El Gobierno acelera para aprobar una subida extra de carburante y gas pese al récord de inflación

El Gobierno está decidido a sacar adelante, y cuanto antes, el Fondo Nacional Para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), lo que en realidad es una ley que pretende trasladar parte de los costes de la factura de la luz (una porción de las primas a las energías renovables) para que los pague el resto de operadores energéticos, lo que supondrá en la práctica una subida tanto de los combustibles como del gas natural. La medida está generando gran inquietud, ya que se da durante la peor crisis energética en décadas y con la inflación disparada a niveles no vistos desde los años ochenta (el IPC está ya por encima del 8% y la inflación subyacente, rozando el 5%).

Este martes arranca el debate de ponencia en el seno de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, que pretende lograr que el proyecto de ley se vote definitivamente en comisión el próximo lunes 27 de junio, señalan fuentes parlamentarias. Con estos tiempos, la idea de los grupos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) es trasladar dicho proyecto de ley al Senado para debatir las enmiendas que queden pendientes y poder tener el visto bueno final de las Cortes antes de que se cierre el calendario legislativo por vacaciones de verano. Así, la reforma, de lograr los apoyos, algo que aún está por ver, entraría en vigor en septiembre, cuando todos los vaticinios apuntan a que la crisis energética actual se podría intensificar de cara al próximo invierno. La reactivación de esta ley, que llevaba un año en el cajón legislativo durmiendo el sueño de los justos, ha sorprendido a todos los afectados por la misma, entre quejas de algunos parlamentarios por, según explican, no respetarse los tiempos habituales, lo que da muestra del interés de que salga cuanto antes.

El trámite parlamentario se desarrolla a la vez que la ley para la minoración del CO₂, una medida de recorte a las eléctricas, por ahora sin efecto directo, en forma de real decreto, que se quiere convertir en ley para mantenerla indefinidamente. Estas propuestas legislativas ya han desechado, una vez más, introducir una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para rebajar el IVA tanto del gas como de la electricidad al 10%, así como para que la reducción del IVA de la luz pase de ser coyuntural a estructural. El Ejecutivo alega una afectación presupuestaria de 3.200 millones de euros en total, según consta en la respuesta a que ha tenido acceso El Confidencial, por lo que ha tumbado esta enmienda impulsada por Juan Diego Requena, diputado del PP al frente de las cuestiones energéticas.

Aunque la introducción de la ley será gradual, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico libera de cargas a los consumidores de luz con el objetivo de que dichos desembolsos los paguen los combustibles fósiles. Petroleras y gasistas hablan de un aumento de unos ocho céntimos por litro de diésel o gasolina una vez el fondo funcione a pleno rendimiento, dentro de tres años, y 50 euros a mayores en la factura del gas al año. Dicha carga extra se da, paradójicamente, cuando el Gobierno se encamina a la extensión para el verano de la rebaja de 20 céntimos al combustible, que las últimas subidas del crudo ya han neutralizado. Por su parte, el Ejecutivo estimó el año pasado que la luz bajaría hasta un 13%, en total. Sin embargo, sobre la luz se han hecho diversos esfuerzos tanto fiscales como regulatorios para embridar su precio, el último, el tope al gas, que aún no está dando el nivel de ahorros esperado.

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La propuesta de sacar de la factura las primas a las renovables para que las paguen otros componentes energéticos fue en su día muy aplaudida por Iberdrola y Endesa, a la par que otras compañías como Repsol, Cepsa o Naturgy cargaron contra los efectos indeseados que puede generar, ya que suponen un importante golpe a sus cuentas, aunque ya han reiterado que cualquier carga se la trasladarán al cliente. Según sus estimaciones, el fondo genera desigualdad territorial, ya que castiga a la España vaciada, rural e interior, frente a las grandes urbes con clima más suave. Partidos como Teruel Existe se han posicionado en contra de esta reforma. Otros expertos más próximos a las eléctricas atribuyen al fondo un carácter progresivo. Consideran que los más vulnerables con rentas más bajas dependen menos de los combustibles fósiles y más de la electricidad, aunque reconocen que las clases medias son las más perjudicadas, más que las altas rentas con capacidad para adaptarse: cambiar a coche eléctrico, por ejemplo.

