El Gobierno prepara la mayor privatización de controladores aéreos en España en plena huelga

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara la liberalización de la gestión del control de siete de los mayores aeropuertos de España que hasta ahora venía administrando el Estado a través de Enaire, organismo adscrito al Ministerio de Transportes, según confirman fuentes del propio Gobierno.

El plan del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, según avanza El Confidencial, es pasar a manos privadas la gestión de las torres de control de los aeropuertos de Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago, tal y como apuntan también fuentes sindicales.

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Desde el Ministerio de Transportes, señalan que "el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sacará próximamente a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la liberalización del servicio de control aéreo en las torres de determinados aeropuertos", aunque no confirman por ahora cuáles.

"La propuesta responde a la solicitud de Aena del pasado 31 de enero, en la que el gestor aeroportuario propone al Mitma continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados en una serie de aeropuertos", explican desde el departamento liderado por Raquel Sánchez que añade que "Supone profundizar en una reforma estructural con dos objetivos: mejorar la calidad del servicio de control de torre y su eficiencia económica".

"Se trata de una medida que pretende mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, con niveles máximos de calidad y seguridad, de forma que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad", concluyen.

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En plena huelga de los controladores aéreos privados, Transportes señala que "La experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica, por lo que la valoración del Mitma ha sido favorable a la solicitud de Aena". "De esta manera, lo que permitirá la futura orden ministerial es que Aena pueda optar entre diversos proveedores, siempre con los máximos niveles de seguridad, pero con tarifas más reducidas, lo que contribuiría a una reducción de los costes operativos del transporte aéreo que las aerolíneas podrán repercutir en menor coste para los pasajeros", añade el Gobierno que subraya que "La gestión eficiente de los servicios públicos debe ser un objetivo de cualquier gestor público".

La respuesta del Gobierno para la privatización llega después de que este martes se difundiera una comunicación interna entre miembros del sindicato de controladores USCA, al que ha tenido acceso El Confidencial. El mensaje señala que el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, ha sido informado por la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de que saldrá a trámite de información y consulta la orden para dicha liberalización. El sindicato matiza en dicha comunicación que cree que este movimiento no está relacionado con las actuales huelgas de controladores privados.

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La externalización afecta a los aeródromos con más afluencia de tráfico de España, solo superados por Barajas en Madrid y El Prat en Barcelona. Entre los siete centros de vuelo suman un tercio de todo el tráfico aéreo en territorio nacional.

Se trata de la mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector. Esta externalización del servicio se produce con el despegue del turismo en España tras la pandemia y en plena huelga de los controladores aéreos que están administrados por empresas privadas y que reclaman un aumento del 30% de su salario, además de otros beneficios como más vacaciones en el nuevo convenio, sin que por ahora se haya llegado a ningún acuerdo.

Se espera que una vez anunciado este proceso privatizador, este mismo año Aena pueda ya lanzar la licitación y que las adjudicatarias puedan operar en 2025.

Con esta segunda fase de la liberalización, el Ejecutivo trata de dar este servicio de la forma más eficiente, según fuentes del sector. Es más, en octubre de 2021 tenían preparado la privatización, pero se frenó en ese momento. Ya en 2018, un informe de la CNMC pidió al Gobierno que ampliara la liberalización a un mayor número de torres. Según las conclusiones de la máxima autoridad de Competencia en España hace cinco años, "la puesta en marcha de la liberalización en las 12 torres ha generado aumentos de eficiencia en la prestación de los servicios".

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Según fuentes del sector, la externalización de aeropuertos supone una reducción de costes de alrededor del 60% sin que por ahora se hayan detectado deficiencias en el servicio. La base de la reducción de costes parte de la diferencia de salarios entre controladores bajo el paraguas de Enaire, que ganan alrededor de 200.000 euros, y los que trabajan para las adjudicatarias privadas, cuyo salario ronda los 50.000 euros. Además, la gestión del control de tierra de los aeropuertos administrados por empresas privadas está dando el servicio con alrededor de un 30% menos de personal, sin por ello incurrir en excesos sobre la normativa de seguridad, afirman las mismas fuentes. Para ser controlador aéreo, a los aspirantes deben se les exige saber inglés y superar un curso de formación de unos seis meses que cuesta alrededor de 25.000 euros.

