Las energéticas avisan al Gobierno del malestar de los hogares por el colapso del gas subvencionado

Temor en el sector energético, tanto entre las empresas como en la Administración, por la posible desprotección que pueden sufrir este invierno millones de hogares que afrontan los recibos de gas natural más caros de la historia, con aumentos del 200% y alzas medias de 2.000 euros al año (de menos de 1.000 € por familia a casi 3.000 €). Para evitarlo, el Gobierno ha subvencionado la tarifa regulada, pero las dificultades para efectuar el trasvase del mercado libre al protegido están revelando la medida como insuficiente.

Por ello, Sedigás, la asociación que agrupa a las empresas gasísticas en España, ha enviado una carta este mismo viernes al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en la que advierte de los problemas operativos que se están encontrando las compañías para tramitar la avalancha de usuarios que pretenden acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), la tarifa regulada y, desde octubre, también subvencionada (entre dos y tres veces más barata). En este sentido, ponen de manifiesto el "descontento" que ello está generando para los usuarios y el "impacto negativo" que esta migración masiva podría generar para el negocio de las comercializadoras que perderían sus clientes y para el proceso de liberalización del sector comprometido con Bruselas.

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Por todo ello, la carta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, reitera su apoyo a colaborar e insta a tomar medidas que puedan desbloquear esta situación. Sedigás ofrece colaborar en las actuaciones destinadas a proteger a más usuarios y salvaguardar la competencia, ya sea ofreciendo a más empresas la posibilidad de que suministren la tarifa subvencionada, algo que el departamento liderado por Teresa Ribera está estudiando, como reconoció a este diario, o con otras medidas como la aplicada por Alemania de subvencionar a todos los consumidores con independencia de la tarifa que tengan.

La carta firmada por el presidente de Sedigás, Joan Batalla, y dirigida a la atención de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, señala que "el traspaso significativo de clientes del mercado libre a la TUR [...] está ocasionando una gran acumulación de solicitudes a pesar de los esfuerzos realizados y la dotación de recursos adicionales para agilizar la gestión de dichas solicitudes tanto por parte de las distribuidoras como de las comercializadoras involucradas".

Cabe destacar que solo cuatro empresas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies), pueden ofrecer esta tarifa. Esta situación, señala la misiva, "provoca el descontento de los consumidores, al no poder beneficiarse de la TUR con la celeridad esperada". La CNMC está investigando y supervisando que no se produzcan irregularidades por parte de las empresas al tramitar los cambios. Asociaciones de consumidores y usuarios han denunciado largas esperas telefónicas para solicitar la TUR.

Desde que se subvencionó la tarifa regulada, se estima que 250.000 usuarios se han acogido a la TUR. Eso suma alrededor de 1,8 millones de clientes protegidos a los que se les paga parte del recibo. Sin embargo, aún hay más de seis millones de hogares con tarifas de mercado libre. Fuentes empresariales señalan que aunque aumentaran con fuerza más de lo que ya lo han hecho los efectivos para tramitar estos cambios, la burocracia necesaria para hacer las portabilidades les llevaría a estar más de un año gestionando cambios para proteger a todo el mercado.

Tanto Gobierno como empresas muestran su deseo de agilizar los cambios y resolver la problemática de forma rápida, ya que el invierno y la temporada fría en la que ya hemos entrado disparan el uso de gas para calefacción, y temen una rebelión cuando empiecen a llegar abultadas facturas de mercado libre en diciembre o enero. Las compañías temen perder clientes por ese malestar y el Gobierno se encontraría con un creciente descontento antes de las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023 y con las tasas de inflación más elevadas en décadas.

En este contexto, desde Sedigás muestran el ejemplo de países como Alemania, que subvenciona a todos los usuarios, lo que, según detalla en la carta, "reduce los cuellos de botella y mitiga el impacto negativo de la medida en las comercializadoras que suministran en el mercado libre". No obstante, otras fuentes recelan de una medida así porque creen que los 3.000 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinados a este fin se quedarían cortos y sería extender una ayuda generalizada —aunque todas las familias tienen derecho a la TUR— cuando el Gobierno se está planteando dejar de dar descuentos generalizados al carburante por ser una medida regresiva.

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Para tratar de resolver el problema, Sedigás ofrece "colaboración en la búsqueda de soluciones que permitan la coexistencia de medidas de carácter social con la protección de las comercializadoras que operan en el mercado, como podría ser, por ejemplo, la habilitación de un mecanismo para que la tarifa subvencionada pueda ser ofrecida por cualquier comercializadora de forma voluntaria, la posibilidad de que la subvención en el precio recaiga en todos los consumidores [...] o cualquier otra medida de efecto equivalente", zanja la carta.

El asunto, en el que están trabajando empresas con consultoras especializadas, se viene planteando desde hace semanas en el comité de comercializadoras de Sedigás, donde además de las grandes participan importantes energéticas como Repsol, Eni, BP o Shell y otras firmas independientes. Ya hay varias que están mostrando deseo de dar esa tarifa regulada si se dan las condiciones para ello.