La bajada del IVA a la luz agrava la brecha entre la España rural y la urbana

El Gobierno está tomado en cuestión de pocas semanas diversas medidas que pretenden abaratar el precio de la luz, mientras se niega a rebajar con la misma intensidad otros suministros básicos e irrenunciables para una parte importante de la población. La consecuencia más evidente es que esto acabará generando ganadores y perdedores e intensificando la brecha entre la España rural, fría y de interior, que tendrá que pagar más, frente a la urbana cálida y de costa, quien más se beneficiará de las bonificaciones impositivas y de otra índole.

Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno anunció que el decreto anticrisis que aprobará el próximo sábado contendrá otra rebaja del 5% del IVA de la luz, después de que hace un año ya lo redujera del 21% al 10%. De forma paralela, el propio Ejecutivo ha rechazado diversas enmiendas de los grupos políticos, la última del Partido Popular, para rebajar también el IVA del 21% al 10% de los combustibles y el gas natural.

Al margen de lo anterior, el propio Parlamento está inmerso en el debate de ponencia que pretende sacar adelante cuanto antes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), una suerte de ley que pretende sacar las primas a las renovables que se pagan en la factura de la luz y trasladar buena parte de ese coste tanto al combustible como al propio gas.

Desde el Gobierno, siempre han defendido que la electrificación es el mejor camino hacia la descarbonización, algo que rechazan las empresas más vinculadas a los combustibles fósiles. Sin embargo, ahora, dada la crisis energética, las prioridades pasan más por la estabilización de precios y el control de la inflación.

Cabe destacar, en este sentido, que ante el incremento desaforado del precio del petróleo, el Gobierno ha implementado una rebaja de 20 céntimos tanto del diésel como de la gasolina. Sin embargo, nuevas subidas del crudo y la debilidad del euro frente al dólar ya se han comido ese descuento. Con este panorama, el propio INE ya advirtió en mayo de que el combustible es el principal factor que contribuye a la inflación y por consiguiente a la subida generalizada de precios (la inflación subyacente ya está cerca del 5%).

Por su parte, en el recibo eléctrico, además de la bajada del IVA, también se ha bonificado el impuesto sobre la generación, conocido como el 7%, o el impuesto especial sobre la electricidad (bajó en septiembre del 5,1% al 0,5%). También se han suprimido buena parte de los cargos, otro concepto que pagan los usuarios mes a mes, hasta el punto de que el Gobierno aseguró que había dejado la electricidad en 2021 al nivel de 2018. En este año, además, ha aprobado un mecanismo para reducir los ingresos de las eléctricas y rebajar la factura en la parte del término de energía con un mecanismo conocido como tope al gas.

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Este goteo constante de medidas para tratar de controlar el precio de la luz no es el caso, ni mucho menos, del gas y el carburante, que están en niveles récord nunca vistos, pero el Ejecutivo no está tomando todas las medidas a su alcance, como sí lo hace con la electricidad. Una de las consecuencias más evidentes es que aquellos consumidores más dependientes de los combustibles fósiles sufren más en sus bolsillos que aquellos que no lo son tanto. Ahí existen claras diferencias territoriales entre los ciudadanos del norte y el sur de España, y entre aquellos que viven más en el interior que en la costa.

Un informe desarrollado por el IDAE, organismo perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, hace una comparativa de consumo de gas en las tres principales zonas climáticas de España: el atlántico-norte, la zona continental y la mediterránea. El informe revela que el consumo medio de gas natural en la franja cantábrica es de 7.143 kWh de media por hogar y en la España interior es de 10.511 kWh por hogar, mientras que en la parte mediterránea y las islas es de 6.233 kWh por hogar. Es decir, que en la España interior se consume de media un 68% más de gas.

Dado que en el Mediterráneo, Baleares y Canarias el clima es más suave, el uso de gas para calefacción —la principal partida— es mucho menor, mientras que sí es más habitual utilizar aires acondicionados que consumen electricidad durante el verano.

Por su parte, las petroleras destacan que las calderas de gasóleo y derivados del petróleo se concentran en el interior de la Península. Y en la misma línea, sostienen que hay una transferencia de rentas del entorno rural al urbano, dado que en los pueblos el uso de coches es prácticamente obligado, al no haber alternativas que sí existen en las ciudades, como los diferentes modos de transporte público, que también se contempla subvencionar más en el nuevo decreto anticrisis que se presentará el sábado.

Desde el punto de vista de la renta, estos sectores agraviados frente a la electricidad también señalan que son precisamente las clases más pudientes quienes más posibilidades tienen de electrificar sus consumos y aprovechar las bonificaciones del Gobierno. Es decir, que alguien con renta alta puede comprarse un coche eléctrico, que actualmente tiene precios elevados, mientras que a un ciudadano de clase media o baja no le queda más remedio que mantener su automóvil antiguo, que en muchos casos consume más al tener ya años y su motor ser menos eficiente. España tiene uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa (13 años de media), según señala recurrentemente este sector.

Otros análisis más próximos a las eléctricas destacan que los más vulnerables tienen más dependencia de la electricidad que otros segmentos de población, por lo que las ayudas a la luz les benefician más. En este punto cabe destacar que el bono eléctrico, una bonificación para vulnerables, no existe en el caso de los combustibles y es mucho más limitado en el caso del gas.

Esta tesis es compartida por partidos de la España Vaciada como Teruel Existe, que ya pidió el año pasado, por ejemplo, que se tuvieran en cuenta criterios geográficos y poblacionales a la hora de diseñar el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ya que para núcleos como Teruel será perjudicial, dada la alta dependencia de su población de gas y combustibles.

Además, el Gobierno genera esta brecha cuando las plataformas de la España Vaciada están en auge. Analistas políticos destacan que dichos grupos pueden ser clave en el Parlamento que se forme tras las elecciones de 2023.