Oughourlian y Vivendi aceleran la guerra por el control de Prisa con la Moncloa de fondo

Joseph Oughourlian agitó este martes el tablero de ajedrez en el que ha convertido sus dos grandes inversiones en España: Indra y Prisa. El inversor armenio comunicó que ha doblado su participación en la compañía de defensa para tratar de hacer frente a la estrategia de control diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que modificó el consejo de administración de medios para fortalecer el poder de Amber Capital frente al intento de Vivendi de hacerse a medio plazo con varios asientos en el órgano de gobierno.

Según fuentes próximas al grupo francés, Oughourlian no les había informado de que iba a proponer a la comisión de nombramientos y retribuciones el nombramiento de Fernando Carrillo y de Isabel García como nuevos miembros del consejo de administración. Dos designaciones adelantadas a media tarde por El Confidencial que tenían dos objetivos. El primero, cubrir la vacante de Maite Ballester, experta en capital riesgo, recientemente fichada por Cellnex, que deja la compañía tras cuatro años. El segundo ampliar de 14 a 15 el número de consejeros para, en caso de una batalla futura, contar siempre con una mayoría impar.

De hecho, en el comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comunicar estos cambios y el orden del día de la próxima junta general de accionistas, Prisa incluyó el nuevo reglamento del consejo de administración, que otorga un voto de calidad al presidente –Oughourlian-- en caso de empate en las deliberaciones, tanto en el órgano de gobierno como en las comisiones delegada, de nombramientos, retribuciones, auditoría, riesgo, cumplimiento y sostenibilidad.

Oughourlian se ha rodeado de Fernando Carrillo, socio y cuñado de Gustavo Serpa, uno de los grandes inversores individuales de Amber Capital, y de Elena Sánchez, vicerrectora del Instituto de Empresa, justo unos días antes de que los accionistas comuniquen sus nuevas participaciones después de ejecutar la primera ventana de conversión en acciones de los bonos suscritos en la reciente ampliación de capital. Vivendi, que antes de esta operación tenía el 9%, ha superado el 12%, lo que le deja a las puertas de poder reclamar un nuevo consejero.

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Para ello, necesitará llegar al 13,2% del capital, lo cual podrá hacer comprando acciones en bolsa, como hizo en enero de 2021. En aquel momento, tras adquirir el 7,89% que estaba en manos de HSBC, elevó su participación hasta el 9,9%, el limite permitido por el Gobierno, que en ese momento no dejaba a ningún inversor tomar más del 10% de una compañía calificada como estratégica por el gabinete de Pedro Sánchez.

Vivendi pagó en esos momentos 0,93 euros por acción al banco inglés –unos 50 millones en total-- y después acudió al mercado para redondear su paquete cuando los títulos se cambiaban a un euro. Hoy lo hacen a 0,40, por lo que la multinacional francesa acumula una brusca depreciación de su inversión. No obstante, se trata de una cantidad bruta insignificante para un grupo que facturó 9.600 millones en 2022.

A expensas de las elecciones

Según fuentes próximas a la empresa gala, presente en el sector de los medios, la educación, la televisión, la música y el entretenimiento, su objetivo es más ambicioso que el 12% que ha alcanzado en estos momentos. Su intención es lograr una participación de control si las condiciones políticas se lo permiten, plan que de momento choca con los intereses de Oughourlian, que prefería una división y venta de los negocios de Prisa para tratar de recuperar su inversión en el grupo de medios.

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Su inversión estaba hasta la pasada ampliación a un precio medio de cerca de 1,40 euros por acción, por lo que le sería difícil recuperar el dinero apostado mediante una OPA por parte de Vivendi o cualquier otro interesado, como Mediaset. Las primas que se pagan por las empresas cotizadas oscilan entre el 20 y el 30%.

En cualquier caso, como también sucede en la guerra por Indra, esa potencial OPA solo será posible una vez se despeje la duda de quién mandará en Moncloa a partir del 1 de enero de 2024. Ni Vivendi ni Mediaset pueden dar un paso tan contundente sin autorización previa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no tienen previsto gastar una bala de ese calibre. Pero si mover ficha y tomar posiciones para si se produce la alternativa política en favor del Partido Popular, más cercano a ambos grupos editoriales de derechas.