Mantienen en libertad a los exdirigentes del PNV condenados por corrupción

La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado decretar el ingreso en prisión de los condenados con las penas más elevadas en el caso de mayor corrupción que se ha juzgado en el País Vasco y que implica a exdirigentes del PNV al frente de la trama establecida para el cobro de comisiones ilegales en la concesión de contratos públicos y la obtención irregular de adjudicaciones de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por la formación 'jeltzale'. La Sección Segunda desatiende de este modo la petición de la Fiscalía, que había solicitado el ingreso "inmediato" en prisión de los condenados con las penas más altas tras la sentencia dada a conocer el pasado martes.

El tribunal ha decidido mantener en libertad a los condenados a la espera de que la sentencia sea firme –puede y va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo– tras la vista celebrada este viernes, en la que, no obstante, ha acordado como medidas cautelares la retirada de los pasaportes de los cinco condenados con las penas más elevadas, a quienes se les prohíbe además salir de España y les impone la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

El líder de esta trama, el número 2 del PNV y diputado foral de Administración Local Alfredo de Miguel, ha sido condenado a una pena de trece años y tres meses de prisión –aunque con un límite de cumplimiento efectivo de nueve años de prisión– por diferentes delitos asociados a esta red corrupta, que también implica como cabecillas a los entonces miembros de la Ejecutiva territorial 'jeltzale' Koldo Otxandiano (siete años y seis meses de prisión) y Aitor Tellería (seis años y seis meses). El tribunal también ha impuesto penas de siete años y un mes de cárcel para el que fuera director de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y de cinco años y tres meses al exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan por su participación en la trama. Asimismo, los empresarios Josu Azkarraga e Iñaki Echaburu deberán cumplir una pena de cuatro años y cuatro meses (el primero) y dos años y cinco meses (el segundo).

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Son siete de los doce condenados con penas de cárcel para quienes el Ministerio Público reclamaba su inmediato ingreso en prisión por las elevadas condenas que les han sido impuestas –superan en cada caso los dos años de condena–, pese a que la sentencia no es firme. A este respecto, la defensa del principal acusado ya ha confirmado que se recurrirá ante el Supremo. De las 26 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados por el mayor caso de corrupción en el País Vasco, cuya sentencia ha llegado diez años después del inicio de las investigaciones, el tribunal ha condenado a 15 personas con diferentes penas, ya sea cárcel (12) o únicamente inhabilitación (tres), mientras que ha absuelto a once de los imputados.

La Audiencia de Álava ha celebrado esta mañana a partir de las 9.30 horas la vista fijada para estudiar la petición de la Fiscalía con la presencia de los condenados afectados por la solicitud del Ministerio Público, y que en esta ocasión sí han acudido al Palacio de Justicia de Vitoria, a diferencia del pasado martes, cuando ninguno de los 26 acusados acudió a la sede judicial para asistir a la lectura del veredicto. Al margen del ingreso en prisión de los principales acusados, la Fiscalía reclamaba la imposición de medidas cautelares más laxas, caso de la retirada del pasaporte o la obligación de acudir de forma periódica al juzgado a firmar, para el resto de condenados con penas más bajas.

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Minutos antes del inicio de la vista ha llegado al Palacio de Justicia con semblante serio y entre una gran expectación mediática Alfredo de Miguel, quien ha rehusado hacer declaraciones a los medios mientras se disponía a acceder al interior del recinto judicial acompañado de su abogado Gonzalo Susaeta. Del mismo modo han ido accediendo a la sede judicial en compañía de sus letrados el resto de los condenados señalados por la Fiscalía para su ingreso inmediato en prisión, si bien los empresarios Azkarraga y Echaburu lo han hecho con la cabeza cubierta.

En su auto para desestimar la solicitud de la Fiscalía, el tribunal llega a aludir al auto de la Audiencia Provincial de Baleares de febrero de 2017 que decretó la libertad provisional y sin fianza de Iñaki Urdangarin tras ser condenado por el 'caso Noos', en el que se ponía de relieve de forma "significativa" la "actitud del acusado" para minimizar el riesgo de fuga. "Aplicando la doctrina legal mencionada al caso que nos ocupa, resulta obligado tener en cuenta las circunstancias concurrentes, pues el dato objetivo inicial y fundamental (la gravedad de los delitos y la elevada pena impuesta) no puede operar como único criterio de aplicación objetiva y puramente mecánica para valorar el peligro de fuga, sino que debe ponerse en relación con otros elementos relativos a las características personales de los condenados (arraigo familiar, profesional y social, conexiones con otros países, medios económicos de los que disponen...)", señala la Audiencia de Álava.

El tribunal alude al auto de la Audiencia de Baleares que decretó la libertad provisional y sin fianza de Urdangarin tras ser condenado por el 'caso Noos' para rechazar el ingreso en prisión de los penados

En este sentido, argumenta que "le consta que los acusados en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada". Igualmente, apunta a que los cinco condenadas con penas más altas "disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional" para defender que se les mantenga en libertad. "Tal arraigo y la conducta hasta el momento observada por los mismos, ponderado todo ello con la condena recientemente impuesta, permite a la Sala estimar que el incremento del riesgo de huida que ello pudiera suponer puede ser minimizado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de estos al control del Tribunal, máxime cuando el Ministerio Fiscal no ha probado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena", subraya.

Por ello estima "proporcionada" la imposición a De Miguel, Tellería, Otxandiano, Sánchez Robles y San Juan la medida cautelar consistente en "la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes (o día siguiente hábil en caso de ser festivo) ante ante este tribunal en horas de audiencia o ante el juzgado de guardia de su residencia", así como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Por su parte, respecto a Azkarraga y Echaburu, la Audiencia considera "suficiente" la adopción de la medida personal consistente en la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.