Dudas en la privatización de controladores aéreos tras salir la número dos de Transportes

La dimisión de la secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por el escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria, se produce justo cuando la responsable del ramo preparaba la mayor privatización de controladores aéreos de la historia, con la liberalización de las torres de siete de los mayores aeropuertos de España, tal y como adelantó El Confidencial.

La noticia ha despertado recelos en el sector, y aunque confían en que el proceso pueda seguir adelante, temen que la marcha de una de las principales impulsoras de esta externalización pueda entorpecer el proceso. Máxime después de comprobar que algunos socios del propio Gobierno han aprovechado la noticia de la salida —gesto político tras las quejas de los presidentes de Asturias y Cantabria— para pedir al Ejecutivo que frene la privatización.

Este mismo lunes, el senador de Compromís, Carles Mulet, señalaba que tras la salida de Pardo de Vera es un buen momento para que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pare la privatización. "No permita esta barbaridad neoliberal", destacaba el político, opinión que comparten tanto en Podemos como en el entorno del Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz, quienes también se han mostrado en contra de este proceso. El que fuera líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se mostró en la misma línea en una tribuna publicada por este medio.

Los socios del Gobierno de Sánchez creen, además, que la liberalización, a la que se oponen frontalmente los sindicatos de controladores, puede mermar sus expectativas electorales en territorios clave. "No tiene sentido lanzar esta privatización de las principales torres de control aéreo de aeropuertos clave como el de Palma de Mallorca o los de Tenerife y Gran Canaria, territorios en donde nos estamos jugando el Gobierno", señalan fuentes del partido morado, que creen que "este proceso liberalizador solo beneficiará a las empresas y los partidos de derechas". En este sentido, varios representantes públicos tanto en Baleares como en Canarias han mostrado su rechazo a este proceso tras conocerse la noticia, que se da a poco más de tres meses de los comicios regionales y municipales.

Entre los socios de gobierno del PSOE, incluido Unidas Podemos, ven a Pardo de Vera como el cerebro que ha llegado a convencer a Pedro Sánchez de que active ahora esta privatización tras 12 años con el proceso congelado. De hecho, las fuentes consultadas señalan que la ya exsecretaria tenía este plan en mente desde hace meses y estaba dispuesta a aguantar las presiones que podrían ejercer los sindicatos para lograr su objetivo. Desde su departamento, el Ejecutivo argumenta que este proceso mejorará la eficiencia y eso permitirá que los billetes de avión sean más baratos para los viajeros.

La Gobierno lanzó a consulta pública el proyecto de orden ministerial que deberá firmar la ministra de Transportes para continuar con el proceso. Las fuentes consultadas creen que, una vez que se cierre el periodo de alegaciones el próximo 10 de marzo, la tramitación podría demorarse con la mudanza que se va a producir en el ministerio. Fuentes oficiales de Transportes señalan que "el relevo permitirá poner en marcha un cambio con el que el ministerio quiere comenzar una nueva etapa en la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes".

El elegido para sustituir a Pardo de Vera es David Lucas, actual secretario general de Vivienda, que asciende en el mismo ministerio en un momento clave: en plena tramitación de la ley de vivienda, una de las leyes estrella que desarrolla el Ejecutivo de PSOE y Podemos. Los expertos creen que con los cambios el ministerio pierde perfil técnico y gana peso político.

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Lucas es miembro del PSOE. En el pasado, ha tenido cargos de responsabilidad en diferentes municipios como Móstoles, Getafe o Madrid. Está considerado un hombre de perfil bajo y de la confianza de Pedro Sánchez. El Gobierno ha optado por Lucas en lugar de tirar del portavoz del PSOE en la Comisión de Transportes en el Congreso de los Diputados, César Ramos, quien ha representado a su formación en los asuntos que atañen a esta Secretaría de Estado. Pese a su conocimiento de la materia, el Gobierno ha preferido no confiarle la cartera.

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Juan Cruz Peña Iván Gil

Una vez que la orden ministerial esté firmada, algo que aún no se sabe cuándo será, Aena deberá lanzar la licitación para privatizar las torres aéreas. El proyecto de orden contempla que el gestor aeroportuario tendrá un máximo de 18 meses para sacar adelante este concurso. La duda ahora es cuánto tiempo puede pasar entre el fin de la consulta pública y la firma de la orden por parte de la ministra. Sobre todo, ahora que está fuera del Ejecutivo una de sus principales valedoras, que también apostó fuerte por otros procesos de liberalización, como el del sector ferroviario. Y, además, cuando el actual Ejecutivo tiene que pasar por las urnas antes de que acabe 2023.

Pese a las dudas suscitadas en el sector sobre la deriva que puede tener el incipiente proceso de externalización de las torres de control, otras fuentes recuerdan la influencia que pueden ejercer sobre la Moncloa antiguos dirigentes del PSOE como José Blanco, quien inició esta privatización en 2010 tras una fuerte crisis con los controladores aéreos. Además, las aerolíneas apoyan la privatización. También las empresas que gestionan estas torres. Por ejemplo, Skyway (Portobello+Ferrovial), quien estaría interesada en que se abra este melón para poder aumentar la valoración de la propia compañía.

La ya exsecretaria de Estado tenía buena imagen entre empresas consultadas por El Confidencial que dependen de su área de gestión. Sin embargo, Raquel Sánchez prometió dimisiones a los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, tras conocerse el fiasco de los trenes que no entraban por los túneles, bautizado por la prensa regional como el Fevemocho, que se ha saldado con la cabeza de la expresidenta de Adif y del presidente de Renfe, Isaías Táboas. Raül Blanco, destituido a finales de 2022 como secretario general de Industria tras el fracaso del Perte del coche eléctrico, será el nuevo presidente de Renfe. El Gobierno también ha anunciado que asturianos y cántabros dispondrán del servicio de trenes de Feve gratis, gracias a una nueva partida de dinero público, mientras se solucione el problema.