Pamesa (Fernando Roig) alerta a inversores 'top' del deterioro político y económico en España

Pamesa, grupo empresarial que disparó su facturación en 2021 a más de 1.200 millones de euros y da empleo a casi 3.200 personas de forma directa, advierte a grandes inversores institucionales del riesgo que implica para la compañía el deterioro de las condiciones políticas y económicas en España.

Según destaca la documentación corporativa de la empresa, "los resultados del grupo podrían verse afectados por la situación macroeconómica y política imperante en los países en los que desarrolla su negocio y, en particular, en España, así como por los niveles de deuda soberana y déficit fiscal, por la liquidez y disponibilidad de crédito, por el desempleo, por los ingresos disponibles reales, por los salarios y por la inflación". Dichas advertencias sobre las cuentas públicas llegan pocos días después de que el FMI, el Banco de España o la AIReF cuestionen la senda de reducción del déficit planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los próximos años.

La empresa dirigida por Fernando Roig, hermano del presidente de Mercadona, Juan Roig, destaca que "la posible incertidumbre política en países en los que el grupo desarrolla su negocio, especialmente en España, que representa el 50% del importe neto de la cifra de negocios, donde gobierna un Gobierno de coalición, también podría afectar negativamente a la actividad, negocio, situación financiera y resultados del grupo". No obstante, aclara que, pese a ello, "el grupo está habituado a los cambios políticos en los países en los que desarrolla su negocio".

Dicha advertencia, considerada por la empresa como un factor de riesgo, se produce después de que la compañía haya tenido que acudir por primera vez al mercado de deuda para financiarse, de la mano de Banca March, donde ha emitido pagarés por 150 millones de euros. La compañía atraviesa una difícil coyuntura por los elevados precios de la energía. Sobre todo el gas, hidrocarburo clave en la producción cerámica de la compañía, que se ha encarecido significativamente: de pagar 20 euros por MWh se ha pasado a superar de forma consistente los 200 euros por MWh. Y el mercado no atisba el final de la crisis energética en el corto plazo.

La empresa se ha visto afectada directamente por las decisiones tomadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Pamesa cerró sus plantas de cogeneración el pasado mes de septiembre al quedar excluidas del incentivo que sí tenían los ciclos combinados de gas con el denominado tope al gas de la excepción ibérica. Una situación que, como explicaba la propia empresa, no se producía en Portugal, pese a que también aplica dicha excepción ibérica.

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Pamesa envió a casa a 117 trabajadores tras decretar un ERTE, algo que no llegó a hacer ni en el peor momento de la pandemia. La empresa dirigida por Fernando Roig cargó contra la inacción del Gobierno. La firma del también presidente del Villarreal, equipo de fútbol de la Liga de Primera División, envió una carta dirigida a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y a la titular de Industria, Reyes Maroto —además de a los responsables de la Generalitat valenciana—, en la que mostraba su malestar: "Seguimos sin ver ningún interés institucional que permita solucionar este problema, y esperamos se tomen las decisiones adecuadas que permitan revertir esta situación". Pocos días después, el Gobierno decidió incluir la cogeneración en el tope ibérico al gas para desatascar la situación de hasta 600 empresas industriales.

"Se han acusado especialmente las subidas en el precio de la luz y el gas, que han llevado al grupo a tener que paralizar de forma temporal la actividad de una filial destinada a la producción de arcilla atomizada", explica Pamesa al mercado, y añade que "una subida continuada de los precios de la luz y/o del gas o una nueva regulación que limite el empleo de los mismos puede suponer la necesidad adicional de paralizar la actividad en otras plantas dada una posible inviabilidad económica de las mismas, pudiendo derivar en un impacto material adverso". No obstante, el Gobierno garantizó que la industria no tendría que asumir restricciones del uso de energía en su plan de ahorro comprometido con Bruselas y aprobado la pasada semana mediante real decreto-ley.

No es el único grupo empresarial que está avisando en los últimos días a los compradores de su deuda de los problemas que puede causar el deterioro político y económico en España. "Sigue habiendo incertidumbres en el panorama económico y político mundial, de la UE y de España", avisa Metrovacesa.

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La promotora inmobiliaria de Banco Santander y BBVA destaca que "el aumento de las tasas de desempleo y el déficit fiscal en España, la inestabilidad política, otras incertidumbres geopolíticas, la volatilidad de los precios de las materias primas o una reacción negativa del mercado a las políticas del banco central pueden afectar al crecimiento de la economía española y, en particular, la renta disponible o el coste y la disponibilidad del crédito y, en consecuencia, pueden tener un efecto material adverso en nuestro negocio".

En la misma línea que la anterior se muestra otra empresa del sector inmobiliario como Pryconsa, que emitió pagarés el pasado viernes: "En la actualidad, España presenta un panorama de inestabilidad política relacionado con los efectos de los conflictos bélicos que están teniendo lugar al este de Europa". De nuevo, otra compañía advierte del riesgo que implican para su negocio los potenciales cambios regulatorios.