La rebaja de Sánchez al gas esconde una deuda de 400€ para 3 millones de hogares este invierno

El Gobierno ha anunciado este jueves una rebaja de la factura de gas del 50% para 1,6 millones de hogares con caldera central, que se suman a los 1,5 millones de usuarios con tarifa regulada TUR que ya disfrutan, según detalla ahora el Ejecutivo, de un recibo un 50% más barato de lo que pagarían si no hubiera intervenido los precios.

Sin embargo, dicho descuento no significa que las comercializadoras cobren menos, ni que el gas en los mercados internacionales sea más barato, sino que la tarifa está intervenida y se paga solo una parte del coste de la materia prima, por lo que tarde o temprano los consumidores habrán de hacer frente a los costes que ahora no están satisfaciendo.

Es decir, que las rebajas llevan aparejada una deuda no explicitada que se elevará al final de este invierno a más de 1.200 millones de euros para los más de tres millones de usuarios que se prevé estén acogidos a esa tarifa de gas con el precio intervenido, según los cálculos sectoriales basados en la fórmula de limitación de precios establecida por el regulador y las previsiones del precio del gas en los mercados de futuros. Esto significa que cada hogar con TUR está generando una deuda media por el gas no pagado de 400 euros hasta el próximo mes de marzo.

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En el caso de los clientes con tarifa TUR, el Gobierno estableció que el déficit generado por la limitación de la subida de la tarifa sería asumido inicialmente por las compañías comercializadoras que suministran esta tarifa regulada. Esto significa que en algún momento los consumidores habrán de ir devolviendo esa deuda a Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies con los intereses que correspondan, según el Real Decreto-ley 27/2021. El aumento del coste de la deuda supone un daño añadido para los consumidores, dada la subida de los tipos de interés en el contexto actual.

Actualmente, hay más de 200 millones de euros de deuda frente a las grandes energéticas. Pese a ello, con los precios que se esperan este invierno, la factura se puede disparar, ya que la subida del recibo está limitada, pero se esperan precios muy elevados en los mercados internacionales mayoristas. La devolución está garantizada por ley, un compromiso que adquirió el Ejecutivo para evitar que las energéticas tuvieran que provisionar esas cantidades, como les hubieran exigido sus auditores.

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Según OMIP o Mibgas, en el mercado ibérico el gas este invierno estará entre los 150 euros y los 200 euros por MWh en el mercado mayorista. Los futuros del TTF holandés, la referencia en Europa, se encuentran en alrededor de 170 euros por MWh.

Ahora el Gobierno ha anunciado que pretende "extender el esquema de protección de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural a una nueva TUR de ahorro vecinal". En el plan de ahorro presentado este martes, el Ejecutivo ya avanzó que se aprobaría un mecanismo de protección para 1,6 millones de consumidores domésticos de gas que formen parte de comunidades de propietarios con calderas comunitarias.

A diferencia de lo que ocurre con la actual TUR, en el caso de comunidades el Gobierno señala que "el Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación". Este jueves ha englobado la rebaja de la factura de estos consumidores dentro de un paquete de ayudas más amplio que supondría la movilización de 3.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado.

El Gobierno "extenderá el esquema de protección de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural a una nueva TUR de ahorro vecinal"

Pese a lo anterior, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica rechazan detallar cómo se pagará el déficit generado por la intervención de la factura de estos 1,6 millones de hogares. El Gobierno aprobará la medida este martes en Consejo de Ministros en un nuevo real decreto-ley, con lo que hasta el miércoles no se sabrá la letra pequeña.

En cualquier caso, el Gobierno ya ha anunciado que se trata de "extender el esquema de protección de la TUR a los hogares con caldera comunitaria", con lo que eso implicaría que también generarán una deuda que posteriormente habrán de hacer frente. Otra posibilidad que baraja el mercado, aunque sería un cambio respecto a la regulación actual, es que el Gobierno asumiera dicho déficit de toda la TUR (calderas individuales y comunitarias) con cargo al erario público. Esta posibilidad se da en un momento de recaudación récord, tal y como ha dejado claro este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en unas jornadas organizadas por la APIE. Precisamente este alto nivel de ingresos es lo que está permitiendo, según el alto cargo, pagar determinadas ayudas. Lo que no espera nadie es que se pague ahora la rebaja de los clientes de caldera comunitaria y no del resto, porque sería discriminatorio entre los distintos consumidores.

Pagar este déficit global con dinero público, como se está llegando a especular, supondría directamente subvencionar la tarifa de tres millones de hogares, algo que, por otro lado, supondría un agravio comparativo para los 6,5 millones de familias con contratos en mercado libre. Si se diera este escenario, el mercado no descarta un tsunami de cambios de contrato. En otro momento, Bruselas hubiera impedido un esquema subvencionado así, porque destruiría el mercado, pero dado el escenario de crisis energética actual, donde Alemania se dispone a dar ayudas masivas, no se desdeña al 100% esta posibilidad.

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Pese a lo anterior, el Gobierno habla de extender el esquema TUR y de medidas presupuestarias para su financiación, por lo que a falta de conocer el detalle final, todo apunta que los usuarios con caldera central que se pasen a esta TUR vecinal también se abocan a generar una deuda de aproximadamente 400 euros por consumidor este invierno. Tras la reivindicación de las asociaciones de administradores de fincas, que alertaban de un aumento de facturas este invierno de entre cuatro y cinco veces, se da por hecho que la mayoría se acoja a la tarifa regulada que se aprobará. Ya hace semanas se les reconoció la bajada del IVA al gas del 21% al 5%, igual que a los clientes domésticos individuales.

La medida anunciada esta semana se dirige a 1,6 millones de hogares sin tener en cuenta la renta. Es decir, que la ayuda no se focaliza en colectivos necesitados, algo que pide, entre otras instituciones, el Banco Central Europeo, que ha vuelto a recalcar este mensaje este jueves. El director general de Economía de la institución monetaria, Óscar Arce, advierte de que las ayudas indiscriminadas intensifican la demanda, presionan a la inflación al alza y obligan a Fráncfort a ser más restrictivo con la política monetaria, con lo que ello implica de deterioro para el PIB.