Los violadores y asesinos libres tras el fin de la Parot no podrán ser controlados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene en su mano la excarcelación automática de 54 reclusos de ETA y de más de 14 violadores y asesinos en serie, entre otros criminales. Las noticias que llegan desde Estrasburgo no son alentadoras. El Gobierno prevé que la Gran Sala de Estrasburgo decrete oficialmente el próximo lunes 21 la ilegalidad de la doctrina Parot, la interpretación del cómputo de penas acuñada por el Tribunal Supremo en 2006 que ha permitido prolongar la estancia en prisión de algunos de los delincuentes más monstruosos de la historia reciente de España.

A pesar de la confusión generada en los últimos días, fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario aseguran que la decisión del TEDH será completamente vinculante para la legislación nacional y que la única posibilidad de que no se produzca la excarcelación masiva de todos los condenados a los que se les ha aplicado la doctrina Parot es que los jueces encuentren una fórmula para sortear el dictamen de Estrasburgo. Pero, según los expertos consultados, esa opción no existe, por peligrosa que sea la libertad de esos criminales.

El debate se ha centrado hasta ahora en el futuro de los reclusos de ETA, el colectivo más numeroso de todos los que quedarían libres si el TEDH da la razón a la etarra Inés del Río, autora de la denuncia que ha terminado desencadenando este proceso. Pero el alto el fuego permanente decretado por la dirección de la organización terrorista en octubre de 2011 puede neutralizar la amenaza que supondría la excarcelación de ese más de medio centenar de terroristas. Sin embargo, en el caso de los violadores y asesinos en serie que saldrían a la calle, existen dudas más severas sobre el éxito de la resocialización a la que en teoría han sido sometidos.

Crímenes especialmente atroces

Después de todo, entre los criminales que se beneficiarían del finde la doctrina Parot se encuentran autores de crímenes tan atroces y mediáticos como Miguel Ricart Tárrega, único condenado por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser, Juan Manuel Valentín Tejero, asesino y violador de la niña de nueve años Olga Sangrador, y Pedro Luis Gallego Fernández, más conocido como el violador del ascensor, que agredió y mató a dos jóvenes en Burgos y Valladolid. También se halla en la misma situación Pablo García Ribado, responsable de al menos 74 violaciones cometidas en Madrid entre 1990 y 1993. Sólo la doctrina Parot ha evitado que ya estén fuera de las cárceles, debido a la aplicación de beneficios penitenciarios.

El Gobierno es consciente de que los jueces no tienen margen de maniobra. “Una vez que hayan cumplido sus condenas, no se puede aplicar ninguna medida contra ellos. La ley no lo permite”, asegura el juez Joaquim Bosch, portavoz de la asociación profesional de magistrados Jueces para la Democracia. “No se pueden limitar los derechos de una persona que ya ha saldado su pena por el mero hecho de que existan sospechas sobre la posibilidad de que vuelvan a actuar. Para una labor de prevención ya existen las Fuerzas de Seguridad del Estado”, concluye.

De la misma opinión es José Luis González Armengol, portavoz de laAsociación de Jueces Francisco de Vitoria: “Lo único que existe es la prohibición de acercarse a cierta distancia de las víctimas o vivir en el mismo municipio que ellas, pero eso sólo es posible si en su día se fijó esa limitación en la condena. En todo caso, no se solucionaría nada porque los violadores y asesinos podrían seguir actuando en otros sitios. Y en el resto de los casos, directamente no hay ninguna medida que se les pueda aplicar con el ordenamiento español en la mano”.

España deberá asumir la decisión

El control telemático mediante pulsera electrónica sólo se contempla en el caso de condenados que salgan a la calle con permisos o con el tercer grado penitenciario. Si la pena de prisión queda saldada, algo que ocurrirá en el caso de al menos 14 violadores y asesinos –otras fuentes elevan la cifra por encima de la treintena–, el Estado sólo podrá intervenir en caso de que cometan otro crimen. “La experiencia demuestra que los violadores, asesinos o psicópatas pueden volver a delinquir cuando salen de prisión, pero una vez que cumplen su condena no hay armas jurídicas para evitarlo”, insiste González Armengol.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, que también es decano de los Juzgados de Madrid, precisa que la resolución de Estrasburgo “no es ejecutiva pero deberá ser asumida por la legislación nacional, en la medida en que España es un país democrático y firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, circunstancias que le obligan”. Fuentes de Interior puntualizan que cada uno de los reclusos tendría que solicitar individualmente la revisión de su condena, pero sólo sería cuestión de tiempo que todos ellos iniciaran el proceso para volver a dormir en sus casas.

La Abogacía del Estado advirtió en marzo a los magistrados del TEDH, cuando se celebró la vista de recurso a la primera decisión del tribunal contra la doctrina, de la alarma social que generaría en España la salida a la calle de todos estos delincuentes comunes, aunque parece que ese argumento no ha convencido a los jueces de Estrasburgo.