El Gobierno asegura a la UE que asumirá el 50% del recibo del gas de tres millones de hogares

El Estado asumirá el déficit generado por el límite al incremento de la factura de gas de más de tres millones de clientes. El Ejecutivo se ha comprometido ante Bruselas a financiar esa deuda, según figura en el plan presupuestario remitido este sábado a la Comisión Europea. Y lo hará para todos: tanto para los 1,5 millones de familias acogidas a la llamada TUR, que ya se beneficiaban de la medida desde octubre del año pasado, como para los 1,7 millones de hogares que podrán entrar a partir de ahora gracias a la extensión de la ayuda a las comunidades de vecinos con caldera central.

Tras unos días de confusión, el Ministerio de Hacienda ha sido el encargado de resolver la incógnita en el documento enviado a las autoridades europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves en el Congreso que el Ejecutivo limitaría el incremento de la factura del gas a las calderas comunitarias en las mismas condiciones que a los usuarios de la tarifa de último recurso. El ahorro podría alcanzar el 50%. Sin embargo, quedaba en el aire cómo se iba a financiar la diferencia entre el precio 'real' del recibo y el que pagarán las fincas a partir de ahora. Sobre la mesa, dos posibles opciones: que las propias compañías adelantasen el dinero, generando un déficit que los beneficiarios acabarían pagando en diferido a través de sus facturas, o que el Estado se hiciese cargo.

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La primera es la que se aplica actualmente a 1,5 millones de hogares acogidos a la TUR, que ya han acumulado una deuda de más de 210 millones de euros, según el cálculo realizado por este medio a partir de los datos de las empresas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, fuentes de Transición Ecológica aclaraban este viernes a El Confidencial que la opción elegida sería la segunda, es decir, que la diferencia se sufragase a través de un gasto público a fondo perdido que los usuarios con calderas comunitarias no tendrían que devolver.

De confirmarse, esta alternativa habría generado un agravio comparativo hacia los clientes de la tarifa regulada, y ahondaría en una de los defectos que se le han reprochado a la respuesta del Ejecutivo a la crisis energética: su falta de progresividad. No hay que olvidar que los vecindarios con caldera compartida suelen presentar niveles de renta generosos, frente a los bajos ingresos de la mayoría de los usuarios de la TUR. Por no hablar de las posibles demandas judiciales que se podrían producir.

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Finalmente, el Ejecutivo ha igualado por arriba. No solo financiará el déficit de las comunidades con calderas comunitarias, como ya se especulaba durante las últimas horas, sino también el de los usuarios de la TUR. Para justificar este gasto, Hacienda argumenta que el diseño inicial, que preveía que las comercializadoras adelantasen la diferencia y se la prorrateasen a los clientes más adelante, "solo es viable y sostenible si la duración de la medida fuera limitada en el tiempo, ya que el déficit acumulado se va a multiplicar en los próximos trimestres alcanzando unos importes que las compañías no pueden asumir en sus balances". El mayor margen fiscal debido a la recaudación 'extra' de los últimos meses permite que ahora sea el Gobierno quien lo haga.

Pese a la claridad de la redacción del plan presupuestario, desde el Ministerio de Transición Ecológica evitan confirmar el movimiento y se remiten al Consejo de Ministros del próximo martes, que dará luz verde a la medida. Habrá que esperar al Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles para conocer el contenido exacto del real decreto, donde se deberían despejar algunas incógnitas, como el modo exacto en que el Gobierno financiará el mecanismo o si este tendrá carácter retroactivo. En otras palabras: si la subvención también cubrirá la deuda acumulada hasta ahora por los usuarios de la tarifa de último recurso, y que estos ya han empezado a pagar.

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Según los cálculos del sector, a partir de los precios de los futuros del gas, los usuarios de la tarifa de último recurso habrán generado un pasivo de más de 700 millones de euros cuando acabe el próximo invierno, a los que se sumarán otros 500 millones de los clientes con calderas comunitarias. En total, 1.200 millones de euros —una media de 400 por hogar beneficiado— que sufragarán todos los españoles a través de sus impuestos. La razón es muy sencilla: el techo establecido por el Ejecutivo impide que el componente del gas natural suba más de un 15% en cada revisión trimestral de la TUR, lo que se traduce en una revalorización máxima del recibo de cerca del 5%. Sin embargo, el hidrocarburo se ha encarecido mucho más en plena crisis energética por la guerra en Ucrania, hasta batir varios récords durante los últimos meses, por lo que las empresas comercializadoras estaban adelantando la diferencia que la norma del Ejecutivo les impide trasladar a sus clientes. Esa es la deuda que se financiará ahora a través del presupuesto.

De momento, la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 para las calderas comunitarias y hasta el 31 de marzo para los clientes de la TUR, aunque todo hace indicar que el Ejecutivo prolongará esta última mucho más allá de la fecha actual. De hecho, el plan presupuestario contempla alrededor de 22.000 millones de euros para un escenario de extensión de los paquetes contra las consecuencias económicas de la guerra. Lo que empezó como una ayuda para dos trimestres se empieza a cronificar, igual que la razón que la motivó: la espiral inflacionista causada por la crisis energética.