La CNMC pide más recursos para investigar si los bancos pasan el impuesto a clientes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide más recursos para lo que podría ser una misión (casi) imposible: vigilar que los bancos no trasladen a sus clientes el nuevo impuesto aprobado por el Gobierno. Lo hace tras el mandato recibido por parte del Ejecutivo de que se ocupe de esta tarea, algo que cogió por sorpresa al organismo presidido por Cani Fernández. "La comprobación de la no traslación del gravamen no se enmarca en los ámbitos de supervisión que la CNMC tiene encomendados como autoridad reguladora independiente. De hecho, el nuevo mandato no cuenta con un desarrollo reglamentario que haya adaptado su normativa interna. Para ello, la Comisión va a solicitar los medios necesarios que le permitan llevar a cabo las nuevas tareas asignadas", expone Competencia en un comunicado interno.

No es la primera vez que la CNMC pide un refuerzo de su plantilla ante las nuevas tareas que va recibiendo. Ya lo hizo el año pasado ante la necesidad de controlar los precios de la energía y de la gasolina. Estos reclamos fueron escuchados por el Ministerio de Hacienda, del que depende la CNMC. Este organismo tenía en torno a 500 empleados a finales de 2021, según su última memoria.

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En el caso de este nuevo mandato, su complejidad es mayor, debido a la dificultad de analizar las múltiples vías que tienen los bancos para trasladar costes a sus clientes, que van desde encarecer los créditos hasta subir (o no bajar) comisiones, no remunerar los depósitos o elevar el precio de productos alternativos como los seguros, las acciones o los fondos de inversión.

Conversaciones con el BdE

A esto se suma que la banca no es la mayor especialidad de la CNMC, ya que la mayor parte de su supervisión recae sobre el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Competencia ha pasado de puntillas por este sector salvo su papel en analizar las fusiones, las comisiones de los cajeros y dos expedientes que han tenido mucha repercusión: el de los derivados de tipos de interés, que concluyó con una multa de 90 millones a cuatro entidades, y uno por los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial), que podría ser archivado.

De ahí que el equipo de Fernández esté apoyándose en el Banco de España: "La CNMC y el Banco de España están colaborando y manteniendo contactos para analizar la metodología y la información relevante que permita cumplir con el mandato legal asignado", expone el comunicado de Competencia.

El mandato recibido por la CNMC procede del segundo artículo de la Ley 28/2022, de 27 de diciembre: "El importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta. Tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la comprobación del cumplimiento de la obligación (...) así como, en su caso, la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma".

Otra de las dificultades que afrontan desde la CNMC es el choque de la normativa española con la europea, que obliga a las entidades a trasladar todos los costes en los créditos que conceden a sus clientes. Así, una directriz dictada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) de junio de 2021 estipula que “las entidades tendrán en cuenta, y reflejarán en los precios de sus préstamos, todos los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento. Dichos costes incluirán (...) cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda”. Una nueva vuelta de tuerca que complicará todavía más el trabajo de Competencia.