Rajoy propone suprimir defensores del pueblo, cámaras de cuentas... y reducir parlamentos

El informe sobre la reforma de la Administración elaborado por el Gobierno incluye la recomendación de suprimir parte del aparato político y burocrático montado por la mayoría de los Gobiernos autonómicos en las últimas dos décadas. El Ejecutivo identifica como organismos que hacen las mismas funciones que sus correspondientes en la Administración central, "entre otros" a defensores del pueblo, Tribunales o Cámaras de Cuentas, agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, servicios cartográficos u órganos de defensa de la competencia.

En el texto se constata, previo análisis del coste y funcionamiento de las instituciones citadas, que el órgano central correspondiente ya presta o puede prestar los mismos servicios "con igual o mejor calidad", por lo que recomienda que sus funciones sean asumidas por la Administración General del Estado.

La auditoría-informe que va a aprobar el Consejo de Ministros apela al principio de "una Administración, una competencia" para proponer 118 medidas para acabar con duplicidades y emplazar a los Gobiernos regionales a tomar sus propias decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos. Incluso invita a todas las autonomías a seguir el ejemplo de las que, como Galicia o Madrid, se plantean tener asambleas legislativas con menos diputados.

No todo son supresiones y recortes directos en las Administraciones: el proyecto del Gobierno contiene propuestas para compartir medios entre los tres niveles del Estado (central, autonómico y local) "desde las oficinas en el exterior (que se integren en las embajadas) hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos". El informe da una gran importancia a las iniciativas de reforma en materia de contratación pública, "en la medida en que, además de incrementar la eficiencia, suponen una importante mejora del servicio que se presta a los ciudadanos y las empresas".

La gran incógnita sobre los planes de reforma de la Administración es cómo podrá el Gobierno imponer la reducción del aparato político, administrativo y burocrático (los servicios para el ciudadano no se tocan) a los Ejecutivos regionales cuando las autonomías tienen sus competencias blindadas. Según reconocen en fuentes gubernamentales, el Ejecutivo carece de poderes para aplicar esos cambios, pero siempre le queda el recurso de invocar primero y aplicar después la ley de estabilidad presupuestaria que desarrolla el nuevo precepto constitucional en la materia. 

"El informe son propuestas muy concretas y si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones de la estabilidad presupuestaria e incurre en déficit excesivo serán la guía para obligarla a que cumpla". Así lo definen los responsables de la auditoría para insistir en la misma insinuación lanzada por Cristóbal Montoro: los Gobiernos regionales que cumplan con las recomendaciones de la reforma tendrán mejor trato a la hora del reparto de déficit. Hacienda tiene el grifo de la financiación y la ley de estabilidad presupuestaria faculta al Ejecutivo central incluso para intervenir la gestión económica de una autonomía.

Pese a esas advertencias, en fuentes del Gobierno insistieron en que negociarán sobre el documento de la reforma con todas las autonomías en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para primeros de julio. El informe plantea también reformar 57 organismos públicos de la Administración General del Estado, suprimir hasta 90 observatorios autonómicos y estatales y liquidar 10 consorcios y una veintena de fundaciones públicas.