¿Se va Ferrovial de España para que Del Pino evite patrimonio? La tesis de Moncloa tiene lagunas

Ferrovial ha removido las estructuras de la relación del Gobierno con las empresas. Ha sido pionera entre las multinacionales en llevarse su sede fuera de España, después de 70 años en Madrid. Desde el Ejecutivo, tratan de difundir la idea de que el presidente y máximo accionista, Rafael del Pino, ha atendido intereses personales en vez de los de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que Ferrovial es una empresa cotizada, y que aunque Rafael del Pino tiene el 20,445% de las acciones, a lo que se suma un 8,205% de María del Pino y Calvo Sotelo y un 4,154% de Leopoldo del Pino, como presidente debe atender a los intereses de todos los accionistas. Por lo tanto, decir que se toma una decisión de este calado para pagar menos impuestos a título personal es una acusación muy grave.

Decir que se toma esta decisión para pagar menos impuestos a título personal es una acusación muy grave

Desde el Gobierno se señala que Rafael del Pino ha tomado la decisión de mover la sede social de una multinacional con 24.191 empleados, de los que 5.413 están en España, para evitar pagar el nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, que grava patrimonios a partir de los tres millones de euros, con un tipo marginal máximo del 3,5%.

Este tributo superpone al de patrimonio, porque su diseño por parte de Hacienda, a instancias del Gobierno, busca evitar que comunidades como Madrid y Andalucía, donde se bonifica patrimonio al 100%, se salgan con la suya. Fuentes del equipo económico de la Moncloa han trasladado a los medios que el traslado se debe a un “interés personal” y que las explicaciones oficiales de la empresa son “ridículas”.

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Es cierto que Del Pino tendrá que afrontar el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, mientras que hasta ahora, al residir en Madrid, estaba exento de tributar por su patrimonio, que solo por su 20,4% de Ferrovial asciende a 4.600 millones. Si solo se atiende a esto, supone un mordisco anual de 150 millones. Pero hay matices que hacen que no sea tan simple para comprar el argumento de la Moncloa.

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En primer lugar, es un impuesto creado con intención de que sea temporal durante dos años, aunque en su constitución se incluye la idea de revisarlo después de dicho periodo. Pero el primer pago, previsto para julio, se hace devengando el ejercicio de 2022, que ya no podrá evitar Del Pino. Y para evitar el segundo proyectado, tendría que ir todo muy rápido. Es difícil que por timing pueda esquivar el pago sobre el ejercicio actual. El propio Rafael del Pino no ha confirmado que vaya a trasladar su domicilio fiscal. Entre otros intereses, en España tiene una fundación y la familia ha mantenido dos sicavs, Allocation y Chart Inversiones, con 477 y 590 millones respectivamente.

Por otro lado, el impacto fiscal para Rafael del Pino no será tan grande. El impuesto creado por Hacienda con prisas ha copiado la base imponible y las exenciones que tiene el tributo sobre el patrimonio. Y esto incluye la exención por empresa familiar. Para ello, se debe poseer más del 5%, algo que cumple el ejecutivo, lo que sirve para que los activos afectos a la actividad económica reduzcan en un 95% la base imponible. Hay otras exenciones, como inversión en capital riesgo, y vías como el escudo fiscal —tributación máxima por suma de IRPF y patrimonio al 60% de la base imponible de la renta— que reducen la tributación de las grandes fortunas.

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Así, ni por timing Del Pino tiene la posibilidad de evitar el nuevo impuesto ni el golpe será tan dramático para su patrimonio. Por otro lado, aunque los críticos con Hacienda se empeñan en repetir el mantra de que España es el único país europeo con impuesto sobre el patrimonio, esto no es verdad, y precisamente Países Bajos es un ejemplo de ello.

El Libro Blanco para la reforma tributaria, que Hacienda mantiene en un cajón, recopila experiencias de otros países donde se grava, de una u otra forma, el patrimonio. En Países Bajos, se hace desde 2001, pero de forma integrada en la base imponible de la renta. Para ello, el impuesto sobre la renta personal se divide en tres categorías: salarios y titularidad de la vivienda, un 26,5% de los rendimientos de participaciones empresariales superiores al 5% y la riqueza neta del contribuyente, imputando una renta presunta que se calcula con el rendimiento de hasta el 5,69%, con un tipo del 31%.

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A largo plazo, por lo tanto, Rafael del Pino y sus familiares también tributarían por su patrimonio en Países Bajos si optan por seguir los pasos de Ferrovial y mover su domicilio fiscal. No obstante, sí que en los primeros años se librarían de ello, ya que Países Bajos tiene su propia ley Beckham como atractivo fiscal para los impatriados. Muchos profesionales de Ferrovial que se trasladen a territorio holandés como consecuencia del cambio de sede social se verán beneficiados, igual que si hubiera sido al revés.

El régimen de impatriados de Países Bajos se llama tax ruling, y consiste en que el 30% de los ingresos está exento durante seis años. Se puede solicitar durante los primeros cuatro años del traslado, si es por motivos laborales. También después, pero ya no se aplicaría con carácter retroactivo. Es decir, se reduce en un 30% la base imponible de todos los ingresos, sean rentas del trabajo o del capital. También se evita tributar por el patrimonio dentro de la renta durante estos seis años.

Muchos profesionales de Ferrovial que se trasladen a Holanda como consecuencia del cambio de sede social se verán beneficiados

Aun así, la fiscalidad holandesa no es ningún chollo para las grandes fortunas. El tipo máximo alcanza el 51,4%, más que el 44% de Madrid. Donde compite mejor Países Bajos en materia de fiscalidad es respecto de las empresas. En ambos casos, el tipo estándar en sociedades es del 25%, pero en Países Bajos los primeros 395.000 euros tributan al 15%, algo que apenas afecta a Ferrovial. Pero sí el hecho de que la deducibilidad de los impuestos pagados por los beneficios extranjeros solo se haya limitado al 95%.