"No tiene sentido pensar en electrificar mientras no se disponga de un parque renovable capaz de soportar la demanda, ya que marginalmente todo el consumo eléctrico es gas natural. El simple cierre de las nucleares ya lo impide", argumenta otro experto del sector sobre el FNSSE, que añade que "no tiene sentido focalizarse en la electrificación [más demanda] en tanto en cuanto las renovables tengan horas donde su aporte es muy pequeño. Por ejemplo, si tuviéramos por la noche un millón de vehículos eléctricos cargando, serían necesarios 5.000 MW de plantas que generan electricidad con gas".

No obstante, el principal motivo de malestar de los sectores afectados es la inoportunidad de la medida en este momento. El Gobierno la ha sacado del cajón después de un año en este mes de junio, cuando INE acababa de advertir al cierre de mayo de que los combustibles son el principal factor que está contribuyendo al aumento generalizado de precios.

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Y en el sector no hay motivos para el optimismo a futuro. Los fundamentales apuntan a que el petróleo se mantendrá en el medio plazo en elevados niveles de precio, destacan altos ejecutivos vinculados al mundo del crudo. Un punto que tienen en cuenta diversas entidades como el Banco de España o la OCDE, que rebajan sus previsiones para la segunda mitad del año. En el caso del gas, la previsión es aún peor, dada la guerra de sanciones entre Occidente y Rusia: se espera uno de los inviernos más duros que se recuerdan a nivel europeo. Aunque el suministro para España esté garantizado, el nivel de precio seguirá en máximos históricos, consideran.

Con este panorama, hace pocos días la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las grandes organizaciones empresariales de los sectores de automoción, refino, papel, química y farmacia, alimentación y bebidas, cemento y siderurgia, pidió que se excluyera al sector manufacturero del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este mismo lunes también se ha quejado Gas Industrial, que engloba a la gran industria consumidora de gas, muy afectada por la coyuntura de precios, y harán lo propio otras organizaciones que representan a grandes compañías, tal y como señalan desde otra gran asociación a El Confidencial. Fuentes del sector apuntan a los recelos de las empresas por si el fondo pudiera suponer una ayuda de Estado ilegal a ojos de Bruselas.

Aunque no era el tema principal, la cuestión ha estado presente también en el Foro de la Industria convocado este lunes por el propio Ministerio de Industria. Los participantes tratan de convencer a Reyes Maroto de que la medida es inoportuna, sabedores en cualquier caso de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es quien marca la pauta en este asunto. Industria ya puso reparos a esta ley a través del Consejo de Estado, otro ejemplo que mostraba fisuras entre ambos ministerios.

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Ahora todos miran a la parte política y cuáles pueden ser los apoyos para sacar adelante el plan de Ribera. La clave estaría entre sus socios de investidura, sobre todo se observa con detalle cuál será el pronunciamiento final de ERC o PNV. En su día, hace ya más de un año, Pedro Sánchez contaba con el favor de los 'jeltzales', liderados por Andoni Ortuzar. No obstante, la actual coyuntura energética obligará a posicionarse de nuevo a los actores principales bajo un contexto muy distinto. Otros, por su parte, confían en el efecto que podrían haber tenido las elecciones de Andalucía sobre Moncloa, para así pensara en enfriar esta reforma.

La única explicación que encuentra el sector a sacar esto adelante ahora tiene que ver con los compromisos adquiridos en la orden de peajes firmada el pasado mes de diciembre vía BOE, donde se especificaba que tanto el FNSSE como la ley para la minoración del CO₂ empezarían a contribuir a partir del segundo semestre de 2022, de ahí la celeridad actual. No obstante, otros consideran que con lo aportado por el Recore (se han ajustado las primas a las renovables sin modificar la rentabilidad) a pagar peajes en el real decreto anticrisis energética firmado en marzo ya estaría cubierto ese déficit.

En este sentido, otras fuentes del sector y el Parlamento ven más la oportunidad de que esta ley salga adelante, ya que es uno de los proyectos estrella del Ministerio para la Transición Ecológica. Piensan que a partir de septiembre todos los partidos se moverán en clave electoral y será imposible implantar una ley de estas características. Por eso, incluso prevén que pueda lograr los apoyos con una disposición adicional que no active dicho fondo hasta que no pase la crisis energética. De salir adelante así, quedaría culminado un proyecto antes de las elecciones de 2023, con un PSOE a la baja y un PP al alza. Si no lo logra ahora, el temor es que podría volver a dormir el sueño de los justos, pero para siempre.