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El ‘cerebro’ de las ITV se jactaba de su línea directa con Oriol Pujol
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EL POLÍTICO MEDITA QUERELLARSE CONTRA ÉL

El ‘cerebro’ de las ITV se jactaba de su línea directa con Oriol Pujol

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, medita ejercer acciones penales contra el empresario Sergio Pastor, uno de los principales implicados en

Foto: El ‘cerebro’ de las ITV se jactaba de su línea directa con Oriol Pujol
El ‘cerebro’ de las ITV se jactaba de su línea directa con Oriol Pujol

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, medita ejercer acciones penales contra el empresario Sergio Pastor, uno de los principales implicados en la trama de las ITV desarticulada en Cataluña el pasado mes de marzo. Pastor se pavoneaba por teléfono de que tenía línea directa con el político catalán, que había colocado a su mujer en Applus en el año 2004 “cuando todos le abandonaron [tras perder las elecciones en Cataluña]” y que participaría en una empresa que él había creado para sacar provecho de adjudicaciones del Gobierno catalán, tanto en lo relativo a la concesión de estaciones de ITV como de otros negocios. Uno de éstos era la imposición de una revisión obligatoria en todos los hogares (el ciudadano tendría que pagar 50 euros) que su empresa controlaría.

Fuentes cercanas a Pujol señalaron a El Confidencial que el nombre del político fue utilizado en vano por el empresario “para chulear y para demostrar que tenía muchos contactos”. Representantes legales del dirigente convergente estudian ahora si las muchas referencias de Pastor a supuestos intereses ocultos de Pujol pueden constituir “un delito de difamación” para llevarlo a los tribunales. “Oriol no tiene armas para defenderse. ¿Cómo se defiende de las insinuaciones y las acusaciones que se han hecho públicamente? El único camino es que los tribunales despejen todas las dudas”, argumentan las mismas fuentes.

El secretario general de Convergència, sin embargo, esperará a que concluya el informe sobre su relación con la trama de las ITV que reclamó la jueza a la Guardia Civil para determinar su grado de implicación. Hasta ahora, el político nacionalista es considerado sólo “colaborador necesario” y no está imputado. Si ese informe le exonera de toda culpa, emprenderá la acción judicial contra el empresario “en defensa de su honor”.

Además, las fuentes consultadas subrayan que “todos los intereses económicos de Oriol Pujol están depositados en el Parlamento catalán para quien quiera verlos. Sus cuentas bancarias también son públicas y ahí se puede demostrar que no ha realizado ninguna inversión extraña ni ha recibido dinero fuera del que había declarado oficialmente”.

La vinculación de Oriol Pujol viene por su íntima amistad con otro de los empresarios de la trama, Sergi Alsina, accionista de la compañía Alta Partners. En este grupo empresarial trabaja Anna Vidal Maragall, esposa del político. “Con quien Oriol sí tiene confianza es con Alsina. Jamás lo negó. Y éste no dice nada en sus conversaciones telefónicas sobre supuestos tratos de favor. Los dos sólo hablan con la confianza de dos personas que tienen amistad. ¡Y es Pastor quien presume de tener el contacto y de influir!”, reconocen en el entorno del político. Por algo eran compañeros de clase en el IESE y han seguido cultivando su relación a lo largo de los años.

Pero lo curioso del caso es que Alta Partners fue la compañía encargada, precisamente, de mediar en las deslocalizaciones de factorías que importantes multinacionales tenían en Cataluña: Sony, Sharp y Yamaha.

Vecinos de veraneo

Los caminos de Oriol Pujol y los principales encartados en el escándalo, sin embargo, trascienden el terreno laboral y se adentran en el personal. Por algo Oriol es vecino de veraneo de todos ellos, que tienen casa en Urús, en la comarca de la Cerdanya, cerca de Puircerdà. Alsina y Oriol habían encargado sus respectivos chalets a un constructor local que tuvo problemas con la llegada de la crisis del ladrillo y los dejó colgados. Al final, pudieron terminar las obras. Una fuente matiza a este diario que la mayor aportación a la casa la realizó Anna Vidal. El padre de ésta había sido el promotor de la conocida Colonia Vidal, al sur de Berga. Según esta fuente, Anna “enterró” su parte de la herencia en la construcción de la casa de Urús.

Según se desprende del sumario, Pastor también tenía una casa en la misma localidad, aunque las fuentes consultadas insisten en que la promoción que realizó Pujol fue sólo al alimón con Alsina. En Urús, asimismo, disponen de otro chalet el matrimonio formado por Pedro Navarrete y María Jesús Muro, a quienes Pastor y Alsina incorporaban al negocio de las ITV y de la eficiencia energética. Precisamente Navarrete era alto directivo de Sony.

En marzo del 2011, Sergio Pastor ya se vanagloriaba de que tenía “una ITV con el nombre de Sergio (...) Hay una ITV marcada, es decir, una concesión o autorización, como le quieras llamar, con mi nombre y con quien vaya yo, ¿me entiendes?”. En esa misma fecha, comunica a un amigo que sería nombrado consejero de Idiada, empresa pública de investigación y desarrollo en el campo de la automoción y de certificaciones, y que ese nombramiento había sido por recomendación de Oriol Pujol. Esta última afirmación también es desmentida desde Convergència y zanjan la cuestión contundentemente: “Sergio Pastor es un bocazas”.

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, medita ejercer acciones penales contra el empresario Sergio Pastor, uno de los principales implicados en la trama de las ITV desarticulada en Cataluña el pasado mes de marzo. Pastor se pavoneaba por teléfono de que tenía línea directa con el político catalán, que había colocado a su mujer en Applus en el año 2004 “cuando todos le abandonaron [tras perder las elecciones en Cataluña]” y que participaría en una empresa que él había creado para sacar provecho de adjudicaciones del Gobierno catalán, tanto en lo relativo a la concesión de estaciones de ITV como de otros negocios. Uno de éstos era la imposición de una revisión obligatoria en todos los hogares (el ciudadano tendría que pagar 50 euros) que su empresa controlaría.