El Gobierno se lanza contra la electrónica: "Algunos productos se diseñan para fallar"

El Gobierno quiere promover el derecho a la reparación de los productos que compran los ciudadanos frente al modelo de consumo actual de usar y tirar. En este sentido, el Ministerio de Consumo pone el foco sobre lo que considera es la "obsolescencia temprana —ya sea programada o percibida—".

El departamento liderado por Alberto Garzón (IU) lanzará una campaña publicitaria dirigida a toda la población para sensibilizar sobre la reparabilidad. Justifica esta iniciativa, entre otras razones, porque considera que la obsolescencia dificulta el consumo sostenible: "Algunos productos se diseñan para fallar después de cierto tiempo o cantidad de uso", refleja en documentación oficial y añade que "en algunos casos, los componentes de los dispositivos están fijados de tal manera que no se pueden sustituir (según Eurostat)".

Aunque la iniciativa parte de Consumo, el proyecto detalla que la Secretaría de Estado de Comunicación, adscrita a Moncloa, podrá realizar modificaciones. La base de esta campaña parte de que, según el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, "el sistema económico actual promueve un modelo de consumo lineal, basado en la dinámica comprar-usar-tirar, que no es compatible con el cuidado del planeta. La producción de bienes de consumo conlleva un uso de recursos con un gran impacto medioambiental. Para satisfacer la demanda, se explotan recursos que o bien no son renovables —como el petróleo o los minerales— o bien se utilizan a un ritmo mayor del que precisan para regenerarse —como puede ocurrir con los bosques—. El agotamiento de los recursos tiene un fuerte impacto medioambiental, social y económico".

"Las distintas fases del proceso (extracción, producción, consumo, vertido) tienen una huella negativa en el medio ambiente, que va desde la emisión de gases de efecto invernadero asociados al consumo energético y al transporte hasta la contaminación del suelo, el agua o el aire. Esta realidad pone en riesgo la salud y calidad de vida tanto de nuestra población como la de los habitantes de aquellos territorios donde se extraen los recursos y a donde llegan parte de nuestros residuos", justifica el Ejecutivo, que añade que "según el Parlamento Europeo, la electrónica es la fuente de residuos que más crece en la UE. En 2017 se recogieron más de 3,5 millones de toneladas y solo se recicló el 40%".

Todo ello le lleva a fomentar la reparación de los bienes que compran los ciudadanos frente a tirar y comprar uno nuevo. "Es posible limitar el impacto de nuestro consumo —y, por tanto, del proceso vinculado a la producción, transporte y eliminación de los bienes de consumo—. Una de las vías por las que es posible avanzar hacia un consumo sostenible tiene que ver con la reparabilidad: es posible alargar la vida útil de los productos que compramos, reparándolos cuando sea necesario. Esto evitaría poner de nuevo en marcha la cadena de producción, algo indispensable en el desarrollo de una economía circular y que puede reducir el uso de recursos, limitar la emisión de gases de efecto invernadero y producir menos residuos".

"El fomento de las reparaciones de los productos electrónicos beneficiaría al medioambiente al reducir el uso de recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía". "La cultura de la reparación, basada en prolongar la vida útil de nuestras posesiones, supone un ahorro económico para las personas consumidoras, al tiempo que las empodera en la transición hacia un consumo sostenible" zanja la Secretaría de Estado de Consumo y Juego.

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Basa además esta campaña —que lanzará a través de radio, televisión, medios digitales o redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y LinkedIn)— en que el objetivo está respaldado por una mayoría social: "El 77% de los consumidores europeos(en España, este porcentaje alcanza el 89%), según una encuesta del Eurobarómetro, preferirían reparar sus dispositivos antes que sustituirlos por unos nuevos. Sin embargo, tienen que comprar otros o tirarlos, debido a los costes de reparación y a la falta de los servicios prestados". No obstante, admite que a día de hoy la gente está condicionada por el modelo de usar y tirar: "normalmente el criterio de durabilidad afecta más a la hora de adquirir un producto que la reparabilidad del mismo".

A este respecto, cabe destacar que el pasado año 2022, un juzgado admitió a trámite una demanda de la organización de consumidores OCU contra lo que consideran era, obsolescencia programada del iPhone 6, una versión ya antigua del producto estrella de Apple. Lo mismo hizo una organización homóloga en Italia, que también fue a los tribunales contra la mayor empresa del mundo.

Toda esta campaña publicitaria servirá, además, para convencer a la opinión pública en año electoral de las bondades de la ley aprobada por el propio departamento liderado por Garzón para producir bienes más duraderos. El proyecto de esta campaña subraya que "el 1 de enero de 2022 entró en vigor la normativa mediante la cual el Ministerio de Consumo aprobó la ampliación del periodo de garantía a 3 años o la obligatoriedad de disponer de piezas de repuesto durante 10 años, medidas que buscan garantizar el derecho que toda persona consumidora tiene a la reparación".

El propio ministro se jactó recientemente de que una propuesta de Bruselas ampliaba a toda Europa la legislación aprobada en España, que partió de su departamento. "La Comisión Europea sigue la estela de protección de consumidores de España contra la obsolescencia y ampliará hasta 10 años el derecho a reparar productos a toda la UE", señalaba el pasado 22 de marzo en Twitter Alberto Garzón.

Pero la campaña enfatiza que más allá de la legislación aprobada, "es importante promover una cultura de la reparación, que haga consciente a la ciudadanía de sus derechos, al tiempo que pone en valor los beneficios de un consumo sostenible".

Las tecnológicas, en contra

La nueva ley aprobada por Garzón, sin embargo, no gustó a los fabricantes de electrónica y otros dispositivos de consumo. Poco antes de que fuera aprobada, Ametic, la asociación que engloba al sector de la electrónica en España señalaba que "la ampliación de los plazos más allá de lo establecido en la directiva se ha realizado sin que haya valorado adecuadamente los posibles beneficios para los consumidores, el incremento de costes para los productores, que deberán optar entre reducir costes de producción o subir los precios para no dejar de ser competitivos, la conveniencia de aplicar los mismos plazos a todos los productos, realizar un ejercicio de equilibrio entre los diferentes intereses y tener en consideración otros beneficios o perjuicios posibles, como puede ser el impacto medioambiental", según recogió Vozpópuli.

"La ampliación de plazos se hizo sin valorar los posibles beneficios para el consumidor y el incremento de costes", según las tecnológicas

Este medio, además, recogía el testimonio de una empresa que temía el aumento de costes por la ampliación de plazos de las piezas de repuesto: "Es algo que nos obligará a almacenar muchísimo stock de piezas para la reparación de equipos. Esto nos obliga a fabricar más componentes, a destinar más espacio para su almacenamiento y aumentar los medios de transporte, dado que la carga se incrementa. Todo esto supone un mayor gasto. En algunos casos hablamos de stock que se degrada con el tiempo, como por ejemplo las baterías de móviles u ordenadores. Muchas de estas piezas no se utilizarán, y habrá que eliminarlas, lo que no parece que vaya en consonancia con las políticas de sostenibilidad medioambiental".

Esta es la campaña publicitaria para limitar el consumo que el Gobierno lanza en pocas semanas. Garzón también hará anuncios en televisión, radio e internet para fomentar un menor consumo alimenticio por el daño que el sector primario está causando sobre el medioambiente.