Las empresas advierten ya a sus inversores del impacto por el impuesto a las grandes fortunas

Las empresas empiezan a advertir ya a los inversores que pretenden lograr financiación de las posibles consecuencias que pueden tener por el impuesto a las grandes fortunas que está a punto de sacar adelante el Gobierno.

En un momento en que la financiación corporativa cada vez es más complicada, dada la fuerte subida de los tipos de interés derivada de la crisis energética y la inflación, muchas compañías están aprovechando ahora a lanzar programas de deuda para obtener fondos vía bonos o pagarés como alternativa al tradicional crédito bancario, cada vez más caro.

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Este es el caso de compañías como MásMóvil o Amper. La operadora de telecomunicaciones pide a su potencial financiador que "tenga en cuenta también que el pasado septiembre de 2022 el Gobierno español anunció que los residentes fiscales españoles cuyo patrimonio supere los tres millones de euros estarían sujetos a un nuevo impuesto sobre el patrimonio durante los próximos dos años, 2023 y 2024, como parte de su próximo presupuesto, que aún debe ser aprobado por el Congreso español".

En la misma línea, la tecnológica Amper sostiene que "existe una enmienda a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito en que se establece un nuevo impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas, aplicable a patrimonios cuya base imponible del impuesto sobre el patrimonio exceda de 3.700.000 euros y del que es deducible la cuota del impuesto sobre el patrimonio. En el caso de que este nuevo impuesto entrase en vigor, cuyos tipos impositivos oscilarían entre el 1,7% y el 3,5%, si el contribuyente tuviese derecho a aplicar la normativa de una comunidad autónoma cuyo tipo de tributación efectiva fuese inferior a dichos tipos, tendría que abonar la diferencia", advierte esta empresa.

El nuevo impuesto dirigido a grandes patrimonios, denominado impuesto temporal sobre grandes fortunas, ya empieza a ser discutido por expertos del sector, que creen que su escaso potencial recaudatorio puede, sin embargo, suponer un lastre para la inversión en España. ¿Tiene sentido esta nueva figura impositiva, considerando el bajo impacto recaudatorio, pero su relevante efecto disuasorio como atrayente de riqueza e inversiones a nuestro país?, se titula un reciente informe publicado por la consultora EY.

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"Las experiencias previas en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, lamentablemente no permiten ser optimistas en cuanto a la eficacia recaudatoria del impuesto y sí en cuanto a su efecto como elemento desincentivador de la inversión", opinan Juan Manuel Ovando, senior manager del Área de Tributación de Empresas EY y Empresa Familiar, y Miguel Guillem, socio director de Fiscal de EY Abogados en la Comunidad Valenciana y Murcia.

El impuesto a los ricos está actualmente en trámite en el Senado y el Gobierno pretende que entre en vigor antes de final de año, para poder aplicarlo ya este ejercicio. Dicho gravamen afectará a los grandes patrimonios de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y las cuatro haciendas forales (País Vasco y Navarra), detalla un reciente informe de Fedea. Sobre todo a Madrid y Andalucía, dos comunidades gobernadas por el PP que tienen bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio.

"En la introducción de esta nueva figura impositiva de declarado carácter temporal, subyacen motivaciones de índole política derivadas del choque de distintas visiones por parte de las comunidades autónomas a la hora de ejercer las competencias que, en materia de algunos tributos cedidos, les otorga la legislación vigente", zanjan desde EY.