La Justicia británica impide a España cobrar casi 900 M por el desastre del Prestige

Varapalo judicial contra España. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha sentenciado este mismo viernes que el Estado español no puede ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de España que condenó en 2016 al consorcio asegurador del Prestige a pagar 855 millones de euros por el desastre medioambiental causado en las costas de Galicia en 2002 tras partirse en dos. De esta manera, impide a España el cobro de la multa millonaria.

Según ha dictaminado el juez británico Christopher Butcher, la sentencia española que pretendía ejecutar el Estado español en Reino Unido es "irreconciliable" (incompatible) con las resoluciones arbitrales del caso que ya había visado la justicia británica. Tal y como determina, se habría infringido la doctrina de la cosa ya juzgada en un arbitraje en Reino Unido, por lo que deja en papel mojado las condena y la consiguiente sanción económica. Aunque la Abogacía del Estado aún puede recurrir, ya que el fallo no es firme, se trata de un golpe a los intereses de España. La sentencia emitida ahora es opuesta al dictamen solicitado al TJUE, al que se había pedido opinión sobre el caso a través de una cuestión prejudicial que sustanció en 2022.

El litigio ha caminado por dos vías. En primer lugar, está la reclamación que el Estado planteó ante la justicia española como perjudicado por las más de 70.000 toneladas de fuel vertidas sobre las costas de Galicia, las playas de la cornisa cantábrica y que se extendieron incluso a Francia.

En un primer momento, la Audiencia Provincial de La Coruña dictó sentencia por la que castigó a la aseguradora del buque petrolero, la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd. (London P&I Club, en forma abreviada), a pagar un máximo de 855 millones de euros. El caso fue defendido para España por Álvaro García Ortiz, actual fiscal General del Estado. El fallo fue confirmado posteriormente por el Tribunal Supremo, que también condenó a dos años de prisión al capitán del barco con bandera de Bahamas por delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de daños catastróficos en relación con la grave afectación al medio marino. Uno de los abogados del Estado que defendió a España en ese momento fue Óscar García Maceiras, actual CEO de Inditex.

Este fallo fue llevado por la defensa de España ante la Justicia del Reino Unido con el objetivo de que esta fuera ejecutada allí y así poder cobrar la indemnización más los intereses que esta pudiera haber generado.

Sin embargo, tras la sentencia de la justicia española, el consorcio asegurador del Prestige entabló un procedimiento arbitral en Londres sobre la base de una cláusula del contrato. El arbitraje declaró que las pretensiones indemnizatorias de España deberían haberse perseguido en dicho proceso arbitral y no ante los tribunales españoles. El laudo arbitral además señaló que la London P&I Club no podía incurrir en responsabilidad ante España si los propietarios del barco petrolero no habían pagado los daños a este.

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El fallo arbitral, además, no se quedó ahí, sino que la aseguradora británica trató de validar las conclusiones del laudo ante la justicia británica, que fue confirmada después de que España interpusiera un recurso de apelación a este caso para neutralizar esta vía.

Al margen de lo anterior, España prosiguió con su reivindicación y trató de que la justicia británica reconociera la sentencia española que estimaba la indemnización millonaria. Ante las dudas de los jueces de Reino Unido, se elevó una cuestión prejudicial al TJUE. Pese al Brexit, las cuestiones previas al momento de la ruptura se mantienen bajo el paraguas comunitario.

El Abogado General de la UE apoyó a los aseguradores en contra de España y concluyó que no podía ejecutar la indemnización. Sin embargo, posteriormente el TJUE revocó sus argumentos y determinó, en síntesis, que lo que decide un tribunal de un país miembro debe valer ante otro estado miembro y que prevalece respecto de las conclusiones de un laudo emitido en un arbitraje.

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Pese a las conclusiones del TJUE, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales hace valer el recurso de la aseguradora y prospera el argumento de que es cosa ya juzgada en un tribunal arbitral y que ese debía haber sido el foro de la disputa en lugar de la justicia ordinaria que rige donde se produjo el desastre. El arbitraje es un proceso que aún está vivo, pero cuyas conclusiones preliminares van en contra de los argumentos de España. A la Abogacía del Estado le queda apelar en virtud de la Ley de Arbitraje de 1996, señala ahora el juez británico que instruye el caso.

La cuestión incluso había generado una segunda derivada y es que algunos inversores en renovables en España, que han ganado arbitrajes por el recorte de hace una década, querían cobrar en Reino Unido con parte de la indemnización del Prestige, algo que incluso los jueces estaban valorando. Sin embargo, también estos inversores tendrán más difícil cobrar por esta vía.

La excepción británica y el "error" de España

Según fuentes consultadas expertas en la materia, este era un caso complejo, ya que mientras el derecho español (y continental) se fija en el daño extracontractual (vertidos…); es decir, no diferencia con base en la relación contractual que se establece entre asegurado y aseguradora y mete a todos los responsables en un mismo paquete, el derecho inglés sí se fija en la relación contractual que tiene el asegurado con el asegurador. Y ahí era uno de los principales escollos.

Si la aseguradora hubiera sido española o de otra parte de Europa no habría habido ningún problema. Pero al ser inglesa cambia todo, ya que el derecho inglés (aun cuando Reino Unido estaba dentro de la UE) siempre ha hecho las cosas a su manera. El derecho inglés funciona sobre la base de una práctica jurisdiccional basada en sentencias, no hay códigos como el sistema continental europeo.

Expertos consultados consideran que España cometió el error de pensar que en Inglaterra las cosas funcionaban igual. En un primer momento, señalan los analistas, esto podría haber sido excusable. Pero valoran de "colapso absoluto" el hecho de que España no se personara cuando se le llamó al inicio de todo el proceso en Reino Unido para el proceso de arbitraje.