El fiscal pide imputar a Oriol Pujol mientras Artur Mas convoca una cumbre anticorrupción

Lo que más temía Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se ha cumplido: la Fiscalía ha pedido ya la imputación del secretario general del partido,Oriol Pujol, en la trama de las ITV. Esta trama está formada por un grupo de empresarios que maniobraban para obtener concesiones ilícitas de estaciones de inspección técnica de vehículos para recibir cuantiosas subvenciones de la Administración autonómica y obtener concesiones de inspecciones industriales, y para cobrar elevadas sumas intermediando entre la Generalitat y empresas multinacionales que querían deslocalizarse.

Los informes policiales que obran en el sumario son contundentes e implican a Pujol en la trama. La propia Policía incluso le situaba en la cúspide del organigrama de la misma. El político es, además, presidente del grupo parlamentario de CiU en la cámara autonómica. La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, también cobró cientos de miles de euros por asesoramiento a la principal empresa implicada en el escándalo.

La Fiscalía ya había decidido hace unas semanas pedir la imputación, pero era necesario que, previamente, el fiscal encargado del caso, Fernando Maldonado, consultase y recibiese luz verde tanto del fiscal Anticorrupción como del Fiscal General del Estado. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien decida si acepta la imputación, ya que Pujol es aforado, al ser diputado autonómico. Hasta el momento, sólo estaban imputados los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor, Ricard Puignou, el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el responsable de elaborar un nuevo mapa de ITVs y alto cargo de Convergència Josep Tous. Todos ellos fueron detenidos en marzo del año pasado.

En la cúspide de la trama

La decisión de la Fiscalía se basa en los abrumadores indicios que existen en el sumario, que apuntan a que Oriol Pujol no sólo era conocedor de todas las maniobras de la trama, sino que además participaba en algunas de ellas impartiendo consignas o moviendo los hilos desde su privilegiada atalaya de secretario general de CDC y de presidente del grupo parlamentario convergente. De ahí que la acusación que se le hace sea la de tráfico de influencias. Con su influencia, uno de los implicados, Sergi Pastor, esperaba ser nombrado miembro de consejos de administración de empresas y de instituciones como el Colegio de Ingenieros para poder controlar parcelas de poder desde allí.

Oriol fue grabado por los investigadores en varias ocasiones mientras se reunía con los principales cabecillas, tanto en restaurantes de Barcelona como en el domicilio particular de Alsina, que había sido su compañero de clase. Además, hay conversaciones telefónicas en las que el político ordena que las bases del nuevo concurso de las ITV las hiciese Heribert Padrol, exdiputado de CiU y abogado de una de las empresas que iba a salir beneficiada del concurso que querían hacer. Los propios implicados reconocían, según las conversaciones intervenidas, que “Oriol ha hecho también parte de su trabajo”. Incluso se jactaban de tener línea directa con él.

En un comunicado hecho público hace dos semanas, Oriol Pujol se defendía de las acusaciones y negaba que formase parte de la trama. El secretario general de CDC achacaba los ataques a la “manipulación que se produce en muchas de las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación, donde se hacen juicios de valor más allá de la información contenida en los propios expedientes judiciales”. Y subrayaba que el goteo de informaciones “sobre mi persona no es un hecho casual, sino que tiene como objetivo parar o estropear aquello que gente como yo representamos y deseamos para Cataluña”.

La petición del fiscal llega en un momento en que Artur Mas acaba de convocar una cumbre anticorrupción ante la presión mediática, política y social. Se da la circunstancia de que CiU se ha visto convulsionada en las últimas semanas por varios escándalos. Por una parte, Unió Democràtica (UDC), el partido coaligado en CiU, ha sido condenado por financiación ilegal en el marco del caso Pallerols. Además, CDC tiene embargada su sede como consecuencia de su presunta implicación en el desvío de dinero del Palau de la Música. Pero, además, el exalcalde de Lloret y actual diputado Xavier Crespo (estuvo a punto de ser nombrado secretario de Seguridad de la Generalitat cuando Artur Mas llegó al poder) está bajo la lupa de los jueces y el fiscal también ha pedido su imputación por sus relaciones con la mafia rusa asentada en la Costa Brava. Por si fuera poco, un exfundador de Convergència, exdirector general de Turismo y amigo personal de Jordi Pujol, Ramon Bagó, está también siendo investigado por la justicia por el presunto desvío de casi 60 millones de eurosde las arcas públicas hacia sus empresas a través de concesiones.