Hacienda reclama 213 M a Renault para que pague por beneficios de España tributados en Francia

Hacienda reclama 213 millones de euros a Renault en concepto de impuesto de sociedades de los años 2013 a 2016 (135 millones del periodo 2013 a 2015 y otros 77 millones por 2016). La Agencia Tributaria ha revisado los precios de transferencia establecidos entre la filial de la automovilística, Renault España, y su matriz gala, Renault SA. El fisco concluye que la base imponible está mal calculada y parte de las ganancias se debieron tributar en España en lugar de liquidarse con la Hacienda francesa.

Se trata de una investigación sobre la contabilidad intragrupo reflejada. Desde hace varios años, Hacienda está analizando con lupa que las multinacionales no reduzcan sus bases imponibles artificialmente para tratar de llevar sus ganancias a otros territorios, ya sea para tratar de pagar menos al fisco (elusión) o por razones de índole política, como podría ser este caso.

Fuentes próximas a Renault, cuyo máximo accionista es el Estado francés, con un 15,01% del capital social, señalan que es habitual entre las grandes empresas francesas maximizar el pago de impuestos dentro de sus fronteras, una práctica influida directamente por las máximas autoridades nacionales. Fuentes oficiales de Renault y de la Agencia Tributaria han rechazado hacer comentarios del caso.

La operativa más habitual, de manera simplificada, consiste en transferir productos —automóviles o componentes, en este caso— de la filial a la matriz a unos costes por debajo de lo que Hacienda considera razonable. De esta manera, el holding pagaría menos a su empresa vinculada. Esto provoca que aumenten sus beneficios en detrimento de los de su filial. Y eso, a su vez, provoca que decrezca la base imponible de la vinculada frente al ensanchamiento de los beneficios por los que acaba tributando la matriz.

Renault se opone

Con base en esta lógica, la Agencia Tributaria ha levantado varias actas contra Renault. Sin embargo, la multinacional dirigida por Luca de Meo ha decidido no provisionar esta cantidad tras firmar las actas en no conformidad ya en 2021 e interpuso una reclamación frente al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), aunque sí ha realizado los depósitos pertinentes por esta cuestión.

Según detalla, basándose en la opinión técnica de un gabinete externo de abogados contratado para este caso, existen "fundadas expectativas de éxito de las impugnaciones planteadas". Pese a ello, la propia Renault SA ya contabiliza esta contingencia en los resultados de 2022 y se han realizado los depósitos pertinentes exigidos por el fisco. Además, en vista de la situación, "en 2021 se inició un procedimiento de solución amistosa entre Francia y España", señala Renault, para que si finalmente se ve obligada a pagar más impuestos en España, eso sea reconocido con un aligeramiento de la carga tributaria que se habría liquidado al otro lado de los Pirineos.

Renault España, liderada por José Vicente de los Mozos, ganó 17,3 millones de euros tras facturar más de 5.100 millones en 2021, último año que ha depositado sus cuentas ante el Registro Mercantil.

Como ya publicó El Confidencial en 2019, Hacienda estaba incrementando el control sobre los beneficios declarados por las grandes multinacionales, con la idea de evitar que se eluda el pago de impuestos. Concretamente, empresas y abogados especializados ya advertían de la mayor presión también sobre el sector automovilístico, de gran peso industrial en España, pero donde todos los centros de decisión y sedes están en otros países.

En 2015 y 2016, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria apenas hacía una mención al control de los precios de transferencia en lo que a la planificación fiscal internacional respecta. En 2017, el tono de la Agencia Tributaria subió varios enteros. Y el cambio más significativo con respecto a esta cuestión partió de la puesta en marcha del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés), impulsado por la OCDE, preocupada por la elusión de impuestos de las empresas en los territorios donde operan y logran sus beneficios.

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Juan Cruz Peña

En la última memoria publicada por la Agencia Tributaria, correspondiente al ejercicio 2020, ya se señalaba que "en relación con los APA [acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas], la actuación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) persigue, a través de estos acuerdos previos en materia de precios de transferencia, reducir la litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica del contribuyente, garantizando una recaudación acorde con lo exigido por la ley".

"En 2020, la ONFI participó en la gestión de 203 expedientes. De ese total, se finalizaron 71, frente a los 66 del año 2019, siendo estimados 54 frente a los 25 del año 2019, desestimados ocho, en siete casos se produjo el desistimiento de los solicitantes y en dos su inadmisión. Los APA estimados en 2020 han permitido garantizar bases imponibles (en general, en los cuatro ejercicios siguientes) por un valor estimado superior a los 3.477 millones de euros, frente a los aproximadamente 2.100 millones garantizados en los APA estimados en 2019", detalla la Agencia Tributaria.

"A su vez, el pasado año 2020, la ONFI participó en 427 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, cifra que se ha incrementado notablemente en los últimos años: 251 en 2017, 307 en el año 2018 y 371 en 2019".