UP presentará una ley para que empresas como Ferrovial devuelvan "con intereses" las ayudas públicas

La marcha de Ferrovial ha cohesionado a un Gobierno de coalición agrietado por enormes tensiones, que ha salido en tromba contra esta empresa, y que Unidas Podemos ha aprovechado para exigir un nuevo esfuerzo legislativo. El socio minoritario registrará "en los próximos días" una proposición de ley para obligar a las empresas que se lleven su producción o sus sedes —fiscal o social— fuera de España a que devuelvan todas "las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores" a que tomasen esta decisión. Incluso, a que abonen intereses de demora, explican fuentes de Unidas Podemos.

El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, enfatizaba que el dinero público sirvió para "salvar" a Ferrovial durante la pandemia, a través de los ERTE. "Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas", ha reclamado. La decisión de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos ha sacudido la agenda política, mientras los partidos del Gobierno trataban de aprovecharla.

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Esta decisión también ha sido tildada de "nefasta" por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que, horas antes de Echenique, reprochaba a la compañía que durante la pandemia "se acogió a varios ERTE". "Los hemos salvado con dinero público", recordó Díaz, exigiendo a la empresa liderada por Rafael del Pino que mantenga sus "más de 5.000 puestos de trabajo" y sus inversiones en España.

Díaz, en una entrevista en la SER, ha asegurado que esta empresa "nace al albur de contratos con la Administración pública", señalando que actúa por intereses fiscales. También ha deslizado que el Gobierno debería "legislar", recordando que, al regular los ERTE, tomaron "iniciativas" como excluir de su percepción a empresas que no estuvieran fiscalmente domiciliadas en España, pero sin ser más explícita. Señalaba al Ministerio de Economía de Nadia Calviño, sin dar más pistas. El enfado de la vicepresidenta segunda es evidente —"Si son españoles, lo tienen que demostrar"—, y va en sintonía con el malestar de los socialistas y de Podemos, que han rebatido conjuntamente la idea de que no existe seguridad jurídica en España, o de que esta ausencia pueda justificar este paso: "España es una democracia y los tribunales existen", reprochó.

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La coalición al completo, con la vicepresidenta Calviño como punta de lanza, ha escenificado su malestar por la decisión de esta compañía, y tanto PSOE como UP comparten el temor a que sirva de precedente y a otras empresas que hayan contemplado un escenario similar. Las ideas que desliza Díaz van en la dirección que los morados defienden con mayor contundencia, hasta el punto de pedir que Ferrovial no tenga acceso a contratos públicos. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no?", tuiteó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

La líder de su partido, Ione Belarra, consideró el cambio de sede como un caso "muy claro de dumping fiscal" —una idea también defendida por Díaz el miércoles—, y reclamó una "fiscalidad común" en toda la UE para evitar estas prácticas. Aunque los morados planteen medidas más drásticas que Díaz, en el fondo están en las mismas tesis, como lo están también IU y los comunes. "No se puede permitir que tengamos paraísos fiscales en Holanda", reprobó la vicepresidenta el jueves.

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Precisamente, en el grupo parlamentario interpretan que el movimiento de Ferrovial ayuda a Podemos a naturalizar su discurso contra los empresarios: si Díaz niega una "cacería" contra las corporaciones y sus dueños, los morados aprovechan para reiterar sus críticas. La decisión de Del Pino irrita y alarma, pero también es vista como una oportunidad para apuntalar sus discursos sobre los beneficios de las grandes distribuidoras, la banca y las energéticas; sectores ante los que reclaman más contundencia al PSOE.

"No solo es el PSOE" quien frena

Este jueves, Díaz ha aprovechado para cargar contra "la fallida" y "errónea" política de subida tipos del BCE. "Tenemos que ir a márgenes cero", incidía, extendiendo sus palabras sobre el sector bancario al energético y a las grandes distribuidoras. En estos frentes, la vicepresidenta segunda reclamaba a los socialistas que actúen con "más medidas", mientras criticaba que el acuerdo sellado por Calviño con la banca es "voluntario" —"Esto no llega"—, o que los supermercados no se presten a negociar una cesta de la compra básica con precios rebajados como ella misma abandera.

De hecho, Díaz alababa que el ministro de alimentación, Luis Planas, haya incoado expedientes sancionadores a empresas que podrían estar incumpliendo la ley de la cadena alimentaria, mientras reconocía que no solo el PSOE frena la adopción de determinadas medidas por parte del Gobierno. "A veces nos dividen por espacios y no es así", apostillaba, marcando perfil propio y distanciándose de los morados.

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Aunque la letra sea distinta, la música es compartida; si Podemos inició la semana redoblando la presión a sus socios para adoptar nuevas medidas en materia de alimentación, visto que las actuales no se están dejando notar, Díaz hacía lo propio con su característica retórica.

Por un lado, negaba que el Ejecutivo esté inmerso en esa "cacería" contra los empresarios; por otro, aprovechaba para presionar sobre el "daño reputacional" que cree que causa a las distribuidoras su rechazo a pactar una cesta de productos básicos, o sobre el hecho de que la banca esté recibiendo "más beneficios que nunca" mientras las hipotecas están disparadas. El ejemplo de Ferrovial les servía para aterrizar el relato sobre el "capitalismo despiadado", que diría Belarra, y sobre la necesidad de actuar desde el Ejecutivo para compensar estas pulsiones de las empresas.