Santander pasa al ataque contra Orcel ante el Supremo: "La soberbia no merece protección"

Banco Santander pasa a la ofensiva en su último cartucho para ganar el juicio que tiene abierto desde 2019 contra el banquero italiano Andrea Orcel, quien por aquel entonces estuvo a punto de ser su consejero delegado. La entidad presidida por Ana Botín cuestiona la figura del actual CEO de UniCredit y carga contra la sentencia de la Audiencia de Madrid por "incongruencias", según se desprende de su recurso ante el Tribunal Supremo del pasado 11 de abril, al que ha tenido acceso este medio.

El escrito es una vuelta de tuerca de los últimos del banco en esta batalla, con dardos envenenados hacia el italiano. En él habla de la "soberbia herida" de Orcel y cuestiona que haya sufrido daños morales alguien que "tiene una fortuna más que suficiente para poder dejar de trabajar y dedicarse a navegar entre sus mansiones en el Mediterráneo".

TE PUEDE INTERESAR

Santander pide aclaraciones a la Audiencia para allanar la pugna con Orcel en el Tribunal Supremo

Jorge Zuloaga

El mayor grupo español fundamenta su recurso, de 69 páginas, en que los jueces de primera y segunda instancia no han abordado cuestiones clave del proceso y que han introducido en el último momento el concepto de precontrato para referirse a la carta oferta que ambas partes firmaron en 2018. Algo que, según el banco, no se trató durante el juicio.

"Por haber incurrido la Sentencia en vicio de incongruencia por modificación radical de los términos jurídicos del debate, causando indefensión al Banco Santander, al haber calificado la Carta Oferta como precontrato, y utilizado dicha calificación como fundamento para confirmar determinadas decisiones de la sentencia de primera instancia estimatorias de la demanda, aunque ninguna de las partes había sostenido tal calificación en los escritos directores del proceso, ni en sede de apelación", expone el recurso, firmado por los abogados de Uría Menéndez que asesoran a Santander. Estos añaden calificativos como "perplejidad" e "indignación" respecto a la sentencia de la Audiencia de Madrid, del pasado mes de enero.

Santander anunció el fichaje de Orcel, que entonces trabajaba en UBS, en septiembre de 2018, sujeto a condiciones. En enero de 2019 lo canceló. Ambas partes habían firmado una carta oferta que para el italiano (y las dos últimas sentencias) tenía validez contractual. Mientras que el banco lo niega y argumenta que estaba sujeto al cumplimiento de una serie de eventos. El principal, que rebajara los 35 millones de bonus que arrastraba de UBS (buy out) y que tenía que cubrir Santander. También estaba pendiente, según el banco, de la aprobación del Banco Central Europeo (BCE) y de la junta de accionistas.

Dos sentencias y varias correcciones han dictaminado que el banco presidido por Botín tiene que pagar 43,34 millones: 17 millones de prima de fichaje, 18,6 millones de bonus que arrastraba de UBS, 5,8 millones en concepto de dos años de sueldo y dos millones por daños morales. Esto es lo que ahora mismo está recurrido ante el Supremo.

Pequeños accionistas

En su apelación, Santander cuestiona cada uno de estos importes. Sobre la prima de fichaje, afirma que estaba sujeta a la aprobación en junta de accionistas de la incorporación de Orcel. "Sostener que el consejo de administración de una sociedad de capital (y además de una cotizada) puede privar ad libitum a la junta general de una competencia que la ley imperativamente le atribuye para la protección de los accionistas, sobre todo de los accionistas minoritarios", expone el recurso del banco.

Respecto a los 18,6 millones del buy out, expone que el desencadenante de que no los haya cobrado no es su fichaje frustrado por Santander, sino su incorporación a UniCredit en 2021, momento en el que dejó de percibir este bonus diferido. Y cuestiona que tuviera que pagar inicialmente 35 millones: "Nunca podría ser buen Derecho que el Sr. Orcel acabe beneficiándose de su propio dolo en las negociaciones que desembocaron la Carta Oferta".

La resolución del caso tardará al menos dos años

El escrito de la entidad es especialmente contundente respecto a los dos millones en daños morales, comparando esta cifra con el caso de una persona que estuvo más de tres años en prisión injustificadamente y recibió 320.000 euros. "El quedarse sin trabajo produce mucho más sufrimiento y mucha más angustia a una persona que, por falta de patrimonio y otras fuentes de ingresos, no sabe si mañana podrá pagar la hipoteca de su vivienda y dar de comer a sus hijos, que a una persona que tiene una fortuna más que suficiente para poder dejar de trabajar y dedicarse a navegar entre sus mansiones en el Mediterráneo". Y, sobre el posible daño moral sufrido por Orcel, añade que "la soberbia herida no merece protección: ni sancionadora, ni meramente compensatoria".

El recurso de Santander está todavía pendiente de admisión a trámite, lo que podría tardar todavía algunos meses. Una vez esto ocurriera, la sentencia podría demorarse entre uno y dos años más, por lo que no se espera un desenlace hasta bien entrado 2025. Aun así, el tono de los últimos escritos apunta a que las heridas abiertas entre ambas partes podrían tardar todavía más en cerrarse.