El Gobierno busca cómo evitar alzas récord del gas a más de 5 M de hogares este invierno

El Gobierno estudia fórmulas para tratar de evitar que la mayor parte de los consumidores de gas queden fuera de la protección que ahora ofrece la tarifa regulada, ya que desde octubre está subvencionada y es entre dos y tres veces más barata que cualquiera de las del mercado libre.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que están estudiando fórmulas para agilizar el trasvase de usuarios a la denominada tarifa de último recurso (TUR), parte de la cual paga el Gobierno con cargo a los presupuestos generales del Estado del año que viene (estima un coste de 3.000 millones).

Hasta este otoño, había 1,5 millones de hogares acogidos a la tarifa TUR, frente a 6,5 millones de familias con recibos de mercado libre, según cifras de la CNMC. Tras anunciarse que el Gobierno subvenciona la TUR, unos 240.000 hogares han pasado a esta tarifa, según cifras ofrecidas por las comercializadoras. Aunque es un vuelco importante, muy superior a lo vivido en cualquier otro momento, tanto desde el sector como desde el regulador algunos consideran que es insuficiente.

La ley obliga a que la tarifa regulada solo la den las cuatro comercializadoras de gas dominantes (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies). Las compañías aseguran que están tratando de atender todos los cambios solicitados. Fuentes del sector estiman que, pese a esos esfuerzos, aún quedarán fuera de la TUR más de cinco millones de hogares este invierno, lo que es más del 60% del mercado.

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En este contexto, la asociación que engloba las empresas del sector gasista (Sedigás) ha mantenido en los últimos días reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica con la intención de buscar soluciones. Fuentes al tanto de las conversaciones señalan que las empresas han propuesto, entre otras cosas, que todas las suministradoras de mercado libre puedan también ofrecer la tarifa regulada —y ahora también subvencionada— TUR. Esta propuesta fue lanzada al subdirector de Hidrocarburos, responsable adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, que aseguró que "estudiarían dicha propuesta".

Fuentes empresariales señalan que ya se han cerrado reuniones que se celebrarán de forma inminente entre empresas y Gobierno para abordar esta cuestión y ver si es viable e interesante para ambas partes. Desde Transición Ecológica, no se pronuncian sobre estas reuniones. Actualmente, las empresas valoran enviar una carta al departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en que se ponga de manifiesto su disposición a abordar medidas consensuadas y velar por la protección de los consumidores, al tiempo que se salvaguarda la competencia.

Hay que destacar que el interés de las empresas de mercado libre parte de tratar de evitar una fuga masiva de usuarios a las empresas que dan ahora la TUR. Hay compañías con grandes carteras como Repsol, Audax, Eni (antigua Aldro, rebautizada como Plenitude), Feníe Energía, Factorenergía o Energya VM que podrían estar interesadas en suministrar la tarifa regulada. No obstante, para llevar a cabo esto, se necesitaría cambiar la ley. Además, algunas creen que la tarifa subvencionada es imbatible y es mejor ofrecerla que exponerse a perder clientes de gas y también de luz por la desafección que generen los recibos del mercado libre este invierno.

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Cerca del mes de diciembre, cuando el gasto de gas se dispara por el uso de calefacción, aún quedan más de seis millones de hogares en tarifas libres (más del 75%) que se exponen a aumentos de precio exponenciales. El coste récord del gas en los mercados internacionales, intensificado tras la invasión rusa de Ucrania, ha provocado que las compañías adviertan de subidas de la factura gasista de cara al próximo año del 200%. Así, las empresas están alertando a sus clientes de que desde los cerca de 1.000 euros al año pasarán a pagar 3.000 euros de media: 2.000 euros más, el triple.

Expertos sectoriales advierten de que el desconocimiento de la factura de gran parte de la población, que constata recurrentemente la CNMC, hace que, pese a todo, aún haya muchos usuarios que no han cambiado de tarifa, porque no saben que tienen derecho a acogerse a la TUR, que es el doble o triple de barata. Sin embargo, las fuentes consultadas también creen que con la llegada de las facturas de los meses de invierno se generará un fuerte malestar de los usuarios al sufrir fuertes encarecimientos. Esto, además, creen que generará desafección, además de con las empresas suministradoras, también con el propio Gobierno, que se enfrenta a un ciclo de elecciones municipales y autonómicas y generales en 2023.

Podemos pide más publicidad de la TUR

El empeño del Gobierno por evitar sobresaltos entre usuarios y que puedan acogerse a una tarifa asequible, aunque la diferencia la paguen las arcas públicas, se ha extendido también a su socio minoritario. Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide "fomentar el acceso a la información de los consumidores por medio del establecimiento de medidas informativas visibles en la factura del gas, que faciliten a los consumidores adherirse a las tarifas de último recurso".

También solicita "adoptar cuantas medidas estén en su mano para garantizar el derecho de los consumidores a adherirse a las tarifas de último recurso de gas", y por último requiere "reforzar los derechos de los consumidores por medio del establecimiento de procedimientos para la agilización de los cambios de tarifas".

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Según detalla al Parlamento el partido morado, liderado por Ione Belarra, "la respuesta de las comercializadoras que aún tienen la opción de tarifas reguladas se ha visto colapsada ante la gran cantidad de personas que exigen este cambio. Esto ha provocado una saturación en las gestiones para realizar los cambios de compañía y de tarifa que debe ser resuelta de forma inmediata, con el objetivo de proteger a las personas en todo el territorio del Estado durante los meses más fríos del año, respondiendo a los principios de competencia y de libertad de elección de las opciones de consumo por parte de los usuarios".

"Entendiendo que la escalada de precios puede seguir en aumento, y que esto impactará más profundamente sobre las clases menos favorecidas, la tarifa de último recurso se presenta como una herramienta de contención social que debe ser promocionada desde los sectores públicos, pero también privados", concluye Unidas Podemos.