La disputa millonaria del exlíder en quesos Idiazábal contra Generali llega al Supremo

Nuevo paso en el conflicto legal que mantienen la aseguradora Generali y Aldanondo, hasta 2018 líder de producción de queso Idiazábal. Ese año hubo un incendio en la fábrica de la empresa vasca, que solicitó la indemnización por la póliza contratada y a partir de ahí se inició un proceso judicial que ahora, en el tramo final de 2022, va a llegar al Tribunal Supremo. Desde la empresa, creen que la aseguradora sigue la táctica de ‘lawfare’ para dilatar el proceso y evitar pagar, mientras que Generali lamenta que el fabricante vasco no aceptara la oferta inicial.

La aseguradora ha sido condenada en dos instancias a pagar 29 millones de euros, pero la ejecución de esta indemnización todavía está pendiente. Generali, que recuerda que el dinero está depositado en el juzgado, va a agotar el último paso posible para reducir o evitar este pago por la cobertura del seguro de Aldanondo al presentar un recurso ante el Supremo.

El conflicto parte de un incendio en las instalaciones de Aldanondo en Salvatierra (Álava), que impidió a la empresa seguir con la producción de queso de denominación de origen Idiazábal. Según la compañía, contaba con una cuota de mercado del 80% hasta 2018 en la producción del queso vasco. Desde ese momento, la empresa no ha vuelto a producir y, tras varios ERTE, ha tenido que ejecutar un ERE para despedir a la plantilla a petición de los propios trabajadores.

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La intención de Aldanondo es cobrar la indemnización del seguro contratado con Generali para reconstruir las instalaciones y volver a producir queso, según la empresa. Fuentes de la compañía critican que Generali ha querido desde el principio alargar el proceso para evitar pagar, usando para ello la Justicia en lo que se conoce como ‘lawfare’, y que se ha negado a adelantar 10 millones que solicitó para permitir iniciar las obras y recuperar la producción. Ahora, hay una petición de Aldanondo ante el juzgado de ejecución para que se ejecute la última sentencia, que obliga a Generali a abonar 29 millones a Aldanondo.

Fuentes de la aseguradora defienden, en cambio, la pertinencia del último recurso. Generali "mantiene y va a mantener en su Recurso de Casación ante el Supremo, con sustento en numerosas pruebas e importantes indicios, la concurrencia de dolo (civil) y/o culpa grave prevista en el artículo 48 de la Ley de Contrato de Seguro".

El incendio ocurrió en agosto de 2018 por un cortocircuito

El proceso se inició tras el incendio de agosto de 2018 por un cortocircuito, según el informe de la Policía Científica de la Ertzaintza. Inicialmente, hubo valoración de daños a través de peritos designados por las dos partes, según recoge el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Generali ha insistido en la hipótesis de que hubo dolo o culpa grave civil, pese a que es algo que no encontró el juzgado cuando abrió de oficio diligencias para determinar las causas y cerró la investigación, y se desvinculó del artículo 38, rechazando la cobertura e impidiendo una solución amistosa.

También denegó pagar indemnización y el mínimo conocido que reclamaba Aldanondo para iniciar obras y reconstruir la fábrica (la empresa solicitó 10 millones). Ya había pasado un año. Aldanondo puso una demanda civil y pidió 44 millones, mientras que Generali ofreció 20 millones como acuerdo extrajudicial, algo que rechazó la compañía, con lo que se inició un proceso judicial que va a llegar al Supremo y que se ha alargado más de cuatro años desde el incendio.

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En este punto, las dos partes se culpan entre sí de que se haya alargado el proceso. Aldanondo lamenta que Generali no haya adelantado dinero para iniciar las obras y mantener plantilla y producción, y denuncia una campaña de usar la Justicia para dilatar el pago con el fin de evitarlo. La aseguradora, por su parte, “lamenta profundamente la negativa de Aldanondo a llegar a un acuerdo durante estos años, que ha tenido un fuerte impacto en los trabajadores y la comarca al haber impedido la reparación de los daños y la recuperación de la actividad”.

La sentencia de primera instancia se quedó entre medias, fijando una indemnización de 20 millones y que llegaría hasta 29 millones si Aldanondo reconstruye la fábrica. Las dos partes recurrieron a la Audiencia Provincial, que en marzo de 2022 confirmó la cantidad, pero también demandante y demandada pidieron aclaraciones, que confirmaron el fallo.

Este último pronunciamiento es de septiembre de 2022, cuatro años y un mes después del incendio, pero no es el paso final. “Generali está analizando en detalle el contenido de la sentencia que le acaba de ser comunicada y, en los próximos días, tomará una decisión sobre los próximos pasos a dar. Dada la complejidad, Generali ha presentado ya un recurso de aclaración”, señala la aseguradora. Además, dice haber depositado en el juzgado la cuantía, mientras que Aldanondo ha pedido al juzgado de ejecución recibir el dinero y está a la espera. Asimismo, Generali ha presentado un recurso al Supremo.

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La aseguradora recuerda que son las dos partes las que han presentado recursos en primera instancia y en segunda, a través de las aclaraciones de la sentencia de la Audiencia Provincial. Dice, además, que Aldanondo también ha recurrido al Supremo, algo que niega la empresa, que señala: “Ante la certeza de que Generali sí lo hará, Aldanondo estudia en estos momentos, junto con sus abogados, la mejor línea posible de defensa de sus intereses, ante la nueva táctica dilatoria de la aseguradora italiana de acudir al Supremo con un recurso que buscará entrar al fondo de la cuestión por tercera vez”.

Generali asegura que este conflicto es un caso “excepcional”, ya que “siniestros hay muchos y es un porcentaje mínimo el que acaba en los tribunales”. No obstante, tiene otro proceso abierto con Diseño y Desarrollo de Matricería (DDM). Un juzgado de Ponferrada condenó en mayo a la aseguradora a la indemnización de 22,2 millones, y ambas partes han recurrido. Asimismo, Meliá Hotels International interpuso este año una demanda por valor de 117,7 millones contra Generali por una póliza que, según la hotelera, cubre daños materiales y pérdida de beneficios durante el covid.