"Deficiencias organizativas y falta de eficiencia"

La falta de eficiencia que prestan los controladores fue la razón del proceso de liberalización iniciado en 2010 por el entonces ministro de Fomento, José Blanco (PSOE). Según la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, el modo en que se ejercía hasta entonces la función del controlado presentaba "importantes deficiencias organizativas y falta de eficiencia económica en el ente público que evidencian las claras dificultades que actualmente tiene AENA para garantizar tanto la continuidad en la prestación de los servicios de tránsito aéreo, como su sostenibilidad económica y financiera".

Cabe destacar que Blanco, hombre fuerte entonces del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, activó la liberalización después de una de las huelgas más fuertes que se recuerdan por parte de los controladores aéreos en España y que desembocó en el primer estado de alarma de la democracia, que se activó bajo la batuta del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que el ejército entrara a las torres de control de los aeropuertos para que se garantizase el servicio.

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Aunque José Blanco está actualmente retirado de la administración, ha fundado y lidera la consultora de asuntos públicos Acento, que le permite seguir conectado con la vida pública. Uno de sus acompañantes en esta consultora fue Antoni Hernando hasta 2021, momento en que regresó a Moncloa para trabajar para el Gobierno de Sánchez.

Desde que Blanco privatizó el primer lote de 12 aeropuertos —menores en cuanto a tráfico—, el proceso había quedado congelado hasta este martes en que se ha dado un nuevo impulso a la liberalización bajo responsabilidad de Raquel Sánchez como ministra de Transportes e Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes. El avance en la liberalización se da en un momento delicado por la huelga, ya que del buen funcionamiento de los aeropuertos depende en buena medida la llegada de turistas a España, una de las puntas de lanza de la economía española.

Además de considerar el servicio privatizado más eficiente, la CNMC pedía en 2018 que la liberalización abarcara no solo a los controladores de tierra, sino también a los de aproximación, que son los que controlan la continuidad del tráfico en los despegues y aterrizajes, un servicio que sigue prestando el Estado. Además, ya entonces pedía eliminar la integración vertical entre Enaire y Aena, que aún perdura.

"La puesta en marcha de la liberalización en las 12 torres ha generado aumentos de eficiencia en la prestación del servicio", según la CNMC

No solo se mantiene dicha integración, sino que el propio Estado estaría pensando en crear una filial de Enaire que pudiera competir con las privadas por la gestión de las torres si logra contratar controladores, pero con salarios de alrededor de 35.000 euros frente a los 200.000 de los controladores aéreos que hoy siguen trabajando para el Estado.

La liberalización de los siete aeropuertos incluidos por el Gobierno implica la contratación de los adjudicatarios de alrededor de 200 controladores. Es decir, la privatización afecta a más de los 150 controladores que a día de hoy trabajan en los aeropuertos con control ya externalizado: Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña, Cuatro Vientos (Madrid), La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

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El conflicto actual llega después de que USCA, sindicato que lidera las negociaciones de convenio por primera vez, quiera una mejora sustancial de las condiciones de los controladores. Dichas condiciones han sido aceptadas por uno de los dos adjudicatarios. FerroNATS, rebautizada como Skyway, se aviene a las condiciones de los representantes de los trabajadores.

En plena huelga, NATS, el organismo homólogo a Enaire en Reino Unido, decidió salirse de la firma de control de aeropuertos en España que compartía con Serveo (Portobello+Ferrovial), según avanzó El Confidencial. Sin embargo, Saerco, administrador de dos de los tres lotes privatizados, no acepta las condiciones que quieren imponer los sindicatos, ya que entiendo que reduciría demasiado sus márgenes para poder seguir operando. Pese a la huelga, las incidencias hasta ahora han sido mínimas.

En el sector prevén que en la licitación del control de los siete aeropuertos que se han liberalizado, además de Saerco y Skyway, pueden aparecer otros competidores de la Unión Europea, ya que deben tener la certificación comunitaria para poder operar. Eso sin descartar a que la propia Enaire quiere pujar con su filial de controladores con salarios muy inferiores a los pagados en la actualidad.