La Audiencia tumba la multa millonaria de la CNMC a Santander, BBVA, Caixa y Sabadell

La Audiencia Nacional tumba una de las mayores multas de la historia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). La Sala de lo Contencioso ha dado la razón a los cuatro mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell) y ha anulado una sanción que recibieron en 2018, de 91 millones de euros.

Esta fue impuesta a estas entidades al apreciar la CNMC que habían vulnerado las prácticas del mercado pactando precios de derivados que vendían a empresas, los denominados swap. Según el organismo presidido por Cani Fernández (aunque era Juan María Marín Quemada entonces el presidente), "las entidades de crédito se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando a la vez la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado".

Para probar esta supuesta concertación, la CNMC accedió a grabaciones de las mesas de tesorería de los cuatro grandes bancos, concluyendo entonces que se estaban pactando precios de los swap por encima del nivel de mercado. Estos productos servían a las empresas y pymes, muchas del negocio eólico, para cubrirse de posibles subidas de tipos de interés. Lo que durante muchos años no se produjo (hasta 2023), provocando pérdidas a estas compañías.

Las cuatro entidades asumieron en su momento la provisión correspondiente y el pago de la multa, que ahora tendrá que ser devuelta, a la espera de un posible recurso de la CNMC ante el Supremo. De estos 91 millones, CaixaBank pagó 31,8 millones; Santander, 23,9 millones; BBVA, 19,8 millones, y Sabadell, 15,5 millones.

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Más allá de este coste, la sentencia de la CNMC provocó una oleada de demandas, muchas de las cuales ya han sido resueltas y son firmes, por lo que los bancos no tienen margen para recurrir. En las que están en marcha, podrán usar la nueva sentencia a su favor. Algunas de ellas son por la falta de transparencia a la hora de vender estos productos, lo que no se vería afectado por el fallo de la Audiencia, pero sí las que se basaron en el sobreprecio del swap, según abogados consultados por este medio.

Los bancos ya habían abonado la multa a la CNMC, como recogían en sus informes anuales de 2018. "Esta decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por el banco, que ya ha pagado la multa", señaló Santander a los inversores.

"Esta decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por el banco, que ya ha pagado la multa"

La Audiencia Nacional considera que la CNMC tenía razón al decir que los bancos se pusieron de acuerdo para fijar los precios, pero dice que no está acreditado que lo hiciera a espaldas del clientes. La decisión es recurrible, y se espera que el tema acabe en el Supremo. Desde la CNMC ven "positivo que la Audiencia Nacional reproche la forma de actuar de los bancos investigada y sancionada por la Comisión. Sin embargo, lamentamos que las sentencias anulen la resolución como consecuencia de un criterio jurídico sobre si otros acuerdos de fijación de tipos formaban parte o no del mismo plan. Respetamos totalmente el criterio de la Audiencia Nacional, pero entendemos que las conductas posteriores de los bancos eran sancionables dentro de la misma infracción, que por ello no habría prescrito. Sobre esta premisa, el consejo tendrá que tomar una decisión sobre la posibilidad de recurrir en casación".

Los swaps se contrataron de forma masiva durante el primer boom de las renovables en España, a partir de 2006. Los proyectos de energías renovables solían realizarse con financiación, y a menudo los bancos condicionaban la concesión a la contratación de un derivado, de tal modo que se aseguraba que el deudor no tendría problemas en pagar la deuda por una eventual subida de tipos. Pero lo que ocurrió en los años posteriores, a partir de la crisis, fue lo contrario.

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La CNMC ha tenido en el foco a la banca durante los últimos años, aunque no ha podido demostrar ningún acuerdo contra la competencia. De hecho, en junio archivó un expediente de proceso sancionador que había iniciado contra CaixaBank, Bankia (integrado en CaixaBank), Santander y Sabadell por presuntos actos de competencia desleal cometidos durante la comercialización de los préstamos avalados por el ICO a empresas y autónomos durante el covid.

Esta investigación se abrió por parte de la CNMC a raíz de recibir quejas de pymes en su Buzón Covid, denunciando que las entidades se aprovechaban del momento para exigir la contratación de otros productos y la refinanciación de deudas preexistentes a cambio de la concesión de préstamos con aval.

Otro tema vigilado por la CNMC es el pago de los depósitos. O, más bien, la ausencia de remuneración durante gran parte del ciclo de alzas de tipos de interés, que no se trasladó al pasivo en la gran banca. A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones en que el Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos, durante finales de 2022 y gran parte de 2023, los bancos siguieron sin pagar por los depósitos, ofreciendo a los clientes fondos de renta fija o garantizados.

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"Me cuesta pensar que no hay bancos que quieran ganar cuota", señaló Cani Fernández en una conferencia en el curso financiero de la APIE y la UIMP en junio. Previamente, en una entrevista con El Confidencial, la presidenta de la CNMC señaló que el organismo no tiene armas para probar si hay colusión tácita (no explícita).

"En la medida en que esa no remuneración de depósitos sea resultado de una colusión, tiene que ser, desgraciadamente, la explícita, porque la tácita no la podemos probar. Y aquí es donde vengo de nuevo al debate de los instrumentos que tenemos. En la medida en que fuéramos capaces de probar que esa no remuneración de depósitos es el resultado de un acuerdo tácito por parte de los bancos, entraríamos con la aplicación de toda la normativa", contestó Fernández a una pregunta de este medio.

La CNMC también tuvo el encargo de investigar si la banca traslada el gravamen creado por el Gobierno de Pedro Sánchez a los clientes, algo explícitamente prohibido en la norma que desarrolla el impuesto. Recientemente, el organismo ha concluido que no hay evidencia de que se haya pasado a los clientes.