación de vías urbanas y el alumbrado público.

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